Caracas, 29 Ago. AVN.- La diversidad sexual y de género de Venezuela, aglutinada en colectivos, planteó este jueves los desafíos que enfrenta su comunidad en la actualidad para continuar avanzando en la absoluta legitimación de sus derechos, esos que el patriarcado hegemónico enquistado en la sociedad ha vulnerado durante siglos. Aunque con visiones ideológicas del país distintas, esta vez las voces hablaron, casi sin discrepancia, de agendas en común, a fin de ganar espacios dignamente.
La tipificación como delito de los crímenes de odio motivado por la orientación sexual e identidad de género en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), garantizar la sensibilización de los cuerpos de seguridad ciudadana, la legalización del matrimonio igualitario, implementar el cambio de nombre de las personas trans, a través de la promulgación de leyes por la Asamblea Nacional, son algunas de las solicitudes que esa población elevó como prioritarias durante el foro Sexodiversidad en Venezuela: Inclusión y Realidad, que se llevó a cabo en la sede de la Cadena Capriles, en Caracas.
A sala llena, el debate dio cuenta de un movimiento nacional de los históricamente excluidos, quienes en constante puja por el reconocimiento de sus derechos intentan romper los paradigmas instaurados hacia las sexualidades no conformes con la heteronormatividad (sistema de poder que avala a la heterosexualidad como única forma de ser y estar en el mundo).
Dialogaron José Merentes, director general de la Asociación Civil Unión Afirmativa; Ana Margarita Rojas, vicepresidenta de la Fundación Reflejos de Venezuela; Katherine Castrillo, vocera de la Alianza sexo-género Diversa Revolucionaria (ASGDRe); Yonatan Matheus, director general de Venezuela Diversa; Rummie Quintero, presidenta de la Asociación Civil Divas de Venezuela; Tamara Adrián, abogada y profesora de derecho en distintas universidades; Oscar Misle, director del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap); Dinorah Figuera, diputada a la Asamblea Nacional; y Gabriela Ramírez, defensora del Pueblo.
Faltaron, aun cuando estaban convocados, Guillermo Llanos, representante del Consejo Evangélico de Venezuela; y Julio Gutiérrez, representante del Departamento Nacional de Familia de la Conferencia Episcopal Venezolana, quienes argumentaron inconvenientes para no acudieron a la cita que aspiraba a profundizar el diálogo con miras a una Venezuela igualitaria.
Venezuela ha reconocido derechos GLBTI
Venezuela se constituye en un estado de justicia social desde 1999, gracias a la Constitución Nacional, destacó en su intervención, José Merentes, quien resaltó que en todos los organismos internacionales el país ha suscrito convenios para garantizar el respeto a los Derechos Humanos de las comunidades GLBTI (Gays, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales).
"El Estado venezolano ha reconocido reiteradamente los derechos de las personas lesbianas, trans, bisexuales y gays, es decir, acá el debate no es reconocer los derechos de las personas GLBT", dijo y explicó que el reto es activar la sensibilización en los actores capaces de promover cambios profundos en la sociedad, a escala jurídica.
Al respecto, dijo que la Asamblea Nacional (AN) debe hacerse de voluntad política para abrir el diálogo que le posibilite a la comunidad sexo-género diversa contar con un marco legal que iguale su existencia a la población heterosexual.
Ganar espacios con dignidad
"Nuestro discurso es desde las coincidencias", puntualizó Ana Margarita Rojas, para quien, sin diferencias de clases sociales o ideología política, la lucha de los GLBTI es la misma y, por ello, abogó porque esa comunidad se convierta en referente de valores, deslastrándose de los estereotipos que convierten a las sexualidades no heterosexuales en "anormales, pecadores, inmorales".
Durante su intervención, Rojas fue contundente: Su lucha no es por gozar de beneficios "para las lesbianas" sino contar "con los mismos derechos con los mismos nombres que todos los ciudadanos, para así ganar espacios con dignidad".
Resaltó que a pesar de las limitaciones jurídicas en Venezuela la homoparentalidad es un hecho creciente así como el número de votantes que abiertamente se identifican con la comunidad GLBTI.
Recordó que de acuerdo con el Censo de 2011 más de 6.000 parejas en Venezuela se reconocen del mismo sexo, con lo cual la deuda del Estado con esa población se hace más notoria al contar con cifras que no por ser oficiales son definitivas, pues Rojas afirma que "seguramente hay muchas más parejas que no se identificaron como tal".
Tipificar los crímenes de odio
Desde la Alianza sexo-género Diversa Revolucionaria la lucha prioritaria es por la solicitud de la tipificación de los crímenes de odio en el Código Orgánica Procesal Penal (Copp), que permita sancionar y castigar a quienes los cometan, aunado a que contribuiría a mejorar el funcionamiento de las instituciones de administración de justicia en atención de la comunidad de sexualidades no ortodoxas.
"Esa es una deuda que se tiene desde hace muchísimo tiempo. Necesitamos que algún órgano del Estado venezolano empiece a sancionar para aplicar penas por razón de crímenes de odio. Eso, para nosotros, es una prioridad mucho más que la agenda internacional del matrimonio igualitario, porque sabemos que necesitamos unas reglas legales para que cesen los crímenes contra las personas de orientación sexual e identidad de género que no sea la heteronormativa", resaltó la vocera Katherine Castrillo.
Abogó por el continuo empoderamiento del pueblo legislador para así conquistar los espacios que otrora estaban vetados, como los referentes a la elaboración de instrumentos jurídicos.
Acotó que a través de las acciones colectivas, como Poder Popular, es que se puede propiciar el reconocimiento de todos con base a los mismos deberes y derechos.
Por su parte, la activista Rummie Quintero recalcó que una de las principales taras con las que se topa la comunidad mencionada es la carencia de conciencia política y ciudadana, que ha imposibilitado sensibilizar a miembros GLBTI acerca de la defensa y conocimiento de sus derechos. Sin embargo, no dejó dudas en el auditorio: Su posición política es revolucionaria, porque "solo con este proceso es que hemos sido visibilizados".
Detalló logros en Revolución como la Ley del Poder Popular, Ley de Arrendamiento y de Instituciones del Sector Bancario y del Trabajo que incorporan como nunca antes a los sexo-género diversos.
Acabar con la violencia simbólica
Para Yonatan Matheus uno de los más grandes agravios con los que debe lidiar diariamente la comunidad GLBTI en Venezuela es la violencia simbólica, aunque no soslayó la física que en la mayoría de las ocasiones está amparada por la impunidad.
Explicó que la violencia está enfocada en patrones históricos que asignan roles específicos a hombres y mujeres, como una paridad, por lo que cuando sujetos se rebelan ante el sistema impuesto son desterrados con el apoyo de instituciones de poder como la Iglesia.
Matheus lamentó que el discurso fundamentalista de las religiones judeo-cristianas le endilguen a los GLBTI calificativos con poder simbólico relacionados al "pecado".
"Eso es una forma de coacción invisible", agregó, y dijo que ese nombrado fundamentalismo llega hasta los medios de comunicación, que perpetúan imágenes prejuiciadas de la sexo-género diversidad. Ante ello, refirió que el reto es promover un Estado laico en acción permanente.
Ausencia de debate en el Parlamento
La abogada Tamara Adrián considera que el Estado venezolano "no ha atendido el tema de la comunidad GLBTI. No se ha legislado en materia de derechos. Ese debate no se da y es la homofobia de Estado que impide que esas legislaciones se aprueben, han sido incapaces de tomar una sola acción positiva para establecer reglamentos en pro de la igualdad de derechos".
Así, entre las reivindicaciones que la ponente consideró necesarias se cuentan el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, la identidad de personas trans, la lucha contra el bullying (acoso) escolar, la discriminación laboral, acceso con igualdad a la salud y a créditos para viviendas en parejas del mismo sexo.
También expresó que a pesar de que la sociedad venezolana es relativamente más permisiva que otras sociedades latinoamericanas, desde el punto de vista legal esas otras sociedades han asumido un compromiso con los derechos humanos que aquí no se han concretado.
Al respecto, la diputada de derecha Dinorah Figuera llamó a la sociedad y sus pares parlamentarios a romper los paradigmas existentes en relación a la sexo-género diversidad, porque "los Derechos Humanos no puede ser selectivos. El Estado debe crear y promover los espacios para la discusión".
Mientras que Oscar Misle puso el acento en una necesaria reforma a los programas educativos en todos los niveles escolares que, de a poco, eduquen en beneficio del reconocimiento de los otros considerados anormales por la heteronormatividad.
"En visitas a 16 estados nos hemos topado con que la discriminación está latente, es un hecho real y, por ello, la educación es un eje principal para reformar los valores y la manera cómo pensamos a la diversidad sexual", comentó.
Defensoría para Diversidad Sexual
Tras escuchar las solicitudes y propuestas de los ponentes, la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, anunció que para atender las denuncias y necesidades específicas en término de vulneración de derechos de la comunidad sexo-género diversa en Venezuela, el ente que dirige creará una Defensoría Especial para la Diversidad Sexual.
"Hemos avanzado bastante en ese trabajo. Ya es un asunto presupuestario. Generalmente, las defensorías están integradas por dos personas, dedicadas a la investigación a tiempo completo, que son las que elaboran los informes y propuestas que después se operativizan a través de nuestras 33 oficinas que tenemos en todo el territorio nacional", detalló Ramírez.
Aunque aún no funciona la oficina, la defensora del Pueblo agregó que el ente ha formado constantemente a individuales y funcionarios en sexodiversidad.
"Hicimos un encuentro de sexualidad y vulnerabilidades dirigida a funcionarios policiales de cinco municipios que integran el Área Metropolitana de Caracas", indicó.
Precisó que el organismo defensorial ha formado en Derechos Humanos a más de 36.000 personas y adelantó que a partir del 20 de septiembre comenzará el ciclo de talleres para seguir educando en ese ámbito, luego de la experiencia de 2012, cuando se realizó el diplomado de sexualidad.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha ordenado que sus negociadores abandonen la mesa de diálogo con los campesinos en Tunja, departamento de Boyacá, en el centro-este de Colombia, y ha anunciado que ha ordenado la militarización en Bogotá, tras lo graves disturbios ocurridos el jueves durante una marcha de apoyo al paro.
Buffer, empresa apoyada por Austral Incuba, incubadora de negocios de la Universidad Austral de Chile, participó en el 6º Salón Internacional de la Educación, SIE 2013, evento anual que sirve de vitrina a los principales proveedores del ámbito educativo.
