Presidenta del TSJ, magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado. 53 Tribunales de Control y 24 salas de Cortes de Apelaciones procesarán delitos económicos

Caracas, 12 Nov. AVN.- 53 tribunales de control y 24 salas de Cortes de Apelaciones serán las instancias que a partir de este martes trabajarán exclusivamente sobre casos de delitos económicos en todo el territorio venezolano, como aporte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a la lucha contra la guerra económica que sectores de la derecha vienen practicando en contra del pueblo venezolano.

Estos tribunales comenzarán su labor de inmediato con la finalidad de garantizar el respeto a la juridicidad, la paz y la protección de la integridad de los ciudadanos y ciudadanas, así como de las instituciones democráticas del país, informó la presidenta del TSJ, magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado.

Los tribunales asignados conocerán y decidirán de manera exclusiva los casos cuyas imputaciones estén vinculadas a delitos económicos, especulación, acaparamiento, usura, boicot, alteración fraudulenta de precios, alteración fraudulenta de oferta y demanda, contrabando de extracción, saqueos y otros delitos conexos previstos en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, refiere un boletín del TSJ.

La Magistrada Gutiérrez Alvarado indicó que en el Área Metropolitana de Caracas funcionarán cuatro tribunales y una sala de Corte de Apelaciones; cuatro en el estado Zulia, tres en el estado Carabobo, mientras que los estados Aragua, Anzoátegui, Bolívar y Táchira contarán con dos cada uno; y en el resto del país uno por estado con su respectiva sala de Corte de Apelaciones.

Jueces presidentes de Circuitos Judiciales Penales, así como los jueces rectores del país, colaborarán para el mejor desempeño y ejercicio de las funciones de los órganos jurisdiccionales asignados en los distintos circuitos judiciales.

Asimismo, los tribunales asignados actuarán inmediatamente en el marco de la ley ante cualquier acto con forma, clase o manifestación que origine, aliente, genere o permita tendencias a la comisión de ilícitos económicos, dirigidos a desestabilizar el normal desenvolvimiento de nuestro Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, y que pretendan amenazar la paz y la seguridad pública.

AVN

Ante primera discusión de Habilitante Carreño: la derecha tiene el triste papel de defender la corrupción y la especulación

El diputado a la Asamblea Nacional, Pedro Carreño, aseguró este jueves 14 de noviembre que a la bancada opositora de tocó “el triste papel de defender la corrupción y a los especuladores”.

Durante la primera discusión del proyecto de Ley Habilitante, el diputado ratificó la expresión de Darío Vivas cuando estableció que la oposición es la bancada del narcotráfico y de la inmoralidad. “La derecha forma parte de los enemigos de los pueblos que luchan por su regeneración social y en ese afán le han vendido el alma al diablo y diseñaron un plan que atenta contra el futuro de Venezuela”, dijo Carreño.

"¿Con qué cara piden votos al pueblo si ellos son los protectores de la corrupción?", añadió el diputado.


YVKE Mundial / Gladys Seara

Coordinador estadal de Indepabis, Luis Vilchez Largo historial de usura y maltrato laboral acumula el empresario y diputado Cocchiola

Valencia, 14 Nov. AVN.- Un largo historial de usura, especulación y además maltrato laboral acumula en su trayectoria como empresario el actual diputado por el estado Carabobo, Michelle Coccchiola Puglies, dueño de la empresa Imeca en el estado, donde las autoridades descubrieron una serie de irregularidades en la ofensiva económica para proteger el poder adquisitivo del pueblo.

Aunque en sus últimas declaraciones a la prensa carabobeña negó ser presidente de esa compañía, en años recientes  dirigió personalmente la maderera, en sustitución de su padre, Antonio Cocchiola, fundador de esta firma junto con Vito Pugliese. Actualmente, sus hijos están al frente la empresa.

Hace días, se detectó usura genérica, remarcaje de precios, inconsistencias en facturas de compra y venta, mercancía sin etiquetas, presunta evasión fiscal, uso de productos químicos vencidos, entre otras anomalías de esta empresa que cuenta con más de 30 tiendas en todo el país.

El coordinador estadal de Indepabis, Luis Vilchez, informó que "todo eso está en proceso de investigación, posiblemente en las próximas horas ya se den resultados de esas investigaciones".

Luego que se conocieron las irregularidades,Coccchiola insinuó que la medida obedece a una "acción política" por ser candidato a la alcaldía de Valencia por la derecha.

Sin embargo, las irregularidades han sido una constante en la empresa del diputado Cocchiola. En el 2010, el Seniat cerró estas tiendas por 72 horas luego de que sus fiscales detectaron irregularidades en el tipeo del sistema de facturación que realizaba la empresa maderera.

Anteriormente, en el año 2002, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) inició averiguaciones contra la empresa por la supuesta comisión de hechos punibles: "contrabando, falsificación de documentos públicos y privados, evasión de impuesto sobre la renta, falsa declaración sobre el impuesto al valor agregado (IVA), evasión de impuestos de importación entre otras", reseña una nota publicada en la página Web del TSJ.

Sobre Cocchiola también reposan denuncias por parte de grupos de trabajadores de Imeca, quienes lo acusaron de acoso laboral.

El presidente de la sub comisión del Poder Popular del parlamento carabobeño, Juan Carlos Corro, refirió que no le sorprende la actuación de este diputado.

"Este señor venia inflando sus precios durante muchos años. Es importante que los sectores que no votan por el chavismo, que acompañan sesgadamente a esos dirigentes, se den cuenta de la clase de personas que son, un hombre que desde su empresa privada ha cometido estas irregularidades no me quiero imaginar lo que podría hacer frente a la administración pública, con el erario de los valencianos", expresó.


AVN

Coordinador estadal de Indepabis, Luis Vilchez Largo historial de usura y maltrato laboral acumula el empresario y diputado Cocchiola

Valencia, 14 Nov. AVN.- Un largo historial de usura, especulación y además maltrato laboral acumula en su trayectoria como empresario el actual diputado por el estado Carabobo, Michelle Coccchiola Puglies, dueño de la empresa Imeca en el estado, donde las autoridades descubrieron una serie de irregularidades en la ofensiva económica para proteger el poder adquisitivo del pueblo.

Aunque en sus últimas declaraciones a la prensa carabobeña negó ser presidente de esa compañía, en años recientes  dirigió personalmente la maderera, en sustitución de su padre, Antonio Cocchiola, fundador de esta firma junto con Vito Pugliese. Actualmente, sus hijos están al frente la empresa.

Hace días, se detectó usura genérica, remarcaje de precios, inconsistencias en facturas de compra y venta, mercancía sin etiquetas, presunta evasión fiscal, uso de productos químicos vencidos, entre otras anomalías de esta empresa que cuenta con más de 30 tiendas en todo el país.

El coordinador estadal de Indepabis, Luis Vilchez, informó que "todo eso está en proceso de investigación, posiblemente en las próximas horas ya se den resultados de esas investigaciones".

Luego que se conocieron las irregularidades,Coccchiola insinuó que la medida obedece a una "acción política" por ser candidato a la alcaldía de Valencia por la derecha.

Sin embargo, las irregularidades han sido una constante en la empresa del diputado Cocchiola. En el 2010, el Seniat cerró estas tiendas por 72 horas luego de que sus fiscales detectaron irregularidades en el tipeo del sistema de facturación que realizaba la empresa maderera.

Anteriormente, en el año 2002, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) inició averiguaciones contra la empresa por la supuesta comisión de hechos punibles: "contrabando, falsificación de documentos públicos y privados, evasión de impuesto sobre la renta, falsa declaración sobre el impuesto al valor agregado (IVA), evasión de impuestos de importación entre otras", reseña una nota publicada en la página Web del TSJ.

Sobre Cocchiola también reposan denuncias por parte de grupos de trabajadores de Imeca, quienes lo acusaron de acoso laboral.

El presidente de la sub comisión del Poder Popular del parlamento carabobeño, Juan Carlos Corro, refirió que no le sorprende la actuación de este diputado.

"Este señor venia inflando sus precios durante muchos años. Es importante que los sectores que no votan por el chavismo, que acompañan sesgadamente a esos dirigentes, se den cuenta de la clase de personas que son, un hombre que desde su empresa privada ha cometido estas irregularidades no me quiero imaginar lo que podría hacer frente a la administración pública, con el erario de los valencianos", expresó.


AVN

Luego de primera discusión Carlos Flores, suplente de María Aranguren, votó a favor de Habilitante

Luego de que este jueves 14 de noviembre se realizara la primera discusión del Proyecto de Ley Habilitante, el diputado suplente de María Aranguren, Carlos Flores, apoyó la aprobación de dicha ley.

Minutos antes el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, habló sobre Flores.

YVKE Mundial / Gladys Seara / N24

Gobierno Nacional Ofensiva del Estado apunta hacia la transformación real de la economía

Durante un despliegue del Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía, en el Palacio de Miraflores, Caracas, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, explicó que estas acciones tienen como objetivo lograr equilibrar y transformar los precios, así como la economía nacional. 

"Equilibrar transformando como nos ha indicado el presidente de la República, Nicolás Maduro", expresó el Vicepresidente ejecutivo en una transmisión de Venezolana de Televisión.

Desde el pasado 7 de noviembre hasta la fecha, se han realizado más de 500 inspecciones en todo el territorio nacional.

Sólo el día de hoy, se efectuaron 96 jornadas de fiscalización en diferentes establecimientos de expendio de electrodomésticos, alimentos y otros rubros, con el propósito de proteger el salario de los venezolanos.

En las inspecciones participaron funcionarios del Instituto de Defensa para las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (Sudecop), el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), y el Poder Popular organizado. 

Arreaza recordó que durante los gobiernos de la Cuarta República el pueblo fue sometido a políticas neoliberales que generaron un "problema estructural", definido por una inflación inducida. Esta situación, explicó, continúa en la actualidad.

Subrayó que la actual guerra económica la inició desde hace muchos años un sector político burgués al que nunca le interesó arriesgar su capital, invertir en el país e industrializarlo, sino mantener sus intereses individuales sin considerar los derechos y las necesidades del pueblo.

"Ellos (la derecha) lo que hicieron fue apropiarse de los recursos que se recibían por el petróleo (...) Era un negocio del cual recibían divisas para fortalecer a una pequeñísima burguesía parasitaria, como bien la ha calificado el presidente Maduro en el país. Una burguesía que no arriesgó, que no invirtió y que se apoderó, además, del poder político", agregó.

Arreaza puntualizó que la burguesía venezolana ha cambiado su metodología para atacar al pueblo venezolano. "Ahora son más silenciosos, pero es el mismo parásito rentista petrolero e improductivo de 2002", apuntó.

Reiteró que la derecha venezolana busca responsabilizar al Gobierno Nacional de la guerra económica que ellos mismos han desatado con usura, acaparamiento y estafas, mientras destacó que los medios de comunicación privados han contribuido a ello. 

"Allí está, estos medios de comunicación privados utilizaron la imagen de la venezolana Cleotilde Palomino, una ciudadana que sólo compraba unos productos que hasta el día anterior hubiese sido imposible adquirir, para decir que era una saqueadora y que había roto la vidrieras. ¡Qué calumnia!", manifestó.

El ministro para el Comercio, Alejandro Fleming, recalcó que la ejecución de las fiscalizaciones le ha permitido al Gobierno revolucionario comenzar a derrotar la guerra económica.

Resaltó que estas iniciativas permitirán, además, tomar medidas desde el punto de vista estructural para equilibrar a la economía venezolana. 

Ratificó que la meta es consolidar una "economía sana", a través del establecimiento de precios justos y estructuras de costos reales.

Inspecciones en las regiones

Como parte de la ofensiva económica, este miércoles ministros y dirigentes revolucionarios realizaron fiscalizaciones en varias regiones del país, en las que se detectaron irregularidades en la adquisición, distribución y comercialización de los productos.

En la empresa Hierro San Félix C.A., ubicada en el estado Bolívar, se evidenciaron anomalías administrativas y sobreprecio en los productos.

El presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Carlos Osorio, mostró una podadora de grama cuyo precio era de 10.000 bolívares.

"Esta mañana la podadora amaneció con un valor de 500 bolívares. Con el dinero que ayer se compraba una podadora, hoy se compran 10. ¿Cómo se puede explicar esto?", se preguntó.

En el estado Vargas, se detectó el acaparamiento de leche para niños y aceite, informó el gobernador de la entidad, Jorge Luis García Carneiro.

Especificó que la Gobernación de Vargas, junto a la Comisión Presidencial establecida para combatir la usura y el acaparamiento, seguirá realizando fiscalizaciones en la entidad para garantizar los derechos de los varguenses. 

En el Puerto de La Guaira se encontraron equipos médicos en abandono legal. El jefe del Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía, Mayor General Hebert García Plaza, denunció que empresas privadas dejan en los contenedores la mercancía que importan al país para la obtención de dólares oficiales, que ofertan luego en el mercado paralelo.

Se presume que los importadores estén incurriendo en los delitos de legitimación de capitales, obtención fraudulenta de divisas, contrabando agravado y asociación para delinquir.

Un caso particular es el de la Comercializadora Neopharma de Venezuela, ubicada en Caracas, que funciona para la obtención de productos médicos, y poseía en estado de abandono legal un contenedor de inyecciones.

Este equipo médico será llevado para el uso del pueblo venezolano al Hospital Militar Doctor Carlos Arvelo.  El Gobierno Nacional abrirá más de 945 contenedores abandonados en los puertos de La Guaira y Puerto Cabello (estado Carabobo) para constatar el estado de los mismos. 

Asimismo, para esclarecer la situación en los muelles se asignará un fiscal del Ministerio Público (MP) para que se realicen las investigaciones del caso. 

García Plaza indicó que la permanencia de un fiscal en los puertos permitirá "agudizar y acelerar todas las investigaciones que sean del caso, para que todas estas empresas y sus representantes paguen las deudas pendientes tanto con el pueblo como por la justicia venezolana".

En Caracas 

Este miércoles también se inspeccionó el concesionario Bus Cars, ubicado en la avenida Andrés Bello, Caracas, en el que se evidenciaron irregularidades en la venta de los autobuses. 

El ministro para Industrias, Ricardo Menéndez, informó que pese a que la empresa cuenta con suficiente despacho de unidades de autobuses tipo Encava para comercializar, sólo vende uno por mes.

"Vemos que en este espacio específicamente se trata de una sola unidad mensual que es vendida, un solo autobús es despachado desde este espacio. Es un hecho que contrasta con la producción de la fábrica, que según los registros que reporta para el Ministerio de Industrias, estaremos hablando en el año de un total de 473 autobusetes producidos en la fábrica de Encava en el estado Carabobo", explicó el Ministro.

Enfatizó en la necesidad de establecer una investigación para determinar la direccionalidad del consumo y de la producción de plantas de autobuses y vehículos.

Igualmente, el ministro para el Transporte Terrestre, Haiman El Troudi, notificó que se le solicitó a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, abrir una investigación a la Tienda Suvalcar C.A por presunta legitimación de capitales y usura.

"Esta empresa que importa recibió dólares de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) hasta el año 2010. Luego, nos ha dicho, pero no nos ha presentado el soporte, que ha recibido divisas en este año 2013, en enero, por 200 mil dólares aproximadamente a través del entonces Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (Sitme), y que después de enero a la fecha, no ha recibido más dólares del Gobierno Nacional", detalló. 

Sin embargo, pese a que los dueños de Tienda Suvalcar C.A aseguran que no han recibido más dólares este año, registran la realización de unas 10 importancias de mercancía.

En Tienda Suvalcar C.A, además, se reportó la supuesta comisión del delito de usura genérica. Un soporte delantero de un camión, que a la mencionada empresa le costó 5.965 bolívares, era comercializado a Bs 59.235, registrando un sobreprecio de 992%. 

En dicha comercializadora había un incremento adicional en el precio del repuesto si la compra se hacía con tarjeta de crédito. El sobreprecio en cauchos era de 352%, baterías de 149% y bandas de frenos de 163%.

Adicional a ello, se detectó la presunta defraudación fiscal establecida en el Código Orgánico Tributario, por inconsistencia de solvencias fiscales. "Por eso le pedimos a la Fiscalía que se aboque", apuntó El Troudi.

En el Concesionario de camiones Mack se encontraron artículos con sobreprecios de hasta 650%. En la inspección realizada la noche de este miércoles, se determinó que ninguno de los repuestos tenía los precios publicados, tal como lo exige la Ley de Costos y Precios Justos.

El concesionario está registrado ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) con nombre de personas naturales para evadir responsabilidades tributarias.

Alimentos y ferretería 

El ministro para la Agricultura y Tierras, Yvan Gil, inspeccionó los silos de Agroproductores de Venezuela (Aproven) en el estado Portuguesa, donde fue detectado 170% de sobreprecio en la venta de maíz amarillo, necesario para la producción de pollo, cerdo y huevo.

La tonelada de maíz amarillo acondicionado, que tiene un costo de Bs 1.900, era vendida a Bs 5.300. En el estado Falcón el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, inspeccionó la Ferretería Coseimpa, C.A.

En este establecimiento los productos no tenían marcador de precios. Además, fueron encontrados materiales adquiridos a principio de año y que aún no han sido vendidos, así como artículos con remarcaje de precios. 

"La información que manejamos es que presuntamente en 2014 pretenden abrir una ferretería para vender estos productos al detal. Podemos presumir que hay un acaparamiento de materiales aquí para posteriormente venderlos al precio que a ellos les parezca", comentó Rodríguez Torres. 

Por los derechos de los venezolanos

Al dar muestra de los resultados de las fiscalizaciones, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, recordó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, solicitó a la Asamblea Nacional (AN) la aprobación de una Ley Habilitante que le permita enfrentar el saboteo económico y asegurar los intereses del pueblo. 

Arreaza dijo que quienes se opongan al otorgamiento de esta facultad especial al Jefe de Estado "están defendiendo a los empresarios especuladores que han venido atacando económicamente al pueblo venezolano".

Ratificó que la principal afectada de la guerra económica, perpetrada por la derecha venezolana y apoyada por empresarios en el país, ha sido la clase media.

"La clase media ha sido la víctima directa de estos especuladores. Ustedes, compatriotas, los llamamos a reflexionar, a que se incorporen al proyecto constitucional y al Plan de la Patria. Les invitamos a que la compren, a que bajen esta propuesta por Internet. Estamos seguros de que se van a identificar con este proyecto nacional que no tuvimos jamás durante la Cuarta República", sostuvo el Vicepresidente Ejecutivo. 

Anunció que aproximadamente 70% de la inversión nacional se está redistribuyendo en los sectores sociales para garantizar la protección social de la población venezolana. 

Destacó que pese a que el sector empresarial ha pretendido apropiarse de la renta petrolera, "la Patria va a seguir y seguirá siempre con su Revolución y con su Proyecto Nacional Simón Bolívar construyendo futuro, construyendo esperanza".

AVN

Vicepresidenta de la Asamblea Nacional Blanca Eeckhout: bancada opositora banaliza lo que debe ser un debate profundo

La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN), Blanca Eekhout aseguró este jueves 14 de noviembre que la bancada opositora banaliza lo que debe ser un debate profundo.

Durante la primera discusión de la Ley Habilitante, desde la AN, la diputada afirmó que en las intervenciones de los diputados oficialistas, los contrarios se mofan de ellos.

Eeckhout dijo que dicha bancada nunca ha sido un sector con honestidad y transparencia. La diputada también mencionó que la discusión de la Habilitante es un reencuentro con el legado del Comandante Chávez. “No quisiéramos perder el tiempo en dar respuestas a demagogia, mediocridad e irresponsabilidad a quienes vimos en 2002 en el Golpe de Estado”, añadió Eeckhout.

La diputada añadió que Caracas no es de la oligarquía: “Todos los ciudadanos viviremos con dignidad porque los venezolanos tenemos derecho a vivir en una casa digna y a ocupar todos los espacios”.



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