La inacción del Congreso estadounidense, en especial de la Cámara de Representantes dominada por los republicanos, convierte el tema migratorio en una bomba de tiempo que amenaza a Estados Unidos.
Aunque todavía quedan varias semanas para que pierda valor una propuesta aprobada por el Senado en junio de 2013, destinada a reformar las leyes migratorias del país, el problema parece insoluble ante la negativa republicana a presentar a votación un texto similar en la Cámara baja.
El asunto se mantiene desde hace meses en los principales espacios noticiosos, en los círculos de poder en Washington y el presidente Barack Obama hace promesas de avanzar con la reforma pero en concreto nada se logra.
El tema cobra especial relevancia ahora, días cuando niños inmigrantes tocan a la puerta de la frontera estadounidense, sobre todo procedentes de países centroamericanos, hecho que molesta sobremanera a algunos políticos como la gobernadora de Arizona, Jan Brewer.
Brewer, caracterizada por usar mano dura contra los sin papeles, expresó en un comunicado que está "desconcertada y molesta" por la decisión del gobierno federal de enviar a los adolescentes a su estado.
La republicana fue informada que un primer contingente de 432 menores sin acompañantes, detenidos por la Patrulla Fronteriza en el sur de Texas, se encuentra en el Estado, y se espera la llegada de más de 700, todos con edades inferiores a 17 años, destacan medios digitales.
El pasado 2 de junio el presidente Obama admitió que constituye una situación humanitaria urgente la cantidad de menores no acompañados atrapados al tratar de cruzar la línea divisoria con México.
Obama emitió un memorando presidencial donde esbozó la respuesta del gobierno a la afluencia de niños inmigrantes, indicó un reporte publicado en el diario Usa Today. Datos de organizaciones humanitarias señalan que la cifra podría ascender a 70 mil en el año fiscal 2014 (que termina el 30 de septiembre) y alcanzaría niveles históricos.
Los niños emigran para escapar de situaciones de violencia -incluyendo la derivada del narcotráfico-, abuso familiar, abandono, explotación, privaciones, matrimonios obligados y mutilación genital, advirtió en febrero último el informe A Treacherous Journey (Un Viaje Traicionero).
La situación tiene también antecedentes en los Tratados de Libre Comercio firmados por gobiernos de la región años atrás y la aplicación de las recetas neoliberales, que profundizaron la desigualdad en el intercambio con una economía más desarrollada.
Si en algún momento la crisis detonó el éxodo masivo de inmigrantes para buscar mejores condiciones de vida, ahora los hijos buscan a los padres.
Según el diario The New York Times, esto "es lo que parece cuando un sistema de inmigración es abrumado por decenas de miles de mujeres y niños de América Central".
En Phoenix, por ejemplo, hasta cuatro autobuses al día llegan a la estación Greyhound, cada uno lleno a capacidad con mujeres y niños de El Salvador, Guatemala y Honduras.
Cruzaron la frontera en Texas, pero los funcionarios de inmigración los mandan a Phoenix (Arizona) porque las instalaciones de Texas están abarrotadas.
Desde el fin de semana de Memorial Day o Día de los Caídos, en mayo pasado, cerca de mil mujeres y niños fueron trasladados a Tucson desde Texas, precisa el Times en un artículo que aborda de forma descarnada el fenómeno.
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ha recibido la orden de coordinar los esfuerzos para contener la crisis pero solo una acción del Congreso puede resolver un problema que se une a otros existentes por la falta de acción legislativa.
Funcionarios de la Casa Blanca estiman que la violencia criminal y las economías en crisis en Centroamérica, y no la seguridad fronteriza estadounidense, son los principales factores que impulsan la actual ola.
El aumento imprevisto de inmigrantes en las últimas semanas ha creado una crisis política y humanitaria para el gobierno de Obama. Los conservadores sostienen que la forma de aplicación por la administración de la ley envía señales alentadoras a los centroamericanos y los hace creer que pueden disfrutar de una amnistía de facto si consiguen llegar al país.
Mientras tanto, el tema al parecer seguirá ausente de los debates en la Cámara de Representantes estadounidense, pese a los insistentes reclamos de activistas, organizaciones sociales y legisladores demócratas que insisten para su aprobación.
Aunque el presidente Obama dio un ultimátum a los legisladores republicanos en la Cámara de Representantes para que acaben de concretar un debate sobre la modificación de las leyes migratorias, no hay indicios de que la Casa Blanca pueda avanzar con una reforma integral.
No obstante, cuatro senadores demócratas alertaron el pasado 22 de mayo que si la mayoría republicana evade analizar la reforma antes del próximo receso veraniego, el Ejecutivo usaría sus facultades para legislar al respecto. Si no hay reforma migratoria para los primeros días de julio, Obama actuará por su cuenta, advirtieron.
Una amplia coalición de miembros de los sectores empresarial, religioso, sindical y otros a nivel nacional, muestran un frente común a favor de sacar de la clandestinidad a unos 11,5 millones de indocumentados.
Por otro lado, hay una creciente preocupación sobre los efectos de la falta de acción del Congreso y muchos estadounidenses alertan que sin el trabajo de los inmigrantes se dispararán precios de la leche y las frutas, entre otros daños para el país.
Ya muchos dueños de granjas vieron disminuir sus cosechas y perdieron millones de dólares por la falta de trabajadores temporales inmigrantes.
Estimados conservadores indican que la falta de mano de obra de esa procedencia para la producción lechera dispararía el costo al menudeo en el mercado de este producto en un 61 por ciento.
Los precios de los alimentos aumentarán entre un cinco y un seis por ciento en los próximos cinco años si continúa el endurecimiento de las leyes que afectan a los trabajadores agrícolas inmigrantes, indicó un estudio encargado por la Oficina Agrícola de Estados Unidos.
La aplicación de normas punitivas impulsadas por los republicanos y que la Casa Blanca bautizó con sus récords de deportaciones, se traducirá en un alza de los precios en el país, lo que afectará los débiles bolsillos de muchos estadounidenses, aún golpeados por la crisis económica.
En los próximos cinco años, las operaciones del sector de la agricultura costarán más de 60 mil millones bajo esas condiciones migratorias, de acuerdo con el reporte de la Oficina Agrícola de Estados Unidos.
La propuesta de los controles migratorios afectará la producción de fruta en Estados Unidos, con un desplome de entre un 30 y un 61 por ciento señala, el estudio. La producción de hortalizas, por su lado, disminuirá entre un 15 y un 31 por ciento, según estos cálculos. También el estudio de la Oficina Agrícola advierte que la producción de ganado, que también depende de la mano de obra de los inmigrantes, caería entre un 13 y un 37 por ciento.
La crisis en el sector, ahora en la palestra por la llegada de niños, es imperativo para los estadounidenses, en especial porque pese al desarrollo del país, el 80 por ciento de la fuerza laboral del campo depende de los agricultores inmigrantes.
Solo en 2010, los dueños de las tierras perdieron 300 millones de dólares a causa de la falta de campesinos inmigrantes por las políticas restrictivas del gobierno.
Dos millones de personas son contratadas cada año para trabajar en las granjas estadounidenses, y cada uno de estos trabajadores a su vez le genera empleo a dos o tres operarios en diversos trabajos, tales como ventas, mercadeo y transporte, plantea la Oficina en su estudio.
Esto, estiman comentaristas del tema, acentúa el criterio de que más ingredientes se unirán a la bomba de tiempo que representa la falta de acción legislativa para aprobar una reforma integral de las leyes migratorias en Estados Unidos. El tiempo lo dirá.
*Jefe de la redacción Norteamérica de Prensa Latina.
arb/lb
Por Luis Beatón *
Prensa Latina
