- Categoría: Militancia
- Publicado: Lunes, 17 Agosto 2015 05:00
- Escrito por Ana Rosa
El
sistema capitalista liderado por el imperialismo norteamericano, ha
configurado una estrategia ideológica contra insurgente, que transforma
los derechos de los pueblos en un crimen punible.
Los supuestos atentados del 11 de
septiembre de 2001, contra las Torres gemelas en Estados Unidos,
justificaron la categoría de terrorista, aplicada a los rebeldes,
revolucionarios y opositores del sistema.
Esta concepción acompañada del talante
excluyente y violento del régimen colombiano, configura las herramientas
jurídicas, con que judicializan a la oposición, no solamente armada,
sino también aquel sector crítico organizado, que representa una
posibilidad de poder alterno al de la oligarquía.
De manera sesgada y absoluta desaparecen
el delito político y con éste a los presos políticos, arrebatando
garantías de participación política y capacidad de defensa de los
derechos humanos. El delito político es cercenado, relegando a los
luchadores sociales, políticos e insurgentes a ser juzgados por delitos
comunes, que agregan penas por delitos conexos.
Las raíces de la rebelión
El sentido de la supervivencia, es una
cualidad de los seres vivos. Los pueblos históricamente han desarrollado
esta cualidad, generando estrategias que le permitan defender la vida,
en respuesta a las agresiones que ponen en peligro su existencia.
Pasada la Segunda guerra mundial, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948 asume la
condición de supervivencia. Aquí la rebelión se identifica como el
supremo recurso de los pueblos, es decir, el último recurso utilizado,
para defenderse de la sistemática violación a los derechos humanos, por
parte de gobiernos tiranos que someten a su gente a la opresión y la
violencia. Obviamente, a esta Ley no le dan fuerza los Estados e
interpretan a su acomodo estas leyes universales.
La rebelión es el resultado de una
situación de explotación y dominación, es decir, es consecuencia y no
causa. Quienes deciden responder a la violencia sistemática del Estado,
con la violencia organizada y revolucionaria, configuran un marco de
pensamiento alternativo, para encausar sus acciones con criterios éticos
e ideológicos.
En este sentido, el rebelde, el
revolucionario es un sujeto de cambio movido principalmente por la
conciencia, con un proyecto político de nuevo país y con una visión
humanista de la realidad en que actúa. Acción que no es equiparable a
quien ejerce la violencia con fines particulares, que reproducen el
orden establecido.
A propósito de la paz
La guerra en Colombia se enmarca en esta
situación, pues los grupos guerrilleros abiertamente declaran sus
intenciones políticas y concepción ideológica construidas en más de
medio siglo de lucha.
Los grupos paramilitares diseñados para
desarrollar violencia terrorista, surgen y se mantienen de manera
complementaria al poder hegemónico, sirviendo a los intereses de la
clase dominante.
El actual proceso de paz, que se da a
partir del dialogo de las Partes en conflicto, debe reconocer plenamente
el carácter político de la insurgencia revolucionaria, abriéndose a
escuchar y entender los argumentos que fundamentan sus acciones.
Es saludable abrir al conjunto del país,
el debate sobre el delito político, en el marco de las necesarias
garantías para la participación política de la oposición, que sigue
resistiendo y luchando por la democratización del país.
El Ejército de Liberación Nacional como
organización político-militar, decidió alzarse en armas en 1964, con el
fin de alcanzar la paz; ante la grave persecución y sometimiento que
aquejaba y aqueja la oposición política. Nuestra presencia en la mesa de
diálogo con el gobierno reitera la voluntad de explorar una vía de
solución política del conflicto, a la vez que mantiene la visión sobre
el justo derecho político a la rebelión.
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