Panamá: Convocatoria a Cumbre de los Pueblos
Por Olmedo Beluche
Las organizaciones sindicales y populares panameñas, reunidas como
Comité Organizador, convocamos a todas las organizaciones hermanas del
continente americano, a la realización de la Cumbre de los Pueblos,
Sindical y de los Movimientos Sociales de Nuestra América, los días 10 y
11 de abril de 2015.
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Cumbre de los Pueblos, Sindical y de los
Movimientos Sociales de Nuestra América
CONVOCATORIA
Las organizaciones sindicales y populares panameñas, reunidas como
Comité Organizador, convocamos a todas las organizaciones hermanas del
continente americano, a la realización de la Cumbre de los Pueblos,
Sindical y de los Movimientos Sociales de Nuestra América, los días 10 y
11 de abril de 2015, en la ciudad de Panamá, bajo el lema: “América
Latina, una patria para todos, en paz, solidaria y con justicia social”,
este año, que se cumple una década de la derrota del ALCA en la Cumbre
de Mar del Plata.
La Cumbre de los Pueblos se desarrollará en paralelo a la Cumbre de
Las Américas de jefes de Estado, convocada por la Organización de
Estados Americanos (OEA), para levantar la voz de nuestros pueblos y
señalar los problemas que la otra cumbre no aborda o sobre los que toma
decisiones que afectan a nuestras naciones sin que las clases populares
sean consultadas.
La Cumbre de los Pueblos convoca a las organizaciones sindicales,
campesinas, indígenas, estudiantiles, de derechos humanos, ecologistas,
feministas y a todas las que tengan algo que decir sobre los grandes y
graves problemas que afectan a nuestros pueblos y que queremos que
escuchen nuestros gobernantes y medios de comunicación social.
Convocamos a las organizaciones sindicales y populares de
Latinoamérica, el Caribe, Estados Unidos y Canadá a debatir en las
diversas Mesas de Trabajo una amplia temática de los Derechos Humanos,
Económicos, Sociales y Culturales de los pueblos de Nuestra América,
tales como: la libertad sindical; seguridad social y sistemas de
pensiones; las migraciones, sus condiciones y sus derechos; la situación
especial de nuestros pueblos originarios y las comunidades campesinas
amenazadas por proyectos mineros e hidroeléctricos; el intervencionismo
norteamericano y su amenaza a la democracia y soberanía de nuestros
países.
En lo específicamente internacional, el bloqueo económico, comercial y
financiero que mantiene los Estados Unidos contra Cuba, a pesar de las
declaraciones mediáticas de los funcionarios norteamericanos; el derecho
a la independencia de Puerto Rico; el derecho de Bolivia de una salida
al mar; los reparaciones a las familias víctimas de la invasión de 1989
contra Panamá, entre otros temas.
El Comité Organizador de esta Cumbre de los Pueblos está compuesto
por una amplia y representativa gama de organizaciones sindicales,
populares y movimientos sociales de la República de Panamá y es un
comité abierto y en construcción, por lo cual invitamos unitariamente a
todas organizaciones panameñas a sumarse a este esfuerzo al que son
bienvenidas, indistintamente de su área de trabajo o pensamiento
político.
La Cumbre de los Pueblos, si bien es paralela a la Cumbre de Jefes de
Estado y a las comisiones que a tal efecto ha convocado la Cancillería
panameña, no es contradictoria ni se opone a la participación de
organizaciones sindicales, sociales y populares que así lo decidan en
los eventos oficiales. Más aún, creemos un deber llevar nuestras voces a
dichos eventos oficiales.
La Cumbre de los Pueblos, Sindical y de los Movimientos Sociales de
Nuestra América se desarrollará en el Paraninfo de la Universidad de
Panamá, los días 10 y 11 de abril de 2015. Las organizaciones y personas
que deseen mayor información dirigirse a: correo
electrónico:cumbrepanama@gmail.com; Facebook:
cumbredelospueblospanama2015; teléfonos: (507) 214-6982; (507) 203-8147.
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¡Escucha yanqui!
La Cumbre de las Américas anuncia una crisis de sistema
por Marco A. Gandásegui
La política exterior de un país es el reflejo de su política interna. En
el caso de la VII Cumbre de las Américas, que se efectuará en la ciudad
de Panamá, en apenas dos semanas, existe una tradición que se remonta
dos siglos en que los países del hemisferio buscan crear un sistema
político – sin mucho éxito – mediante acuerdos y alianzas
internacionales. El Congreso Anfictiónico convocado por Bolívar en 1826 –
precisamente en la capital panameña – tuvo como objetivo sellar la
independencia de las nuevas repúblicas y bloquear el retorno de las
potencias europeas.
La Cumbre de 2015 plantea la intención de los gobiernos
latinoamericanos de consolidar un sistema que respete su soberanía y la
autodeterminación de sus pueblos. La decisión de Cuba de participar en
la Cumbre organizada por la Organización de Estados Americanos (OEA) le
dio un impulso especial al encuentro. Todo indicaba que las relaciones
entre la isla caribeña y EEUU entraban en una nueva fase. Por primera
vez en 55 años los presidentes de los dos países se sentarían juntos en
una mesa.
Sin embargo, EEUU decidió sacar una carta de la manga que puso en
peligro el sistema que construyen los países de la región. Faltando poco
para el cónclave, el presidente Barack Obama declaró que Venezuela
representaba un peligro para su “seguridad interna y política exterior”.
La agresividad de Obama contrastaba con su discurso pronunciado junto
con el presidente cubano, Raúl Castro, subrayando que las diferencias
entre los dos países no podían resolverse mediante la fuerza ni el
engaño.
La ‘declaración de guerra’ de Washington contra el gobierno que
preside Nicolás Maduro en Caracas, fue calificada como una intromisión
burda por gobiernos y sectores sociales de toda la región. El anuncio de
Obama se dio a conocer sólo unos días después del frustrado golpe
contra la revolución bolivariana montada en Colombia con apoyo de EEUU.
En la Casa Blanca se puso en marcha, hace más de 15 años, cuando aún
vivía el presidente Hugo Chávez, una estrategia que buscaba un “cambio
de régimen” mediante mecanismos no democráticos. A pesar de todos los
esfuerzos, Washington no ha tenido éxito. A mediados de 2015, Venezuela
celebrará elecciones donde las fuerzas polarizadas pondrán a prueba su
apoyo popular.
La táctica utilizada por Washington contra Venezuela se parece mucho a
la acción de desgaste que ese país aplicó contra Panamá hace 25 años
antes de invadir militarmente al istmo. La actual ofensiva
norteamericana incluye sabotaje económico, movilización de extremistas
que utilizan tácticas terroristas y la división de las fuerzas armadas
de la revolución bolivariana.
EEUU también llega a la Cumbre promoviendo una política divisionista.
Mientras que los países más progresistas promueven ALBA, EEUU abanica
la llamada Alianza del Pacífico. Washington también ha extendido su
presencia militar en la región. Ha ocupado militarmente países como
México y Colombia. Sus tropas se mueven con plena libertad en Honduras y
Haití. Tiene bases militares en Chile, Perú y Paraguay. En el caso de
Panamá, ha construido 12 bases aéreo-navales en las dos costas del país.
Hace pocos meses el discurso de Obama en torno a la nueva política
hacia Cuba era considerada prometedora en la región. La Cumbre de Panamá
no aceptará la impunidad norteamericana que caracterizó el siglo XX. En
términos políticos y económicos ha perdido su hegemonía de antaño.
EEUU parece convencida que su única opción en América latina en el
siglo XXI es imponer su fuerza militar. Para corregir ese rumbo
equivocado, Obama tendría que llegar a la Cumbre con un discurso que
promueva la convivencia, acompañada de acciones que apoyen su retórica.
La vieja Alianza del Progreso es algo del pasado. En la actualidad,
tendría que plantear una nueva política de intercambio comercial, de paz
y de búsqueda de soluciones para los migrantes de la región que buscan
empleo en EEUU.
En materia comercial, EEUU tiene que abandonar sus pretensiones de
arrancar las riquezas a los países de la región, especialmente
Venezuela. En materia de paz Washington debe declarar el hemisferio
libre de militarismo. Tendría que desocupar las bases de Guantánamo, de
Haití, Honduras y Colombia. Así mismo, retirar sus llamados ‘asesores’
militares de Panamá, Costa Rica, Chile y Perú. La Cumbre de Panamá
anuncia una crisis de sistema que se reflejará en los cambios de la
política exterior de EEUU hacia la región en un futuro no lejano.
* Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad
de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios
Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA)
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Amplia representación de Cuba en actividades paralelas de la VII Cumbre de las Américas
27 marzo 2015 |
Más de un centenar de representantes de la sociedad civil cubana,
actores sociales, jóvenes, intelectuales, campesinos, cooperativistas,
empresarios y académicos cubanos estará presente en los foros y
actividades paralelas de la VII Cumbre de las Américas, un evento al que
Cuba asistirá por vez primera como resultado del sólido y unánime
consenso de la América Latina y el Caribe.
La delegación antillana a estos eventos llevará consigo a Panamá los
mandatos y recomendaciones de la sociedad civil y la juventud cubanas,
recogidos en las numerosas reuniones y debates que se han efectuado en
días recientes por todo el país, donde se han definido proposiciones
concretas para ser presentadas en estos foros paralelos.
Según informaron a Pensando Américas, los coordinadores de los grupos
que integran esta delegación, declararon que el objetivo principal
esintercambiar de manera abierta y constructiva con otras
representaciones del hemisferio, recomendar acciones sobre la base del
respeto y la integridad de los pueblos, así como trasladar las
experiencias de Cuba en temas como gobernabilidad democrática,
participación ciudadana, educación, salud, energía, desarrollo
sostenible, innovación y desarrollo de las tecnologías de la información
y las comunicaciones, entre otros.
Por otra parte, la delegación caribeña sabrá no solo defender sus
posiciones, sino también expresar su solidaridad con los pueblos
hermanos de la región. A la propia vez, los representantes cubanos
abogarán por una relación diferente entre las dos Américas y basada en
el respeto y la no injerencia entre los Estados.
Cuba se unirá a varias organizaciones progresistas del continente en
la Cumbre de los Pueblos Sindical y de los Movimientos Sociales de
Nuestra América, prevista del 9 al 11 de abril. Asimismo, la delegación
cubana tiene previsto participar en un acto de solidaridad con las
causas progresistas de América Latina y el Caribe que se realizará en el
Paraninfo de la Universidad de Panamá el propio día 11 de abril.
(Tomado de Pensando Américas)
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El conflicto Estados Unidos-Venezuela y la VII Cumbre de las Américas
Por: Carlos Fazio
27 marzo 2015
América Latina y el Caribe, principalmente las naciones de la Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), y en particular,
Venezuela, son el teatro de operaciones de un sordo juego geopolítico
entre Estados Unidos y sus socios de la OTAN, contra China y Rusia, dos
potencias emergentes que han venido desarrollando vínculos económicos y
de cooperación técnico-militar con naciones situadas en lo que
tradicionalmente Washington ha considerado su “espacio vital”.
Pocas veces, como hoy −tras la reciente orden presidencial de Barack
Obama que ubicó a Venezuela como una “extraordinaria amenaza a la
seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”−, cobran
dimensión los conceptos esgrimidos por Nicholas J. Spykman en 1942,
cuando al definir el “Mediterráneo Americano” (que abarcaba el litoral
del golfo de México y el mar Caribe, México, América Central, Colombia,
Venezuela y el cinturón de islas que se suceden desde Trinidad a la
punta de la Florida, Cuba incluida), dijo que esa región debía quedar
bajo la “exclusiva e indisputada tutoría” de Washington.
En su obra Estados Unidos frente al mundo, escrita tres años antes de
que finalizara la Segunda Guerra Mundial, al exponer la doctrina
geopolítica del imperialismo tal y como lo concebía la clase dirigente
estadunidense, Spykman dijo con elocuente crudeza: “Eso implica para
México, Colombia y Venezuela una situación de absoluta dependencia con
respecto a Estados Unidos, de libertad meramente nominal…”
En 1973, el boicot de suministros de hidrocarburos de la Organización
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a Estados Unidos, exhibió las
vulnerabilidades del hegemón del capitalismo mundial. Desde entonces,
los estrategas del complejo industrial-militar diseñaron y pusieron en
práctica una serie de proyectos geopolíticos −o de conquista del espacio
en su zona de influencia−, a expensas de naciones débiles o que ofrecen
poca resistencia, que incluyeron la colonización, la anexión o la
conquista.
Cuatro decenios después, Estados Unidos ha conformado América del
Norte como un espacio geopolítico bajo el dominio económico-financiero
de las corporaciones con casa matriz en su territorio y el control
militar del Comando Norte del Pentágono. Y aunque en 2005 en Mar del
Plata fracasó el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la
libertad de México y Colombia es hoy meramente nominal, como anunció
Spykman en 1942, y sus territorios han sido militarizados por el
imperio. Sólo escapan a ese designio Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Además de su importancia geopolítica para la defensa del territorio
continental de Estados Unidos de cara a un eventual conflicto bélico con
otra potencia, Venezuela es el país con la mayor cantidad de reservas
probadas de hidrocarburos. Asimismo, bajo el liderazgo indiscutido de
Hugo Chávez, Venezuela fue el impulsor del ALBA y potenció la UNASUR
(Unión de Naciones Sudamericanas) y la CELAC (Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños), obstaculizando los planes para una
integración vertical del subcontinente, implementados por la Casa Blanca
y el gobierno-sombra de las grandes corporaciones estadunidenses.
Washington y el golpismo continuado
Las consideraciones anteriores explican los sucesivos intentos
encubiertos de Washington por llevar a cabo un “cambio de régimen” en
Venezuela: desde el golpe de Estado cívico-militar-oligárquico de abril
de 2002 (el primer golpe mediático del siglo XXI), y la Operación
Septiembre Negro de finales de ese año y comienzos de 2003 –el llamado
“golpe petrolero” que siguió los lineamientos del Dossier Confidencial
No. 5, estrategia subversiva de los capitanes de industria, grandes
latifundistas, ganaderos y la llamada nomenclatura gerencial de
petróleos de Venezuela (Pdvsa), bajo la cobertura política e ideológica
de las principales corporaciones multimedia de Venezuela y las
Américas−, pasando por diversas operaciones clandestinas y diferentes
modalidades de la guerra de espectro completo (“golpe suave”, guerra de
baja intensidad, guerra asimétrica, de información o cuarta generación,
guerra económica y terrorismo mediático), hasta el fracasado golpe del
11 y 12 de febrero de 2015.
Al respecto, cabe recordar que con eje en una estrategia de varios
carriles, la escalada política-propagandística había iniciado en
diciembre pasado, cuando al tiempo que anunciaba negociaciones para una
próxima reanudación de relaciones diplomáticas con Cuba, el presidente
Obama puso en vigor la “Ley para la defensa de los derechos humanos y la
sociedad civil en Venezuela”, una medida injerencista violatoria del
derecho internacional aprobada por el Congreso. La nueva ley
extraterritorial, pieza central en la etapa para un cambio de régimen en
Venezuela, es una réplica perfeccionada de lo que el propio Obama había
dicho, siendo senador, que durante más de 50 años no había funcionado
contra Cuba.
A partir de enero de este año, se incrementaron los planes tendientes
a generar un nuevo clima de zozobra económica y violencia caótica
desestabilizadora que confluyera con el primer aniversario de “las
guarimbas” de febrero de 2014. ¿Objetivo? Derrocar a Nicolás Maduro,
presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, a
quien se le había venido fabricando una imagen de gobernante autoritario
y violador de los derechos humanos.
Lubricada la oposición venezolana con millonarios fondos extraídos de
los contribuyentes de Estados Unidos a través de agencias oficiales de
Washington como la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) y
fundaciones afines como la National Endowment for Democracy (NED) y
Freedom House; posicionada la guerra económica con base en el
desabastecimiento de productos de primera necesidad −en particular
alimentos básicos, medicamentos y artículos higiénicos− para provocar
ira y malestar en la población, la extensa red de medios corporativos
privados del hemisferio occidental hicieron su labor como parte de la
guerra psicológica y el terrorismo mediático. En lo interno, su misión
principal era generar un clima de miedo y horror paralizante a través de
herramientas habituales como el acaparamiento, el desabasto, el mercado
negro, la inflación, la usura, campañas de rumores y la violencia
callejera, y en lo externo, fomentar una correlación de fuerzas
internacionales que avalara tácitamente el accionar golpista y, llegado
el caso, una eventual intervención militar del Pentágono.
En rigor, se trataba de una segunda fase de la fracasada operación
subversiva puesta en práctica a comienzos de 2014 para tirar a Maduro.
“La salida” −como denominó entonces la ultraderecha venezolana al plan
sedicioso para sacar al presidente legítimo de Venezuela del Palacio de
Miraflores−, culminó con un saldo de 43 personas muertas y llevó a la
cárcel a uno de los líderes de la asonada, Leopoldo López, dirigente del
Partido Voluntad Popular.
Desde entonces, una de sus cómplices en la aventura conspirativa, la
ex congresista desaforada María Corina Machado −firmante del Decreto
Carmona durante el golpe de Estado de abril de 2002 −, había tomado las
riendas de la nueva intentona con apoyo del embajador de Estados Unidos
en Colombia, Kevin Witaker. “Contamos con una chequera más fuerte que la
del régimen para romper los anillos de seguridad”, dijo Machado, quien
desde hace años cultiva los favores de congresistas
cubano-estadunidenses de Miami, como Marco Rubio, Iliana Ros Lethinen y
Mario Díaz Balart, y los del alcalde de la ciudad Doral del sur de la
Florida, Luigi Boria.
El factor Brownfield
En el caso venezolano, la génesis de la intervención estadunidense
actual remite al Comité de los 40 (denominación tomada de la
Decisión-Memorándum No. 40 del Consejo de Seguridad Nacional de Estados
Unidos), reunido por el secretario de Estado Henry Kissinger en junio de
1970 para diseñar una estrategia de “bajo perfil” destinada a hacer
abortar la “vía pacífica al socialismo” de Salvador Allende en Chile. El
plan del Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de la
época de Richard Nixon, incluía: 1) creación del caos económico; 2)
acciones paramilitares; 3) ofensiva de propaganda; 4) financiamiento a
sectores derechistas, y 5) infiltración y divisionismo dentro de la
izquierda chilena.
Con base en esa estrategia −aplicada después con variantes contra
Nicaragua sandinista, Granada y Panamá−, en agosto de 2004 Washington
había enviado a Caracas al embajador William Brownfield. Adscrito a la
Oficina de Iniciativas para la Transición en Venezuela (OIT), la
principal misión de Brownfield era elaborar un plan de largo plazo para
derrocar a Hugo Chávez. En un cable diplomático del 9 de noviembre de
2006, difundido en el portal de Wikileaks, el diplomático recordaba a
sus jefes en el Departamento de Estado las directrices establecidas dos
años antes en el denominado “Plan de cinco puntos contra el Gobierno
Bolivariano”: 1) Fortalecer las instituciones democráticas; 2)
Infiltrarse en la base política de Chávez; 3) Dividir al chavismo; 4)
Proteger negocios vitales de Estados Unidos, y 5) Aislar a Chávez
internacionalmente. La OIT para Venezuela fue cerrada en 2010, pero sus
funciones fueron transferidas a la oficina para América Latina de la
USAID, vieja pantalla de las acciones injerencistas y para la guerra
psicológica de la CIA y el Pentágono.
Con base en esos antecedentes, la ambientación o “calentamiento”
mediático de la nueva ofensiva desestabilizadora contra Venezuela contó,
a mediados de enero pasado, con la presencia en Caracas de los ex
presidentes de Colombia, Chile y México −Andrés Pastrana, Sebastián
Piñera y Felipe Calderón, respectivamente−, invitados a un foro por
María Corina Machado y el partido Voluntad Popular. Otro de los
objetivos era visitar en la prisión a Leopoldo López, erigido por
Washington como nuevo “combatiente de la libertad”, según la expresión
acuñada por Ronald Reagan para los contras nicaragüenses y el saudí
Osama bin Laden en los años 80.
La trama desestabilizadora se complementó, a finales de enero, con la
deserción de Leamsy Salazar, capitán de corbeta de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana. En calidad de “testigo protegido”, el desertor
Salazar declaró ante un tribunal de Nueva York que el presidente de la
Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, era el jefe de un
presunto cartel de Los Soles. La “primicia” la obtuvo el diario
neofranquista español ABC, que se basó en “fuentes cercanas a la
investigación”, y fue convenientemente amplificada en México por los
periódicos Excélsior y La Razón que, curiosamente, no citaron como
fuente a ninguna agencia noticiosa internacional, por lo que puede
presumirse que en los tres casos se trató de desinformación sembrada con
propósitos subversivos-propagandísticos.
Dentro del plan conspirativo en curso, no es un dato baladí que
William Brownfield −el “diplomático” que en 2004 elaboró el Plan de los
cinco puntos para derrocar a Chávez y quién se desempeñó luego como
embajador en Colombia de 2007 a 2010−, validara la “consistencia” del
reportaje de ABC, que involucra a Cuba y las FARC en la insólita trama.
Tampoco lo es que Brownfield sea en la actualidad secretario de Estado
adjunto de Estados Unidos para Narcóticos y Seguridad Internacional.
Los fondos para la subversión
Otro elemento clave del plan elaborado por Brownfield en 2004, es el
financiamiento de ONGs, fundaciones, asociaciones y partidos opositores
venezolanos, enmarcado dentro del rubro “defender y fortalecer prácticas
democráticas, las instituciones y los valores que promueven los
derechos humanos y la participación de la sociedad civil”. El
presupuesto actual de Estados Unidos (octubre 2014 a octubre de 2015)
incluye cinco millones de dólares, y la asignación prevista para el
próximo año fiscal aumenta la cifra en 500 mil dólares más. Asimismo,
Washington ha incorporado una nueva modalidad consistente en registrar a
las ONGs venezolanas como corporaciones en Estados Unidos, lo que
facilita el suministro de fondos y además pueden ser subcontratadas por
compañías estadunidenses.
Entre las organizaciones receptoras de fondos de los contribuyentes
de Estados Unidos figuran Nueva Conciencia Nacional; Fundación Futuro
Presente; Humano y Libre, de Gustavo Tovar Arroyo, quien organizó en
2010 la denominada Fiesta Mexicana para adiestrar en métodos de
desestabilización a dirigentes estudiantiles de la extrema derecha
venezolana; Espacio Civil; Operación Libertad; Mujer y Ciudadanía;
Ventana por la libertad; Súmate y Consorcio Desarrollo y Justicia, ambas
ligadas a la golpista María Corina Machado.
La USAID, que en 2011 destinó más de nueve millones de dólares de los
20 millones aprobados ese año para la desestabilización de los países
del ALBA, en 2013 canalizó cinco millones 786 mil dólares para programas
subversivos en Venezuela, principalmente para la capacitación de nuevos
líderes juveniles que sean capaces de resaltar en el enfrentamiento con
el gobierno. El presupuesto destinado a 2014 no ha sido publicado,
probablemente en un intento por sortear las dificultades que les
ocasionaron las revelaciones y cuestionamientos de que fue objeto luego
de las revelaciones de la agencia AP sobre el trabajo de la USAID contra
Cuba.
Además, los programas de Estados Unidos para la subversión en
Venezuela incluye a la National Endowment for Democracy (NED), que en
2014 destinó más de dos millones 300 mil dólares a organizaciones
antibolivarinas, y a Freedom House, ampliamente denunciada por sus
vínculos con la CIA, que mantiene su política de asesoramiento y
financiamiento de la oposición venezolana, profundizando las estrategias
de guerra psicológica y campañas mediáticas como parte de las técnicas
de las “revoluciones de colores” y el “golpe suave” de Gene Sharp,
Robert Helvey y Peter Ackerman.
En su reporte global anual sobre libertad de expresión, Freedom House
ubica a Venezuela como uno de los países donde no existe libertad de
prensa ni de expresión y donde se violan los derechos humanos; la agenda
de Obama, pues. En contrate, cabe consignar que en ese país existe una
hegemonía de los medios de comunicación privados. Según Luis Britto
García, en 1998 la empresa privada era propietaria del 80% de las
estaciones de televisión y del 97% de las radiodifusoras de FM, y no
había medios comunitarios. Esos medios privados se caracterizaban por
una alta concentración de la propiedad, tanto horizontal como vertical.
En la actualidad operan en Venezuela 2,896 medios; 2,332 son de la
empresa privada. El 65.18% sigue siendo privado y el 30.76% son
comunitarios; apenas un 3.22% son de servicio público. El principal
cambio consiste en la multiplicación de medios comunitarios, los cuales
en su mayoría tiene poco alcance y tienden a durar un tiempo limitado.
En radiodifusión funcionan mil 598 emisoras privadas, 654
comunitarias y apenas 80 de servicio público. En televisión de señal
abierta 55 canales son privados, 25 son comunitarios y ocho de servicio
público. Casi todos los medios privados son opositores, con lo cual,
pretender que el Estado esté ejerciendo una “hegemonía comunicacional”
con los escasos medios de que dispone, como señala Freedom House, es un
infundio que sólo puede ser interpretado como parte de una operación de
guerra psicológica y propaganda negra para exacerbar el pánico,
desestabilizar el país, generar ingobernabilidad y detonar violencias
destinadas a derrocar por la vía del terror al gobierno bolivariano.
La debilidad de Obama y el riesgo intervencionista
En ese contexto, los días 11 y 12 de febrero el gobierno venezolano
anunció haber desarticulado un “atentado golpista” que contaba con la
participación de oficiales activos y retirados de la aviación militar y
otros elementos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y cuyo
objetivo era bombardear desde un avión Tucano el Palacio de Miraflores y
matar al presidente Nicolás Maduro. Otros blancos de la llamada
Operación Jericó eran el Ministerio de Defensa y los estudios del canal
de televisión Telesur, para sembrar caos y confusión.
Es previsible que ante el nuevo fracaso golpista, y dado el interés
geopolítico en la estrategia subversiva de Washington hacia Venezuela,
el presidente Obama y sus aliados de la ultraderecha regional intentarán
enrarecer el clima de la próxima Cumbre de las Américas, prevista para
la segunda semana de abril en Panamá. Con la “declaración de guerra” de
Obama, queda claro que a Estados Unidos no le interesa la democracia ni
los derechos humanos en Venezuela; lo que le importa es el petróleo y la
posición geográfica del país sudamericano. El interés de la Casa Blanca
es reafirmar su política de dominación regional, desafiada por China y
Rusia; restaurar el tradicional control en su zona de influencia, hoy
resistida como nunca antes por los países agrupados en la UNASUR, la
CELAC y el ALBA.
En la coyuntura, las palabras de Obama al acusar a Venezuela como una
“amenaza” a la seguridad nacional de Estados Unidos, además de
ridículas, son una clara expresión de la evolución clásica de las
políticas de agresión imperial, que van de la ruptura del orden
constitucional, los golpes suaves y las revoluciones de colores a una
eventual intervención militar directa del Pentágono. Como denunció el ex
vicepresidente venezolano José Vicente Rangel, Washington dispone de
mil 600 paramilitares listos en la frontera de Colombia, frente a los
estados Zulia y Táchira, 800 en cada zona limítrofe. Ése es el verdadero
peligro en la hora.
En ese contexto, la guerra mediática y económica y la imposición de
sanciones de Estados Unidos al gobierno venezolano sólo debilitan la
imagen de Obama de cara a la VII Cumbre de las Américas organizada por
la OEA (Organización de Estados Americanos). Nicolás Maduro llegará a la
cita con el apoyo y el respaldo internacional, y queda claro que al
defender a Venezuela, los presidentes de los países del área están
defendiendo la soberanía y la unidad de Nuestra América martiana y
bolivariana.
