Por Azalea Robles / Resumen Latinoamericano/
07/05/15.- Las contradicciones entre acumulación de capital
y supervivencia de la humanidad y del planeta alcanzan niveles
ostensiblemente críticos, el complejo militaro-industrial implementa
cada vez más guerras para seguir su crecimiento perverso. En este
contexto aparece como un imperativo ético y político el análisis medular
de las guerras: no podemos ya contentarnos con las explicaciones
postizas y seudo antropológicas de “guerras tribales” o de “no hay
cultura de paz en esos pueblos”: pronunciamientos cuya
naturaleza distila colonialismo y constituye la argucia para evitar ir
al centro del problema. Evidentemente hay plétora de seudo estudios e
instituciones que difunden, algunos más sutilmente que otros,
esas premisas cosméticas. Aquellos que tienen un altísimo interés en
impedir la comprensión de la realidad, y por consiguiente la posibilidad
concreta de transformación de la misma, financian estos tanques
de pensamiento.
1. ‘Cultura de Aceptación del Saqueo’ disfrazada de ‘Cultura de Paz’
Sería digna de aguaceros de risas en una representación de teatro grotesco, la existencia de “Estudios de Preservación del Medio Ambiente”, financiados por la industria farmacéutica o petrolera, o bien la existencia de “Cátedras de Cultura de Paz” cuya línea se dedica a esquivar el análisis de la raíz de la guerra. Cátedras impartidas en Europa o EEUU, en países en los que radican las principales empresas fabricantes de armas, y las depredadoras energéticas: unas cátedras que se centran en “enseñarles” a becados provenientes de países como el Congo, Afganistán, Colombia, etc, la manera de ser más “pacíficos”, de “resolver los conflictos desde la civilidad” y de “desarrollar una cultura de paz”, obviando olímpicamente que la guerra y la paz tienen raíces económicas y se desarrollan en contextos de desigualdad social, y no son meros asuntos de Cultura. Así los países que dedican millonarios presupuestos en guerras imperialistas y cuya supremacía mundial radica en una historia de prácticas colonialistas y genocidas, muy lejanas de la Cultura de Paz que pregonan de fachada, imparten cátedras de asimilación mental a la cultura de la aceptación del saqueo más desmedido, a la vez que ‘bombardean humanitariamente’ en su relance colonial. Así los becarios de países que sufren la voracidad capitalista de las guerras por el saqueo de los recursos, son adiestrados en la retórica que sirve para perder de vista el núcleo del problema; es el zorro enseñándoles a las gallinas con qué salsa deben ser comidas.
Los apelativos “guerras tribales” y demás expresiones consagradas en el campo semántico destinado a prolongar el estatus quo, encubren guerras por la acumulación de recursos, guerras fomentadas con fines geopolíticos y económicos claramente definidos por los verdaderos ‘Señores de la guerra’ que son los fabricantes de armas, los mercaderes de la energía, de la alimentación industrial, y las multinacionales de químicos, todos motores de la maquinaria depredadora del planeta.
Los países concebidos en la lógica global capitalista como ‘bodegas de recursos’, cada día sufrirán de manera más cruenta la violencia del saqueo y su correlativo empobrecimiento, que a la vez causa éxodos masivos. Hay una carrera del gran capital por hacerse cada día con más recursos planetarios.
El estudio del caso colombiano arroja luces indeclinables sobre la realidad mundial: es una muestra en quintaesencia del capitalismo. Por esta razón hay un constante esfuerzo mediático en tergiversar la realidad colombiana, en invisibilizarla e impedir la comprensión de una realidad que es una radiografía de las mestástasis más atroces del sistema capitalista. La resistencia del pueblo colombiano es asimismo tergiversada e invisibilizada en ese esfuerzo constante de los monopolios de difusión de implementar la guerra mediática contra la comprensión de la realidad, haciéndo ver a las resistencias populares como “terrorismo”. El estudio a las fuentes de los sujetos históricos y sociales deviene una verdadera hazaña en medio del amedrentamiento contra la investigación social y el pensamiento crítico: no obstante su peligrosidad, ese estudio es indispensable.
2. Acumulación capitalista y Terrorismo de Estado en Colombia
En la realidad colombiana se plasma el despojo y reacomodo territorial destinado a escala planetaria a todas las zonas que presenten un interés económico; una lógica capitalista que no admite escrúpulos y constituye un ecocidio doblado de un genocidio. En Colombia son acicateadas las estrategias del Terror correlativas al saqueo capitalista. Estas son también exportadas como método de control social, sabotaje, exterminio de la reivindicación y contrainsurgencia a países de la región (México, Honduras, Venezuela, etc).
Las cifras del Terrorismo de Estado en Colombia son elocuentes: según un reciente informe, un total de 19 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia durante el primer trimestre de 2015, y otros 276 fueron agredidos [1]. Otro informe documenta que Colombia es el segundo país líder en el asesinato de ambientalistas en el mundo, con 25 asesinados en el 2014 [2] . El 80% de las violaciones a los derechos humanos y el 87% de los desplazamientos poblacionales han ocurrido en regiones donde las multinacionales operan la explotación minera. El 78% de los atentados contra sindicalistas fueron contra aquellos que trabajan en el área minero-energética [3].
La planificación de la acumulación de tierras mediante el despojo violento se expresa en la existencia de 6,3 millones de personas despojadas y desplazadas de sus tierras para beneficio del gran capital, millones de personas malviviendo en cinturones de miseria [4]. El despojo se acelera: el 40% del territorio colombiano está pedido en concesión por multinacionales [5].
El Terrorismo de Estado se expresa también en: 9.500 presos políticos [6]; la eliminación física de un partido político: La Unión Patriótica (5.000 personas asesinadas por las herramientas paramilitares y oficiales del Estado)[7]. El exterminio contra la oposición política es tal que: “En Colombia se cometen el 60% de los asesinatos de sindicalistas que se presentan en todo el mundo, por una violencia histórica, estructural, sistemática y selectiva que se convirtió en pauta de comportamiento del Estado colombiano”, según denuncia la CUT [8]. El Tribunal Sindical Mundial condenó al Estado colombiano: “por ser responsable de los hechos sistemáticos de violación del principio de libertad sindical, en calidad de autor directo, coautor, cómplice o encubridor de homicidios, lesiones, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, atentados(…)”[9].
El genocidio se plasma en los niveles de desaparición forzada: la ONU estima que más de 57.200 personas han sido desaparecidas en Colombia [10]. Un informe de la Fiscalía documenta: 173.183 asesinatos y 34.467 desapariciones forzadas, cometidos por la herramienta paramilitar, en un lapso de solo 5 años [11] . Una estimación de Piedad Córdoba, basada en el cotejo de informes y el conocimiento de la sistemática subvaloración de los registros oficiales, cifró en unos 250.000 los desaparecidos en 20 años [12]. La Coordinación Colombia-Europa-EEUU expresó que hay un: “continuo aumento de los casos(…) Las desapariciones forzadas han sido usadas históricamente como un instrumento de persecución política y de control social basado en el terror, perpetrado por agentes del Estado y por grupos paramilitares que actúan con su tolerancia, omisión y aquiescencia y que se benefician de la impunidad(…) Las desapariciones forzadas forman parte de una práctica sistemática de ataques contra la población civil, que han sido funcionales al sostenimiento de las élites sociales, políticas y económicas del país”[13]. Hay mecanismos para la impunidad: “El subregistro de casos de desaparición forzada, la impunidad que se consolida con diversos mecanismos legales y sociales y la presencia de los perpetradores en las comunidades (…) Muchos casos no se denuncian por la mala administración de justicia, la ineficacia de los mecanismos de denuncia, el ambiente generalizado de temor e intimidación que viven los familiares de las víctimas, sus abogados, los testigos(…)[Ibíd.]. Se suman las leyes que excluyen a gran parte de las víctimas de desaparición forzada de los registros, las leyes que amplían el accionar represivo de la policía, y las leyes que intentan cobijar de impunidad a los responsables: “el Gobierno del presidente Santos está promoviendo un nuevo marco normativo con preocupantes limitaciones a los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas.” [14]
La mayor fosa común de Latinoamérica fue hallada detrás del batallón militar en la Macarena, con 2000 cadáveres de desaparecidos por la Fuerza Omega del Plan Colombia, fuerza que tiene estrecha ‘asesoría’ estadounidense [15].
3. Planificación de los Crímenes de Estado en el marco de la lógica de “disuadir la reivindicación mediante el terror”
Hay una lógica en el Terrorismo de Estado: y es que a mayor tortura y degradación de las víctimas, mayor alcance del “mensaje disuasivo” en las comunidades. La estrategia de la disuasión mediante el terror está teorizada en los manuales del ejército: se concibe a la población como “el enemigo interno”, y se preconiza claramente el empleo de una herramienta paramilitar para realizar las masacres y torturas. El paramilitarismo fue preconizado para Colombia desde la misión estadounidense Yarborough [16], y reiteradamente apuntalado hasta nuestros días. La herramienta paramilitar es adiestrada para torturar, y entrenada por (de)formadores de EEUU e Israel, como el mercenario Yair Klein [17]. Se trata de perpetrar Crímenes de Estado como el crimen contra la niña Alida Teresa Arzuaga, de 9 años, violada y asesinada para torturar a su padre (preso político), a la par que inyectar miedo en la oposición política[18]; o como la masacre de la familia del militante comunista y de la UP Julián Vélez, cuyo hijo fue torturado y castrado [19].
Se trata, en el marco de esta planificación del Terror Estatal, de perpetrar masacres como la masacre de Mapiripán. Los paramilitares fueron trasladados en aviones del ejército del norte al sur de Colombia, y llevados por el ejército al sitio de la masacre [20]. Estuvieron amputando y violando durante 10 días
Sería digna de aguaceros de risas en una representación de teatro grotesco, la existencia de “Estudios de Preservación del Medio Ambiente”, financiados por la industria farmacéutica o petrolera, o bien la existencia de “Cátedras de Cultura de Paz” cuya línea se dedica a esquivar el análisis de la raíz de la guerra. Cátedras impartidas en Europa o EEUU, en países en los que radican las principales empresas fabricantes de armas, y las depredadoras energéticas: unas cátedras que se centran en “enseñarles” a becados provenientes de países como el Congo, Afganistán, Colombia, etc, la manera de ser más “pacíficos”, de “resolver los conflictos desde la civilidad” y de “desarrollar una cultura de paz”, obviando olímpicamente que la guerra y la paz tienen raíces económicas y se desarrollan en contextos de desigualdad social, y no son meros asuntos de Cultura. Así los países que dedican millonarios presupuestos en guerras imperialistas y cuya supremacía mundial radica en una historia de prácticas colonialistas y genocidas, muy lejanas de la Cultura de Paz que pregonan de fachada, imparten cátedras de asimilación mental a la cultura de la aceptación del saqueo más desmedido, a la vez que ‘bombardean humanitariamente’ en su relance colonial. Así los becarios de países que sufren la voracidad capitalista de las guerras por el saqueo de los recursos, son adiestrados en la retórica que sirve para perder de vista el núcleo del problema; es el zorro enseñándoles a las gallinas con qué salsa deben ser comidas.
Los apelativos “guerras tribales” y demás expresiones consagradas en el campo semántico destinado a prolongar el estatus quo, encubren guerras por la acumulación de recursos, guerras fomentadas con fines geopolíticos y económicos claramente definidos por los verdaderos ‘Señores de la guerra’ que son los fabricantes de armas, los mercaderes de la energía, de la alimentación industrial, y las multinacionales de químicos, todos motores de la maquinaria depredadora del planeta.
Los países concebidos en la lógica global capitalista como ‘bodegas de recursos’, cada día sufrirán de manera más cruenta la violencia del saqueo y su correlativo empobrecimiento, que a la vez causa éxodos masivos. Hay una carrera del gran capital por hacerse cada día con más recursos planetarios.
El estudio del caso colombiano arroja luces indeclinables sobre la realidad mundial: es una muestra en quintaesencia del capitalismo. Por esta razón hay un constante esfuerzo mediático en tergiversar la realidad colombiana, en invisibilizarla e impedir la comprensión de una realidad que es una radiografía de las mestástasis más atroces del sistema capitalista. La resistencia del pueblo colombiano es asimismo tergiversada e invisibilizada en ese esfuerzo constante de los monopolios de difusión de implementar la guerra mediática contra la comprensión de la realidad, haciéndo ver a las resistencias populares como “terrorismo”. El estudio a las fuentes de los sujetos históricos y sociales deviene una verdadera hazaña en medio del amedrentamiento contra la investigación social y el pensamiento crítico: no obstante su peligrosidad, ese estudio es indispensable.
2. Acumulación capitalista y Terrorismo de Estado en Colombia
En la realidad colombiana se plasma el despojo y reacomodo territorial destinado a escala planetaria a todas las zonas que presenten un interés económico; una lógica capitalista que no admite escrúpulos y constituye un ecocidio doblado de un genocidio. En Colombia son acicateadas las estrategias del Terror correlativas al saqueo capitalista. Estas son también exportadas como método de control social, sabotaje, exterminio de la reivindicación y contrainsurgencia a países de la región (México, Honduras, Venezuela, etc).
Las cifras del Terrorismo de Estado en Colombia son elocuentes: según un reciente informe, un total de 19 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia durante el primer trimestre de 2015, y otros 276 fueron agredidos [1]. Otro informe documenta que Colombia es el segundo país líder en el asesinato de ambientalistas en el mundo, con 25 asesinados en el 2014 [2] . El 80% de las violaciones a los derechos humanos y el 87% de los desplazamientos poblacionales han ocurrido en regiones donde las multinacionales operan la explotación minera. El 78% de los atentados contra sindicalistas fueron contra aquellos que trabajan en el área minero-energética [3].
La planificación de la acumulación de tierras mediante el despojo violento se expresa en la existencia de 6,3 millones de personas despojadas y desplazadas de sus tierras para beneficio del gran capital, millones de personas malviviendo en cinturones de miseria [4]. El despojo se acelera: el 40% del territorio colombiano está pedido en concesión por multinacionales [5].
El Terrorismo de Estado se expresa también en: 9.500 presos políticos [6]; la eliminación física de un partido político: La Unión Patriótica (5.000 personas asesinadas por las herramientas paramilitares y oficiales del Estado)[7]. El exterminio contra la oposición política es tal que: “En Colombia se cometen el 60% de los asesinatos de sindicalistas que se presentan en todo el mundo, por una violencia histórica, estructural, sistemática y selectiva que se convirtió en pauta de comportamiento del Estado colombiano”, según denuncia la CUT [8]. El Tribunal Sindical Mundial condenó al Estado colombiano: “por ser responsable de los hechos sistemáticos de violación del principio de libertad sindical, en calidad de autor directo, coautor, cómplice o encubridor de homicidios, lesiones, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, atentados(…)”[9].
El genocidio se plasma en los niveles de desaparición forzada: la ONU estima que más de 57.200 personas han sido desaparecidas en Colombia [10]. Un informe de la Fiscalía documenta: 173.183 asesinatos y 34.467 desapariciones forzadas, cometidos por la herramienta paramilitar, en un lapso de solo 5 años [11] . Una estimación de Piedad Córdoba, basada en el cotejo de informes y el conocimiento de la sistemática subvaloración de los registros oficiales, cifró en unos 250.000 los desaparecidos en 20 años [12]. La Coordinación Colombia-Europa-EEUU expresó que hay un: “continuo aumento de los casos(…) Las desapariciones forzadas han sido usadas históricamente como un instrumento de persecución política y de control social basado en el terror, perpetrado por agentes del Estado y por grupos paramilitares que actúan con su tolerancia, omisión y aquiescencia y que se benefician de la impunidad(…) Las desapariciones forzadas forman parte de una práctica sistemática de ataques contra la población civil, que han sido funcionales al sostenimiento de las élites sociales, políticas y económicas del país”[13]. Hay mecanismos para la impunidad: “El subregistro de casos de desaparición forzada, la impunidad que se consolida con diversos mecanismos legales y sociales y la presencia de los perpetradores en las comunidades (…) Muchos casos no se denuncian por la mala administración de justicia, la ineficacia de los mecanismos de denuncia, el ambiente generalizado de temor e intimidación que viven los familiares de las víctimas, sus abogados, los testigos(…)[Ibíd.]. Se suman las leyes que excluyen a gran parte de las víctimas de desaparición forzada de los registros, las leyes que amplían el accionar represivo de la policía, y las leyes que intentan cobijar de impunidad a los responsables: “el Gobierno del presidente Santos está promoviendo un nuevo marco normativo con preocupantes limitaciones a los derechos de las víctimas de desapariciones forzadas.” [14]
La mayor fosa común de Latinoamérica fue hallada detrás del batallón militar en la Macarena, con 2000 cadáveres de desaparecidos por la Fuerza Omega del Plan Colombia, fuerza que tiene estrecha ‘asesoría’ estadounidense [15].
3. Planificación de los Crímenes de Estado en el marco de la lógica de “disuadir la reivindicación mediante el terror”
Hay una lógica en el Terrorismo de Estado: y es que a mayor tortura y degradación de las víctimas, mayor alcance del “mensaje disuasivo” en las comunidades. La estrategia de la disuasión mediante el terror está teorizada en los manuales del ejército: se concibe a la población como “el enemigo interno”, y se preconiza claramente el empleo de una herramienta paramilitar para realizar las masacres y torturas. El paramilitarismo fue preconizado para Colombia desde la misión estadounidense Yarborough [16], y reiteradamente apuntalado hasta nuestros días. La herramienta paramilitar es adiestrada para torturar, y entrenada por (de)formadores de EEUU e Israel, como el mercenario Yair Klein [17]. Se trata de perpetrar Crímenes de Estado como el crimen contra la niña Alida Teresa Arzuaga, de 9 años, violada y asesinada para torturar a su padre (preso político), a la par que inyectar miedo en la oposición política[18]; o como la masacre de la familia del militante comunista y de la UP Julián Vélez, cuyo hijo fue torturado y castrado [19].
Se trata, en el marco de esta planificación del Terror Estatal, de perpetrar masacres como la masacre de Mapiripán. Los paramilitares fueron trasladados en aviones del ejército del norte al sur de Colombia, y llevados por el ejército al sitio de la masacre [20]. Estuvieron amputando y violando durante 10 días
Veteranos
y autoridades de Sebastopol rindieron homenaje a los caídos en la
defensa de esa Ciudad Héroe. Aquí, maniobras de la flota del Mar Negro.
Un veterano de la II Guerra Mundial, momentos antes del inicio del desfile en la Plaza Roja. Foto: Alexander Zemlianichenko/ AP
