Caracas, 11 Nov. AVN.- Luego de 10 años de los hechos de El Caracazo, el 11 de noviembre de 1999, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) reconoció la violación del derecho a la vida, la libertad e integridad personal, las garantías y protección judicial de 44 víctimas presentadas por la organización no gubernamental Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo 1989 (Cofavic).
La miseria, el desempleo y la exclusión generaron el estallido social del 27 y 28 febrero y 1° de marzo de 1989, también conocidos como El Caracazo, de acuerdo con cifras oficiales dejaron un saldo de 276 muertos, numerosos lesionados, varios desaparecidos y cuantiosas pérdidas materiales. Sin embargo, dicha lista fue desvirtuada por la posterior aparición de fosas comunes. El número de muertos y de heridos aún es indeterminado. Se habla de unos 3.000.
La máscara de democracia en los gobiernos fue afianzada frente a la mirada complaciente de los organismos internacionales. La muestra: 10 años de espera de la sentencia de Corte IDH, cuya competencia es aplicar las disposiciones de la Convención sobre Derechos Humanos.
Hace 14 años, el 10 de noviembre de 1999, fue la primera vez que un gobierno fijó postura como un acto de justicia ante estos hechos. Aquel día se celebró una audiencia en la que el presidente de la República, Hugo Chávez, reconoció voluntariamente la responsabilidad del Estado en estos sucesos.
Cicatriz negada a sellar
El estallido social fue resultado de una fuerte crisis social y económica, derivadas de políticas sostenidas desde 1958 pero agravadas tras la admisión de ajustes macroeconómicos impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que fueron presentadas al país el 16 de febrero de 1989 por el entonces presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, del partido Acción Democrática (AD).
Para 1989 la pobreza general rondaba 60% de los hogares venezolanos y la pobreza extrema alcanzaba el 27%, mientras que el desempleo se ubicaba cerca de 20% de la población económicamente activa, carente además de servicios básicos.
El paquete económico, entre sus principales disposiciones, establecía recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial (BM), con el fin de obtener un préstamo por el orden de los 4.500 millones de dólares en los tres próximos años bajo rigurosas condiciones como: liberación de tasas de interés activas y pasivas, unificación cambiaria con la eliminación de la tasa preferencial, liberación de los precios de todos los productos.
Asimismo, regulación de 18 productos de la cesta básica, incremento de las tarifas de servicios públicos, aumento del 100% del precio de la gasolina y el aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30%, medidas que sin duda producirían un inevitable estallido social.
Lunes. El 27 de febrero, las 6:00 de la mañana. El pueblo trabajador alzó su voz, tras enterarse de la eliminación arbitraria del beneficio del medio pasaje estudiantil y de las nuevas tarifas que pretendían imponer los conductores del transporte público. Tarifas que superaban las aprobadas por el gobierno, y que hasta ese momento no habían sido publicadas en Gaceta Oficial.
Las protestas espontáneas comenzaron en Guarenas por los usuarios del transporte interurbano. Al reclamo se sumaron decenas de pasajeros del terminal de Nuevo Circo—en su mayoría usuarios de la ruta Caracas-Guarenas-Guatire—, quienes decidieron tomar la avenida Lecuna hasta la avenida Bolívar, para protestar el alza.
A esta expresión de disconformidad, se le sumaron más personas de forma voluntaria. Luego se replicaron las acciones en los estados Vargas, Mérida y otras localidades del país, originando una serie de saqueos y protestas. En respuesta, el pueblo fue objeto de una represión brutal por parte de un gobierno con disfraz democrático, pero hundido en la malformación moral.
"El Caracazo fue el divorcio entre la sociedad civil y los que hacían política. La población que se lanzó a la calle el 27 de febrero de 1989 no tuvo conducción alguna, no hubo liderazgo efectivo que pudiese contener esa furia popular. Lo que movilizó la conciencia de buena parte de la sociedad fue la acción tan brutal que tomó el Gobierno ante este fenómeno. Pérez reaccionó masacrando al pueblo y se deslegitimó con la represión", explica el historiador Lionel Muñoz, en una entrevista concedida en diciembre de 2010.
La benevolencia
Los primeros 10 años, después de los sucesos de El Caracazo, la justicia para quienes se les violentaron sus derechos sólo por defender su dignidad, se mantuvo como un crimen sin castigo.
Chávez fue el primero en fijar postura frente a los sucesos de febrero y marzo de 1989. El 10 de noviembre reconoce la responsabilidad del Estado. Hasta ese momento, la Corte IDH no se pronunció al respecto.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos "no conoció" de El Caracazo hasta la denuncia interpuesta, en 1995, por el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo 1989 (Cofavic), organización no gubernamental. Una vez conocida la causa, le tomó luego siete años para presentarla ante la Corte IDH (7 de junio de 1999).
Es así, como un fallo de la Corte IDH, 10 años después de la masacre al pueblo venezolano, ordenó al Estado venezolano indemnizar a los familiares de 44 personas asesinadas durante la revuelta social, todas representadas por Cofavic.
El 11 de noviembre de 1999 la Corte IDH reconoce la violación del derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de las 44 víctimas representadas por la Cofavic.
Esas víctimas son Miguel Angel Aguilera La Rosa, Armando Antonio Castellanos Canelones, Luis Manuel Colmenares, Juan José Garrido Blanco, Daniel Guevara Ramos, Gustavo Pedro Guía Laya, Mercedes Hernández Gonzáles, Crisanto Mederos, Francisco Antonio Moncada Gutiérrez, Héctor Ortega Zapata, Richard José Páez Páez, Carlos Elías Ojeda Parra, José del Carmen Pirela León.
Igualmente, José Vicente Pérez Rivas, Jorge Daniel Quintana, Wolfgang Waldemar Quintana Vivas, Yurima Milagros Ramos Mendoza, Iván Rey, Rubén Javier Rojas Campos, Esteban Luciano Rosillo García, Leobardo Antonio Salas Guillén, Tirso Cruz Tezara Álvarez, José Miguel Liscano Betancourt, Juan Acasio Mena Bello, Benito del Carmen Aldana Bastidas.
También Jesús Calixto Blanco, Boris Eduardo Bolívar Marcano, Jesús Alberto Cartaya, Julio César Freites, Héctor Lugo Cabriles, José Ramón Montenegro, Elsa Ramírez Caminero, Sabas Reyes Gómez, Fidel Romero Castro, Alís Flores Torres, Roberto Valbuena Borjas y José Valero Suárez. Todos asesinados en esos días de febrero y marzo de 1989.
La sentencia también recoge la violación del derecho a la libertad individual contra Luis Manuel Colmenares, Boris Eduardo Bolívar Marcano, José Ramón Montenegro, Juan Acasio Mena Bello y José Miguel Liscano Betancourt; y la violación del derecho a la integridad personal en perjuicio de Gregoria Matilde Castillo, Henry Herrera Hurtado y Noraima Sosa Ríos.
Desde el nacimiento de dicha institución en 1959 y hasta la llegada del presidente Hugo Chávez al poder en el 1999, la Corte IDH sólo emitió cinco decisiones condenando las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, aunque fueron 40 años marcados por la violación sistemática de los derechos humanos.
Muchos son los casos que lo prueban. El Caracazo es uno de ellos. Sin duda, otra fotografía de la sórdida política del pasado reciente.
No a la impunidad
El presidente Hugo Chávez, además de reconocer la responsabilidad del Estado, en el año 2006, a través del Ministerio de Interior y Justicia, anunció mecanismos para indemnizar también a las víctimas que no tuvieron acceso a la Corte IDH.
"Aun cuando el paso del tiempo se conjugó con la dejadez investigativa para generar la sensación de justicia imposible, el Ministerio Público asumió desde 2009 la encomiable misión de buscar la verdad, con fiscales dedicados exclusivamente a la labor de dirigir las investigaciones, demostrando hoy que sí es posible no sólo individualizar e identificar los restos de varias de las víctimas fatales de tal acontecimiento, sino también transitar hacia el establecimiento de la responsabilidad penal de quienes participaron en dichos hechos", manifestó la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, en un artículo de opinión, de fecha 24 de febrero de 2012.
El Ministerio Público ha adelantado desde el año 2000 las actuaciones con la finalidad de sancionar a los responsables de las numerosas muertes ocurridas durante los hechos de El Caracazo. Hasta la fecha cursan más de 330 causas ante el organismo.
En el mismo artículo de opinión—publicado en el diario Últimas Noticias y titulado Conmemorando El Caracazo—indicó que gracias a las labores realizadas por el Ministerio Público, se ha logrado la indemnización de víctimas y familiares de víctimas relacionadas con 152 casos; a la vez, con reconocidos expertos en genética, antropología, odontología y patología forense se exhumaron 125 osamentas en el Cementerio General del Sur, y luego de un estudio técnico y científico se logró determinar que la mayoría murieron durante estos sucesos.
Hasta el momento se han dictado seis acusaciones contra personas que para el momento de El Caracazo ejercían cargos públicos: Italo del Valle Allegro, ministro de la Defensa para la época; Virgilio Ávila Vivas, ex gobernador del Distrito Capital; Freddy Maya Cardona, ex comandante del Comando Regional Nº 5 de la Guardia Nacional (GN); Rafael Vidal Orsoni, ex comandante de la extinta Policía Metropolitana (PM); Luis Guillermo Fuentes, ex segundo comandante de la PM, y Manuel Heinz Azpúrua, ex comandante del Comando Estratégico Operacional.
