La semana
pasada los medios comunitarios, alternativos y populares, nucleados en
el espacio Interredes, se movilizaron al Ente Nacional de Comunicaciones
(ENACOM). Más de 300 personas se unieron para reclamar la ejecución del
presupuesto y la
aplicación de las medidas correspondientes a lo acordado con el Fondo
de Fomento Concursable de Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), a
fines del 2015. La demanda también apuntó a otras irregularidades, como
la habilitación de los canales comunitarios que ganaron concursos
públicos en televisión digital, la persecución, los decomisos y la
discusión de una nueva ley de medios.
El pasado miércoles 27 de julio,
agrupaciones de medios comunitarios, alternativos y populares de todo el
país se concentraron en las puertas del ENACOM para exigir un diálogo
que parece estar clausurado desde que el decreto 267/2015 modificó la
Ley Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), a días del ascenso del
actual gobierno. A partir de la movilización, el actual presidente del
Ente, Miguel de Godoy, acordó una reunión con los representantes de
Interredes para el próximo jueves 4 de agosto.
El FOMECA, aún vigente luego del decreto,
fue creado por la Ley 26.522 para efectuar la redistribución del 10% de
los recursos recaudados por la autoridad de aplicación, proveniente de
los gravámenes y multas a los grandes medios. De acuerdo a la
normativa, el dinero debe destinarse a “proyectos especiales de
comunicación audiovisual comunitarios, de frontera y de los pueblos
originarios”, para la inversión en equipos que permitan la renovación
tecnológica y el desarrollo de contenidos. Gracias a esta disposición,
el sector de medios comunitarios logró un crecimiento considerable que
nunca antes había obtenido.
El FOMECA se encuentra suspendido desde
fines del 2015, adeudando el pago de cuotas de millones de pesos a 300
medios comunitarios que ganaron los fondos, luego de la oportuna
evaluación de sus proyectos y de la firma de los convenios
correspondientes.
Sin embargo, el FOMECA se encuentra suspendido desde fines del 2015,
adeudando el pago de cuotas de millones de pesos a 300 medios
comunitarios que ganaron los fondos, luego de la oportuna evaluación de
sus proyectos y de la firma de los convenios correspondientes. La
situación afecta las posibilidades de existencia y continuidad de los
medios en cuestión, que no pueden afrontar las dificultades financieras
sin el auxilio de las partidas. Esto se suma al atraso de las
convocatorias oficiales para los concursos de 2016, peligrando la
ejecución del presupuesto de los fondos en lo que resta del año.
Además, Interredes reclama la
habilitación de los canales comunitarios que ganaron concursos públicos
en televisión digital abierta (TDA). Luego de un largo proceso,
Barricada TV, Urbana TV y Pares TV se convirtieron en los tres primeros
proyectos comunitarios adjudicatarios de licencias desde que se sancionó
la Ley de Medios. La legalización fue oficialmente aprobada el pasado
mes de diciembre de 2015, después de un año de evaluaciones y propuestas
de programación. En abril de 2016, los canales presentaron finalmente
sus carpetas técnicas para iniciar las pruebas de transmisión que, a
pesar del arduo camino, se ven obstaculizadas.
De acuerdo a las resolución 35/AFSCA/15,
aún vigente, los canales 9, 11 y 13, que operaban “experimentalmente” en
TDA, debían mudarse a los espacios que les fueron asignados en la
reorganización de la grilla pautada, luego de que se resolvieran los
concursos para las nuevas emisoras, como efectivamente sucedió en
diciembre de 2015.
Barricada TV y Urbana Tv son legítimos licenciatarios de los canales
digitales 33.1 y 33.2 en la Ciudad de Buenos Aires. La frecuencia fue
reservada para las transmisiones de baja potencia, es decir con 10,3
kilómetros de alcance. De acuerdo a las resolución 35/AFSCA/15, aún
vigente, los canales 9, 11 y 13, que operaban “experimentalmente” en
TDA, debían mudarse a los espacios que les fueron asignados en la
reorganización de la grilla pautada, luego de que se resolvieran los
concursos para las nuevas emisoras, como efectivamente sucedió en
diciembre de 2015. Canal 13 tiene que entonces trasladarse al 35,
continuando con sus transmisiones de alta potencia, y liberar así el 33
para la televisión comunitaria. Hasta tanto esto no suceda, la
interferencia imposibilita a los licenciatarios a completar las pruebas
técnicas necesarias para entrar en pleno funcionamiento.
Pero la empresa Arte Radiotelevisivo
Argentino (ARTEAR), productora y emisora de Grupo Clarín, se niega a
efectuar el cambio y solicitó a la Justicia una medida cautelar
rechazando las adjudicaciones de licencias y el reordenamiento de la
grilla. Argumenta que la mudanza, calificada de “forzosa”, generaría
costos económicos que no estaría dispuesta a enfrentar y que los medios
comunitarios representan una “competencia desleal”, al ser considerados
sin fines de lucro y vender publicidad como los medios comerciales. Sin
embargo, sería ingenuo suponer que un canal comunitario y autogestivo
como Barricada TV podría representar amenaza o competencia alguna para
una de los multimedios más grandes del país.
Desde la desaparición del AFSCA y el
AFTIC y la posterior creación del ENACOM, los medios comunitarios,
alternativos y populares perdieron la representación con la que contaban
para hacer escuchar sus voces.
Desde la desaparición del AFSCA y el AFTIC y la posterior creación del
ENACOM, los medios comunitarios, alternativos y populares perdieron la
representación con la que contaban para hacer escuchar sus voces. Pese a
esto, siguen intentando entablar un diálogo que valorice la
comunicación como derecho humano y no como un mero negocio mercantil.
Fuente:La Primera Piedra
