Caracas, 02 Oct. AVN.- La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, acudió este miércoles al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para introducir la solicitud de antejuicio de mérito contra la diputada de derecha María Mercedes Aranguren.
Señaló, en rueda de prensa, que la solicitud es "con fundamento a la presunción de los delitos de peculado doloso, legitimación de capitales y asociación para delinquir".
Apuntó que el Ministerio Público está solicitando este antejuicio de mérito debido a irregularidades en el funcionamiento de una empresa que fue constituida por el exgobernador del estado Monagas, José Gregorio Briceño, cuyo nombre era Administradora Inmobiliaria Monumental de Maturín C.A, creada para el mantenimiento y la conservación del estadio Monumental de Maturín y que estaba presidida por la referida legisladora.
"Fue creada para durar 50 años, pero solo duró 8 meses. Fue liquidada no por el procedimiento normal sino a través de un decreto hecho por el propio Gobernador, en ese momento. Fue una empresa de maletín, presumimos que fue constituida para cometer irregularidades en detrimento del patrimonio público", dijo la Fiscal.
Al respecto, explicó que dentro de las irregularidades que se detectaron se encontraron que la compañía contrató con empresas extranjeras y en dólares, sin la debida autorización del Estado venezolano.
"Hubo contratos por el monto de los Bs. 4.800.000, Bs. 3.000.000 y Bs. 380.000, entre otros", acotó y agregó que dicha empresa tenía un capital de 10 mil bolívares, sin embargo, hizo contratos por los montos referidos, excediéndose de la capacidad que tenía inicialmente.
Asimismo, Ortega Díaz comentó que para honrar los compromisos con los artistas extranjeros, el exgobernador Briceño hizo una transferencia sin la autorización prevista en la ley.
"Cuando se hacen transferencias, porque no está presupuestado dentro de la partida un dinero para una hacer una actividad, esto debe ser autorizado y en este caso no se hizo", añadió.
Debido a que los contratos se hicieron en dólares la diputada Aranguren, en calidad de presidenta de la empresa, procedió a comprar divisas a través de las casas de cambio y no solicitando el dinero en la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), pues no estaba inscrita en el ente regulador, remarcó.
"El Estado tuvo una perdida de casi Bs. 5.000.000 solamente en esa negociación que se hizo en las casas de bolsa, por parte de esta ciudadana. Igualmente, los dólares fueron pagados en empresas extranjeras y en cuentas que no estaban en Venezuela", dijo la Fiscal.
Como otras irregularidades, apuntó que no se exigió fianza en los contratos, lo cual también va en detrimento del patrimonio público, por lo que la empresa fue manejada como si fuera privada y no del Estado, "como era su verdadera naturaleza".
Además, la empresa no informó al ente regulador sobre las ganancias y pérdidas que produjo, no declaró Impuesto Sobre la Renta, tampoco el impuesto municipal por las actividades culturales que había realizado en Monagas y tampoco dio cuenta del dinero que recibió por concepto de taquilla tras los espectáculos en la entidad con artistas internacionales.
"Todas estas operaciones, a criterio del Ministerio Público, se desarrollaron con poca transparencia. Presumimos la irregularidad y la presunción de la comisión de algunos delitos como es el peculado doloso propio, la legitimación de capitales y el delito de asociación para delinquir", sentenció.
Manifestó que corresponderá al Tribunal Supremo de Justicia determinar si admite o no la acción, si convoca la audiencia prevista en el Código Órgano Procesal Penal y en la Ley Orgánica del TSJ.
Recordó que este caso fue denunciado en el año 2008 por distintas personas residenciadas en Monagas, cuando Aranguren no ejercía como diputada, con lo cual descartó la matriz de opinión de que esta investigación sea una retaliación política como han afirmado voceros de derecha.
Detenidos en vuelo Air France
Durante la actividad de este miércoles, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó este miércoles que 23 personas se encuentran privadas de libertad por su presunta vinculación con el decomiso de 1.382 kilos de cocaína, encontrados el pasado 11 de septiembre en París, Francia, tras haber sido transportado en un avión de la aerolínea Air France procedente de Maiquetía, estado Vargas.
Entre los detenidos se encuentran ocho funcionarios de la la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el resto son trabajadores de Air France, del Aeropuerto (Internacional Simón Bolívar) y la esposa de uno de estos funcionarios.
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