Acaparamiento, usura y especulación caracterizan la guerra económica del país

Las prácticas de acaparamiento, usura, especulación y boicot han caracterizado las irregularidades detectadas durante las jornadas de fiscalización e inspección de la segunda fase de la Ofensiva Económica que el Gobierno nacional comenzó el pasado 22 de abril y que hasta ahora ha llegado a más de 1.200 establecimientos, comercializadoras y distribuidoras del país.

Esta segunda etapa busca el control de la aplicación de la Ley Orgánica de Precios Justos, vigente desde el 24 de enero de este año. El propósito es garantizar el equilibrio económico nacional y, lo más importante, defender, proteger y salvaguardar los derechos de la población al acceso a los bienes y servicios declarados o no de primera necesidad, violados por la derecha venezolana como uno de los mecanismos para desestabilizar.

Es así como los voceros de esa extrema derecha han pretendido hacer ver la aplicación de la nueva normativa como “irregular” e “indebida”. Entretanto, se abstienen de pronunciarse contra las prácticas nocivas que atentan contra la economía de la nación y principalmente contra el poder adquisitivo de las familias en Venezuela.

No se trata en consecuencia, de una coyuntura casual. Las cúpulas empresariales han visto trastocados sus privilegios de los últimos años, conscientes de que ahora las riquezas se reparten de manera equitativa y justa. Por ello la guerra va contra la creación de un clima adecuado para equilibrar la economía. Algunos de sus actores están al frente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras).

A pocas semanas de entrar en vigencia la Ley de Precios Justos la directiva de Fedecámaras introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una demanda de nulidad, muestra de sus intensiones de amparar a quienes incurren en la usura y especulación.

Este lunes, 12 de mayo, a casi 4 meses del nacimiento de la Ley, el presidente de la coalición de empresarios, Jorge Roig, se pronunció contra las inspecciones y fiscalizaciones. Pese a las irregularidades demostradas, opinó que deben ser suspendidas las jornadas desarrolladas a través de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.

El artículo 36 de la Ley de Precios Justos señala que para las inspecciones se presentará una notificación al responsable de los sujetos de aplicación de este instrumento. Aclara que la ausencia de un responsable directo no impedirá la ejecución de la inspección, para lo cual se dejará por escrito la constancia de la fiscalización a quien esté a cargo en el momento.

La segunda etapa de las inspecciones comenzaron en abril pasado. En noviembre de 2013 el Ejecutivo lanzó la primera ofensiva económica para combatir los delitos e irregularidades en la importación, distribución y comercialización de productos, con precios que sobrepasaban hasta 7.000 % el valor real del producto.

Equipo fiscalizador
En todo el país se encuentran trabajando 1.869 equipos de fiscalización y supervisión de la segunda etapa de la Ofensiva Económica, llegando a más 1.200 establecimientos, comercializadoras y distribuidoras. Las irregularidades son notificados de manera inmediata al Ministerio Público.

Entre las medidas tomadas por la Superintendencia de Precios Justos se encuentra la publicación del listado de precios justos de las tiendas Tennis Shop, Converse, Everlast, Macuto, RS21 y los vehículos Chrysler y Mitsubishi, de los productos de las empresas LG y Sony, así como de los productos alimenticios como el pollo, el café, el azúcar y el arroz.

AVN