Durante un despliegue del Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía, en el Palacio de Miraflores, Caracas, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, explicó que estas acciones tienen como objetivo lograr equilibrar y transformar los precios, así como la economía nacional.
"Equilibrar transformando como nos ha indicado el presidente de la República, Nicolás Maduro", expresó el Vicepresidente ejecutivo en una transmisión de Venezolana de Televisión.
Desde el pasado 7 de noviembre hasta la fecha, se han realizado más de 500 inspecciones en todo el territorio nacional.
Sólo el día de hoy, se efectuaron 96 jornadas de fiscalización en diferentes establecimientos de expendio de electrodomésticos, alimentos y otros rubros, con el propósito de proteger el salario de los venezolanos.
En las inspecciones participaron funcionarios del Instituto de Defensa para las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (Sudecop), el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), y el Poder Popular organizado.
Arreaza recordó que durante los gobiernos de la Cuarta República el pueblo fue sometido a políticas neoliberales que generaron un "problema estructural", definido por una inflación inducida. Esta situación, explicó, continúa en la actualidad.
Subrayó que la actual guerra económica la inició desde hace muchos años un sector político burgués al que nunca le interesó arriesgar su capital, invertir en el país e industrializarlo, sino mantener sus intereses individuales sin considerar los derechos y las necesidades del pueblo.
"Ellos (la derecha) lo que hicieron fue apropiarse de los recursos que se recibían por el petróleo (...) Era un negocio del cual recibían divisas para fortalecer a una pequeñísima burguesía parasitaria, como bien la ha calificado el presidente Maduro en el país. Una burguesía que no arriesgó, que no invirtió y que se apoderó, además, del poder político", agregó.
Arreaza puntualizó que la burguesía venezolana ha cambiado su metodología para atacar al pueblo venezolano. "Ahora son más silenciosos, pero es el mismo parásito rentista petrolero e improductivo de 2002", apuntó.
Reiteró que la derecha venezolana busca responsabilizar al Gobierno Nacional de la guerra económica que ellos mismos han desatado con usura, acaparamiento y estafas, mientras destacó que los medios de comunicación privados han contribuido a ello.
"Allí está, estos medios de comunicación privados utilizaron la imagen de la venezolana Cleotilde Palomino, una ciudadana que sólo compraba unos productos que hasta el día anterior hubiese sido imposible adquirir, para decir que era una saqueadora y que había roto la vidrieras. ¡Qué calumnia!", manifestó.
El ministro para el Comercio, Alejandro Fleming, recalcó que la ejecución de las fiscalizaciones le ha permitido al Gobierno revolucionario comenzar a derrotar la guerra económica.
Resaltó que estas iniciativas permitirán, además, tomar medidas desde el punto de vista estructural para equilibrar a la economía venezolana.
Ratificó que la meta es consolidar una "economía sana", a través del establecimiento de precios justos y estructuras de costos reales.
Inspecciones en las regiones
Como parte de la ofensiva económica, este miércoles ministros y dirigentes revolucionarios realizaron fiscalizaciones en varias regiones del país, en las que se detectaron irregularidades en la adquisición, distribución y comercialización de los productos.
En la empresa Hierro San Félix C.A., ubicada en el estado Bolívar, se evidenciaron anomalías administrativas y sobreprecio en los productos.
El presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Carlos Osorio, mostró una podadora de grama cuyo precio era de 10.000 bolívares.
"Esta mañana la podadora amaneció con un valor de 500 bolívares. Con el dinero que ayer se compraba una podadora, hoy se compran 10. ¿Cómo se puede explicar esto?", se preguntó.
En el estado Vargas, se detectó el acaparamiento de leche para niños y aceite, informó el gobernador de la entidad, Jorge Luis García Carneiro.
Especificó que la Gobernación de Vargas, junto a la Comisión Presidencial establecida para combatir la usura y el acaparamiento, seguirá realizando fiscalizaciones en la entidad para garantizar los derechos de los varguenses.
En el Puerto de La Guaira se encontraron equipos médicos en abandono legal. El jefe del Órgano Superior para la Defensa Popular de la Economía, Mayor General Hebert García Plaza, denunció que empresas privadas dejan en los contenedores la mercancía que importan al país para la obtención de dólares oficiales, que ofertan luego en el mercado paralelo.
Se presume que los importadores estén incurriendo en los delitos de legitimación de capitales, obtención fraudulenta de divisas, contrabando agravado y asociación para delinquir.
Un caso particular es el de la Comercializadora Neopharma de Venezuela, ubicada en Caracas, que funciona para la obtención de productos médicos, y poseía en estado de abandono legal un contenedor de inyecciones.
Este equipo médico será llevado para el uso del pueblo venezolano al Hospital Militar Doctor Carlos Arvelo. El Gobierno Nacional abrirá más de 945 contenedores abandonados en los puertos de La Guaira y Puerto Cabello (estado Carabobo) para constatar el estado de los mismos.
Asimismo, para esclarecer la situación en los muelles se asignará un fiscal del Ministerio Público (MP) para que se realicen las investigaciones del caso.
García Plaza indicó que la permanencia de un fiscal en los puertos permitirá "agudizar y acelerar todas las investigaciones que sean del caso, para que todas estas empresas y sus representantes paguen las deudas pendientes tanto con el pueblo como por la justicia venezolana".
En Caracas
Este miércoles también se inspeccionó el concesionario Bus Cars, ubicado en la avenida Andrés Bello, Caracas, en el que se evidenciaron irregularidades en la venta de los autobuses.
El ministro para Industrias, Ricardo Menéndez, informó que pese a que la empresa cuenta con suficiente despacho de unidades de autobuses tipo Encava para comercializar, sólo vende uno por mes.
"Vemos que en este espacio específicamente se trata de una sola unidad mensual que es vendida, un solo autobús es despachado desde este espacio. Es un hecho que contrasta con la producción de la fábrica, que según los registros que reporta para el Ministerio de Industrias, estaremos hablando en el año de un total de 473 autobusetes producidos en la fábrica de Encava en el estado Carabobo", explicó el Ministro.
Enfatizó en la necesidad de establecer una investigación para determinar la direccionalidad del consumo y de la producción de plantas de autobuses y vehículos.
Igualmente, el ministro para el Transporte Terrestre, Haiman El Troudi, notificó que se le solicitó a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, abrir una investigación a la Tienda Suvalcar C.A por presunta legitimación de capitales y usura.
"Esta empresa que importa recibió dólares de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) hasta el año 2010. Luego, nos ha dicho, pero no nos ha presentado el soporte, que ha recibido divisas en este año 2013, en enero, por 200 mil dólares aproximadamente a través del entonces Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (Sitme), y que después de enero a la fecha, no ha recibido más dólares del Gobierno Nacional", detalló.
Sin embargo, pese a que los dueños de Tienda Suvalcar C.A aseguran que no han recibido más dólares este año, registran la realización de unas 10 importancias de mercancía.
En Tienda Suvalcar C.A, además, se reportó la supuesta comisión del delito de usura genérica. Un soporte delantero de un camión, que a la mencionada empresa le costó 5.965 bolívares, era comercializado a Bs 59.235, registrando un sobreprecio de 992%.
En dicha comercializadora había un incremento adicional en el precio del repuesto si la compra se hacía con tarjeta de crédito. El sobreprecio en cauchos era de 352%, baterías de 149% y bandas de frenos de 163%.
Adicional a ello, se detectó la presunta defraudación fiscal establecida en el Código Orgánico Tributario, por inconsistencia de solvencias fiscales. "Por eso le pedimos a la Fiscalía que se aboque", apuntó El Troudi.
En el Concesionario de camiones Mack se encontraron artículos con sobreprecios de hasta 650%. En la inspección realizada la noche de este miércoles, se determinó que ninguno de los repuestos tenía los precios publicados, tal como lo exige la Ley de Costos y Precios Justos.
El concesionario está registrado ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) con nombre de personas naturales para evadir responsabilidades tributarias.
Alimentos y ferretería
El ministro para la Agricultura y Tierras, Yvan Gil, inspeccionó los silos de Agroproductores de Venezuela (Aproven) en el estado Portuguesa, donde fue detectado 170% de sobreprecio en la venta de maíz amarillo, necesario para la producción de pollo, cerdo y huevo.
La tonelada de maíz amarillo acondicionado, que tiene un costo de Bs 1.900, era vendida a Bs 5.300. En el estado Falcón el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, inspeccionó la Ferretería Coseimpa, C.A.
En este establecimiento los productos no tenían marcador de precios. Además, fueron encontrados materiales adquiridos a principio de año y que aún no han sido vendidos, así como artículos con remarcaje de precios.
"La información que manejamos es que presuntamente en 2014 pretenden abrir una ferretería para vender estos productos al detal. Podemos presumir que hay un acaparamiento de materiales aquí para posteriormente venderlos al precio que a ellos les parezca", comentó Rodríguez Torres.
Por los derechos de los venezolanos
Al dar muestra de los resultados de las fiscalizaciones, el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, recordó que el presidente de la República, Nicolás Maduro, solicitó a la Asamblea Nacional (AN) la aprobación de una Ley Habilitante que le permita enfrentar el saboteo económico y asegurar los intereses del pueblo.
Arreaza dijo que quienes se opongan al otorgamiento de esta facultad especial al Jefe de Estado "están defendiendo a los empresarios especuladores que han venido atacando económicamente al pueblo venezolano".
Ratificó que la principal afectada de la guerra económica, perpetrada por la derecha venezolana y apoyada por empresarios en el país, ha sido la clase media.
"La clase media ha sido la víctima directa de estos especuladores. Ustedes, compatriotas, los llamamos a reflexionar, a que se incorporen al proyecto constitucional y al Plan de la Patria. Les invitamos a que la compren, a que bajen esta propuesta por Internet. Estamos seguros de que se van a identificar con este proyecto nacional que no tuvimos jamás durante la Cuarta República", sostuvo el Vicepresidente Ejecutivo.
Anunció que aproximadamente 70% de la inversión nacional se está redistribuyendo en los sectores sociales para garantizar la protección social de la población venezolana.
Destacó que pese a que el sector empresarial ha pretendido apropiarse de la renta petrolera, "la Patria va a seguir y seguirá siempre con su Revolución y con su Proyecto Nacional Simón Bolívar construyendo futuro, construyendo esperanza".
AVN
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