Presidenta del TSJ, magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado. 53 Tribunales de Control y 24 salas de Cortes de Apelaciones procesarán delitos económicos

Caracas, 12 Nov. AVN.- 53 tribunales de control y 24 salas de Cortes de Apelaciones serán las instancias que a partir de este martes trabajarán exclusivamente sobre casos de delitos económicos en todo el territorio venezolano, como aporte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a la lucha contra la guerra económica que sectores de la derecha vienen practicando en contra del pueblo venezolano.

Estos tribunales comenzarán su labor de inmediato con la finalidad de garantizar el respeto a la juridicidad, la paz y la protección de la integridad de los ciudadanos y ciudadanas, así como de las instituciones democráticas del país, informó la presidenta del TSJ, magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado.

Los tribunales asignados conocerán y decidirán de manera exclusiva los casos cuyas imputaciones estén vinculadas a delitos económicos, especulación, acaparamiento, usura, boicot, alteración fraudulenta de precios, alteración fraudulenta de oferta y demanda, contrabando de extracción, saqueos y otros delitos conexos previstos en la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, refiere un boletín del TSJ.

La Magistrada Gutiérrez Alvarado indicó que en el Área Metropolitana de Caracas funcionarán cuatro tribunales y una sala de Corte de Apelaciones; cuatro en el estado Zulia, tres en el estado Carabobo, mientras que los estados Aragua, Anzoátegui, Bolívar y Táchira contarán con dos cada uno; y en el resto del país uno por estado con su respectiva sala de Corte de Apelaciones.

Jueces presidentes de Circuitos Judiciales Penales, así como los jueces rectores del país, colaborarán para el mejor desempeño y ejercicio de las funciones de los órganos jurisdiccionales asignados en los distintos circuitos judiciales.

Asimismo, los tribunales asignados actuarán inmediatamente en el marco de la ley ante cualquier acto con forma, clase o manifestación que origine, aliente, genere o permita tendencias a la comisión de ilícitos económicos, dirigidos a desestabilizar el normal desenvolvimiento de nuestro Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, y que pretendan amenazar la paz y la seguridad pública.

AVN