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Caracas, 09 Nov. AVN.- La guerra económica que emprende la derecha contra el pueblo venezolano no es una coyuntura actual, desde hace más de una década el sector empresarial -ligado a los actores políticos de la IV República- le declaró frontalmente la guerra al Gobierno Bolivariano, al ver trastocados sus privilegios de clase dominante dueña de las tierras del país y la renta proveniente de las enorme riqueza petrolera.
Con la autoridad que le confirió la Asamblea Nacional (AN), mediante Ley Habilitante, el 9 de noviembre de 2001, el presidente Hugo Chávez dictó el Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en el que se señala el latifundio "como sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz social en el campo ", y se especifican directrices "con el objeto de establecer las bases del desarrollo rural". Se reivindicaba así la lucha del campesino y la máxima revolucionaria: La tierra es de quien la trabaja.
La prohibición de la tenencia de grandes extensiones de tierra en pocas manos, así como la justa redistribución de la renta petrolera y la posición del Estado de asumir su responsabilidad de garantizar la soberanía alimentaria, causó ira entre las cúpulas de poder que no dudaron en defender sus intereses latifundistas. Comenzaba una cruzada llena de ataques al Gobierno del comandante Chávez, algo inevitable cuando un país comienza un verdadero proceso de cambios profundos hacia la justicia social.
Ese noviembre de 2001, Chávez cerraba su segunda Ley Habilitante con otras 48 normativas entre las que destacaba también la Ley Orgánica de Hidrocarburos, a través de la cual se elevaban las regalías que debían pagar las transnacionales al Estado venezolano y se recuperaba el control de la mayor empresa pública del país: Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Guerra abierta y pública
El 21 de noviembre, en rueda de prensa, José Luis Betancourt, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, rompió la Gaceta Oficial en la que una semana antes había sido publicado el Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
Con actitud soberbia y desafiante, el empresario expresó: "Si él quiere plantearle una guerra al sector privado venezolano, a la sociedad civil venezolana en los términos que él imponga en ese terreno, nosotros nos vamos a enfrentar", en alusión al presidente Chávez.
A la posición de Fedenaga se sumaron las cúpulas de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) y de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), presididas por Pedro Carmona Estanga y Carlos Ortega, respectivamente. Se trazaba el objetivo: sacar a Chávez del gobierno.
Por la supuesta falta de diálogo con el Gobierno los empresarios convocarían –con todo el apoyo de la resonancia de los medios de comunicación privados- a un paro patronal para el 10 de diciembre. Ese mismo día, Chávez promulgaría la revolucionaria ley de tierras, con la cual en más de una década el Gobierno Bolivariano ha recuperado más de 3.000.000 de hectáreas.
En aquellos días el Presidente Chávez defendería que efectivamente sostuvo diálogos con el sector empresarial pero "lo que pasa es que hay sectores minoritarios que se adueñaron de las riquezas, de las tierras y tenían por costumbre su propio diálogo, para sus intereses, pero nunca oyeron ni consultaron a los campesinos de Venezuela".
Ataque incesante
Al paro de diciembre del 2001 le seguiría el del 9 de abril de 2002, que dos días después derivó en el golpe de Estado contra el presidente Chávez, quien retornó al poder el 13 de abril luego de la rebelión cívico militar del pueblo venezolano que reclamó el respeto a la Constitución Nacional y las leyes, tras los violentos sucesos en los que perdieron la vida 19 venezolanos.
En diciembre de 2002, la Revolución Bolivariana volvió a enfrentar la paralización del país pero esta vez con el sabotaje de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), paro que fue derrotado y culminó con la reactivación de la industria petrolera gracias a la resistencia del pueblo y el empuje del gobierno bolivariano.
Especulación, acaparamiento, planes de magnicidio, guerra psicológica a través de los medios de comunicación, son unos de los tantos ataques que ha combatido -y combate- la Revolución Bolivariana, que sigue resistiendo los embates de una derecha que jamás ha descansado en su afan de recobrar el poder "para unos pocos" en contraste con la democracia participativa que fortalece cada día el Poder Ejecutivo presidido ahora por Nicolás Maduro, quien denunció hace pocos días que la actual guerra económica -al igual que en 2001- es dirigida por el Presidente de Fedécámaras, Jorge Roig, junto a la Cámara Venezolano - Americana de Comercio e Industria (Venamcham) y Consecomercio.
"Lo digo y lo ratifico. Tengo pruebas: la guerra económica la dirige Jorge Roig, Consecomercio y un sector de Venamcham", aseveró Maduro, quien agregó que el presidente de Fedecámaras " está vinculado a la embajada gringa (estadounidense) desde hace 25 años".
La guerra económica tiene más de una década pero ahora no hay ruedas de prensa, ni se rompen gacetas oficiales, ni se planta cara, es silenciosa -alerta el presidente Maduro- por lo que es vital tener presente la historia y activar la consciencia.
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