Cierre de frontera deja varados a cientos de colombianos y venezolanos

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Un grupo de militares se plantaba como un muro que impedía a colombianos y venezolanos cruzar este miércoles la frontera binacional en Paraguachón, tras el cierre de ese paso ordenado por el gobierno de Nicolás Maduro.
"Estoy perdiendo mi trabajo. Si esto dura un mes, durante ese tiempo no voy a poder trabajar", dijo preocupada a la AFP Loraima Quintero, una venezolana de 40 años que trabaja en la localidad colombiana de Maicao, a unos 11 km del paso fronterizo.
Quintero, empleada de una "cooperativa binacional de transporte de combustible" desde hace 10 años, es una wayúu, etnia indígena de unos cinco millones de personas que vive entre ambas naciones y a la que funcionarios venezolanos dicen reconocer el derecho "histórico" a transitar libremente en la zona.
Pero pese a esa garantía, a media tarde de este miércoles, cuando los guardias les dijeron que harían una lista de quienes podían pasar, un grupo de wayúu ya contaba más de nueve horas de espera frente a la línea limítrofe, bajo una temperatura de unos 40 grados centígrados.
Las cercanías del puesto fronterizo de Paraguachón se hallaban prácticamente desoladas, en contraste con los tradicionales tumultos de personas que venden gasolina en envases plásticos con precios que superan hasta 600 veces el costo subsidiado de ese combustible en Venezuela.
Hasta la tarde de este miércoles no se percibía el despliegue de los 3.000 militares que anunció el presidente venezolano el pasado lunes, cuando ordenó el cierre fronterizo. Sólo estaban instalados unos puestos del Ejército venezolano a lo largo de la carretera.
Tampoco se permitía el paso por la aduana de Paraguachón, adonde arribó una comisión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), que se reunió con oficiales venezolanos al mando del destacamento fronterizo.
- Los "trocheros -
La porosa frontera entre Colombia y Venezuela, con un gran número de "trochas" (caminos alternos de tierra), en condiciones normales es transitada por miles de personas que viven, estudian o trabajan a ambos lados de la línea limítrofe.

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También usan el corredor fronterizo contrabandistas de combustible, alimentos y productos de cuidado personal comprados en Venezuela a precios regulados por el gobierno, y mucho más baratos que en Colombia.
Fernando Martínez, un ciudadano con nacionalidad venezolana y colombiana de 41 años, esperaba cruzar hacia el país vecino para llegar a Barranquilla cuando se encontró con el cruce bloqueado.
Martínez expresó su disgusto a la AFP porque los propios guardias que custodian Paraguachón le sugirieron "que tomara una trocha", lo que según él, además de ser ilegal, conlleva el riesgo de robos o toparse con grupos armados irregulares.
Una de las trochas más cercanas a la frontera, conocida como "La Cortica", está a unos 100 metros del puesto de la Guardia Nacional venezolana y conduce al lado colombiano por un sendero que desemboca cerca de la oficina de la autoridad migratoria de Colombia.
En la mañana, cuando el Ejército venezolano aún no se desplegaba por la zona, los llamados "trocheros" ?transportistas que circulan en motos y vehículos particulares-, cobraban 1.000 bolívares (1, 4 dólares en el mercado paralelo, a 700 bolívares por dólar) por cubrir un trayecto de cinco o diez minutos de duración.
Cerca del mediodía la tarifa ya había subido a poco más de 2 dólares, a medida que la circulación por las rutas de tierra se tornaba más larga ante el temor por los controles militares.
En total, cruzar por las trochas y pagar las alcabalas informales establecidas demandaba unos 3.500 bolívares (unos cinco dólares) por persona, casi la mitad del salario mínimo venezolano.
La crisis en la frontera estalló el 19 de agosto, cuando Maduro ordenó el cierre de tres pasos y decretó el estado de excepción en diez municipios del estado Táchira (oeste), tras lo cual ambos países llamaron a consultas a sus embajadores.
Según la ONU, unos 1.467 colombianos fueron deportados luego del cierre de esos corredores, medida que incluyó la demolición de casas, mientras que cerca de 18.000 huyeron por temor a ser expulsados.
El pasado lunes, el mandatario venezolano amplió el cierre fronterizo al extremo norte y extendió el estado de excepción a tres municipios del estado Zulia (noroeste).
Según autoridades venezolanas, ese territorio abarca unos 600 km de los 2.219 km que comprende la línea limítrofe.