Opinión
Cuando un Estado abandona su rol de promotor y garantista de derechos para sus habitantes, éstos, al sentirse vulnerados en sus derechos, amparados en convenios internacionales, se organizan y ejercen su derecho a defender derechos (por la vía pacífica). Pero, esta noble labor ciudadana de la defensa de derechos, en circunstancias de la ausencia del Estado de Derecho, se torna muy peligroso.
En las siguientes líneas indicamos lo que las y los defensores indígenas, organizados en el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), vivieron en el lapso de apenas cinco días, en lo que va del presente mes de noviembre, en Guatemala.
“Me golpearon por la espalda… La lucha, vamos a seguir”
El día 3 de noviembre último, a las 18h00, luego de una asamblea de coordinación, en el centro del área urbana del Municipio de Nebaj, Departamento Quiché, Jacinto Brito, defensor maya ixil, coordinador regional de CODECA, para el área ixil, fue brutalmente golpeado por desconocidos.
“Cerca del mercado, me pegaron por atrás un golpe fuerte en la cabeza, y me tiraron al suelo. Allí me patearon… Creo que eran como dos o tres… Cuando me desperté y me levanté, mi cuerpo estaba lleno de sangre”, indica Jacinto Brito.
“Yo no tengo enemistad con nadie. Lo único que hacemos es defender nuestros derechos como indígena ixil. Y denunciar todos los abusos que nos hace la empresa ENERGUATE (empresa distribuidora de energía eléctrica). Eso fue lo que le expusimos también al Diputado Eduardo Cruz Gómez”, sostiene Brito, quien, previo al ataque, junto a otros seis defensores ixiles, abordó la “conflictividad social” ocasionada por la distribución de la energía eléctrica con el Diputado mencionado.
Ante la pregunta: ¿qué piensa hacer con relación a su compromiso en la defensa de derechos?, Brito responde: “La lucha vamos a seguir. Yo, no voy a abandonar este camino. Ahora mismo, mi esposa me está reemplazando en una asamblea regional de coordinación que se está realizando, porque no puedo ir aún(...). Dejo en manos de Dios a los que me atacan”, concluye el entrevistado.
Salió a hacer una oración, antes de participar en el paro nacional… Hallaron masacrado su cadáver
El día 7 de noviembre del 2017, a las 6h45, a dos kilómetros de distancia de su vivienda, en el Catón Chuichop, Municipio San Antonio Ilotenango, Departamento de Quiché, Antonio Pérez, el defensor indígena maya quiché de 35 años de edad, socio e integrante de la junta directiva de CODECA en su comunidad, fue asesinado con arma blanca por desconocidos, en el camino.
“Salió de la casa porque lo llamaron para que fuera a participar en una oración (actividad religiosa)”, indican los familiares del difunto.
El movimiento social CODECA había declarado paro nacional, con ocupación de caminos, los días 7 y 8 de noviembre.
“A los 80 socios de la comunidad del finado, Antonio Pérez, organizado en resistencia desde hace más de cuatro años atrás, le correspondía participar en el segundo día de dicho paro nacional. Así estuvo programado. Pero, lamentablemente Chuichop ya no pudo participar en el paro porque todos estábamos ocupados en acompañar a los familiares de la víctima”, indica Don Francisco, otro de los defensores locales de CODECA.
Los autores del crimen no dejaron mayor rastro del móvil del crimen, mucho menos se sabe, con exactitud, sobre quiénes cometieron dicho acto macabro. Dejaron, en el lugar, tirado el cuerpo de la víctima, con los intestinos expuestos. Quizás como acto de escarmiento a la comunidad organizada en resistencia.
Este asesinato dejó cinco hijos menores huérfanos, y una viuda maya sin mayor oportunidad laboral.
Empresario envistió con su vehículo polarizado en contra de manifestantes en vía pública
Durante el segundo día del último paro nacional, el 8 de noviembre, alrededor de 10h00, en la Aldea La Ruidosa, Municipio Morales, Departamento de Izabal, el empresario Carlos René Pineda Sosa, de 45 años de edad, envistió con su automóvil al grupo de defensores/as de CODECA que realizaban su acción colectiva de protesta en el lugar, y fracturó la pierna izquierda del defensor comunitario Vicente Calderón, de 62 años de edad (con 10 hijos, y 3 de ellos menores de edad).
En el acto, los manifestantes rodearon e inmovilizaron el motorizado ocupado por el agresor. Quién, ante la insistencia policial, abrió y bajó de su vehículo. Y, posteriormente fue puesto a disposición de la instancia judicial, para inmediatamente quedar libre bajo fianza.
Don Vicente, aún convaleciente en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), indica que: “El señor (agresor) dijo que estaba apenado, que me pasaría un sueldo mensual de Q.2,800 mensuales hasta que me recupere. Me prometió ayudarme a sacar mi jubilación. (…) Estuve internado en el hospital privado por dos noches, porque él ordenó así, y él pagó. Luego me trajeron aquí al IGSS”.
“Primero Dios logro sanar bien y volver con mi familia. Dicen que hay un convenio firmado en el que se comprometió el señor (agresor) a pagarme, pero yo no firmé nada, porque no se leer, ni escribir. Quizás es sólo para tapar el ojo al macho”, indica, un tanto frustrado, don Vicente.
Pero, expresa con convicción: “Yo seguiré luchando por la nacionalización de la energía eléctrica hasta el día de mi muerte. En mi comunidad somos más de 100 familias en resistencia”.
Ministerio Público y Empresa Pública de Medellín enjuician a dos defensores y radialistas
El uso desmedido del derecho penal, incluso rompiendo el debido proceso, en contra de defensores comunitarios de derechos humanos es una constante en contra del movimiento CODECA.
El caso que marcó hito fue el secuestro, detención arbitraria, seguido de proceso penal en contra del fundador y coordinador Mauro Vay Gonón, junto a la entonces vice Presidenta de CODECA, Blanca Mejía, en 2014.
En dicho caso, la Fiscalía contra el Hurto de Fluidos (creado nada menos que por el defenestrado y, ahora, encarcelado, ex Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina), junto a la empresa distribuidora de energía eléctrica (ENERGUATE, ahora, de propiedad de la corporación israelí POWER), acusaron a estos defensores por delitos como: actividades contra la seguridad interna de la nación, intento de estafa, entre otros.
El Juzgado de Tribunal de Sentencia Penal, de la ciudad de Huehuetenango, los declaró parcialmente culpables. Y, la Sala de Apelaciones de la misma ciudad los absolvió en 2017. En 2016, la ONU, mediante su Grupo de Trabajo contra Detenciones Arbitrarias, estableció que el Estado de Guatemala había cometido “detención arbitraria” en contra de estos defensores, y estableció recomendaciones.
La criminalización contra defensores de este movimiento no concluyó allí. En 2014, siempre la Fiscalía contra Hurto de Fluidos, junto a las distribuidoras de electricidad Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. (de propiedad de la Empresa Pública de Medellín) y Distribuidora Eléctrica de Occidente (de propiedad de la corporación israelí POWER) iniciaron un proceso penal nada menos que en contra de la Coordinadora de Mujeres del movimiento CODECA, y defensora de derechos humanos y radialista, Vicenta Jerónimo Jiménez, maya mam, de 44 años de edad. Y, en contra del actual Director de la Radio Victoria (de propiedad de CODECA), y Coordinador de Juventudes en dicha organización, el defensor y comunicador Edvin Amado Sánchez Cabrera, maya mam, de 31 años de edad.
Los delitos imputados contra estos dos defensores y radialistas de CODECA son: atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública, actividad contra la seguridad interna de la nación e instigación a delinquir. El Ministerio Público no presentó ninguna prueba documental, únicamente ofreció más de una decena de testigos (muchos de ellos empleados de la empresa eléctrica).
La audiencia de debate oral y público se abrió el pasado 6 de noviembre, en el Juzgado de Tribunal de Sentencia Penal, del Municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. Dicho acto prosiguió el 14 del mismo mes, y está fijada su continuación para el día 27 de noviembre.
https://www.alainet.org/es/articulo/189265
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