Opinión
Una noticia sumamente estruendosa le abre paso a un nuevo y particular episodio en la economía venezolana signada por los cercos y torniquetes financieros de era reciente: la agencia norteamericana de correduría de bolsa Standard & Poor's (S&P) declaró a Venezuela en "default selectivo" por impago de intereses.
La agencia financiera rebajó la calificación de la deuda soberana venezolana en moneda extranjera porque el país cruzó el límite de tiempo para abonar 200 millones de dólares en el pago de cupones por sus bonos globales, con vencimiento en 2019 y 2024, durante el periodo de gracia de 30 días. En consecuencia, la agencia declaró que devalúa la calificación de la deuda soberana venezolana en moneda extranjera de largo y de corto plazo de 'CC/C' a 'SD/D', lo que significa "default selectivo".
La noticia ocurre luego de que se emprendiera el proceso de reestructuración y refinanciamiento de la deuda venezolana, acciones ordenadas por el presidente Nicolás Maduro en vista de las nuevas realidades que imponen las sanciones que Donald Trump emitiera el 25 de agosto de 2017, y que significan limitar considerablemente el acceso de Venezuela a nuevos financiamientos para cubrir sus compromisos de deuda, además de retrasar los pagos de intereses y deuda, como sucede en este caso. Desde esas circunstancias y para proteger las finanzas venezolanas en favor de crear nuevas simetrías, el Estado venezolano emprende su derecho soberano a cambiar los términos para cumplir a los bonistas y evitar el default que S&P ha cantado.
Los alcances y el frente de la especulación informativa
Como primera aclaratoria, vale la pena considerar que Venezuela es señalada de caer en default o impago de deuda, por cupones de 200 millones de dólares en intereses, insignificantes frente a los 60 mil millones de dólares en bonos venezolanos que circulan en el mercado. Una vez al vencerse el plazo de este pago, la rebaja que hace S&P es estruendosa y enciende alarmas en el mundo de la información económica. Pero es un hecho que, para que un país sea declarado en default, ese país también debe declarar expresamente que se asume insolvente y que en consecuencia, no pagará sus compromisos. Ese es el mecanismo habitual y tal circunstancia no ha tenido lugar en el caso de Venezuela. Todas las vocerías económicas de Venezuela señalan que el país está pagando y seguirá pagando sus compromisos.
A expensas del anuncio de S&P, un grupo de bonistas han solicitado a la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA, por sus siglas en inglés), que agrupa a tenedores de deuda, evaluar si hubo un cese de pagos de un bono de PDVSA por 1 mil 161 millones de dólares (capital e intereses), para así activar el pago de seguros. ISDA funge como una agencia global rectora de los mercados de bonos, un tribunal-bufete protector de los intereses de los tenedores de deuda. En sus deliberaciones de hoy, no alcanzaron un acuerdo sobre si Venezuela está en default o no, y han diferido ese debate para el próximo jueves.
Según la agencia Bloomberg, los dueños de swaps de incumplimiento de crédito, los mismos que han consultado al ISDA, están buscando activar pagos en sus contratos de seguro. Es decir, se trata de inversores que han apostado al default de Venezuela para obtener beneficios; se trata en esencia de capitales buitre. Este es un mercado que representa unos 1 mil 600 millones de dólares, es decir, una parte ínfima del universo de tenedores de la deuda venezolana.
Sobre este punto es necesario indagar, si S&P apuesta a un desbarajuste estrepitoso de los bonos venezolanos en el mercado, un desplome, para abaratarlos por intereses segundarios. O si acaso hay una apuesta a declarar el default de Venezuela por propósitos asociados a estos capitales, que buscan que el ISDA detone los mecanismos. Pero si el ISDA activa acciones declarando a Venezuela en default, generaría un efecto negativo incluso para agencias como Goldman Sachs, que tienen bonos venezolanos. Así que apostar al default de Venezuela tiene contrapesos.
El "default" venezolano mediáticamente cantado tuvo alcance en la Bolsa de Luxemburgo, que virtualmente ha bloqueado las operaciones con bonos venezolanos. Los bonistas que solicitan al ISDA que tome postura sobre Venezuela, han solicitado que se considere ese evento como un referente.
Los anuncios de reestructuración de la deuda venezolana habían generado incluso una sensación de optimismo en los mercados. Más todavía, al unísono de anuncios de acuerdos favorables con Rusia y China, importantes acreedores de deuda venezolana. Al anuncio de S&P generó no obstante una caída estrepitosa de los bonos venezolanos y la semiótica apocalíptica se impuso en la mediática económica. Pero en la realidad, ¿cuál es la actitud de los tenedores de bonos? Para Bloomberg, la sensación que predomina en los bonistas es la paciencia y las expectativas frente a los anuncios de las vocerías venezolanas, de que se está pagando y se seguirá pagando.
Venezuela ha señalado retraso en los pagos a cargo de las agencias bancarias. Cuestión que no es de desestimar, en medio de irregulares financieros en el entorno de la deuda venezolana, una vez que se haya anunciado su reestructuración: en pleno pago del bono PDVSA 2017, las agencias calificadoras de riesgo presionaron al alza la calificación venezolana, y muchas vocerías financieras han sobredimensionado las dificultades del país en sostener su capacidad de pago, omitiendo en buena medida los efectos perniciosos de las sanciones de Trump. Dicho de otra manera, sectores específicos del entramado financiero norteamericano (así como las políticas de sanciones de la Casa Blanca) han apostado al default de Venezuela, y ahora un sector entre ellos lo ha cantado.
El Wall Street Journal (WSJ) ha emitido una interrogante en una presentación del caso venezolano. El dilema de los bonistas consiste en esperar o iniciar un proceso de presión por declaratoria de default que llevará a situaciones sumamente complejas. Para el WSJ, la sensación en buena parte de los bonistas es de confianza y el empleo de paciencia estratégica. El historial de pago del país y los enormes sacrificios que ha implicado el habitual manejo de deuda, dejan clara la disposición de PDVSA y del Estado de honrar sus compromisos inmediatos.
¿Cómo es el "cara a cara" con los bonistas? Contrastes entre la realidad y la propaganda
Según el Gobierno venezolano, ya se conversa en directo con 414 acreedores o bonistas de la deuda venezolana, representan el 91% de los tenedores de deuda. Aunque sobre Venezuela pesan las sanciones de Trump y muchos bonistas se inhiben de ser asociados a Venezuela, por las represalias a las que estarían expuestos por parte del Departamento del Tesoro norteamericano, la convocatoria y asistencia es un buen indicador. Durante el primer encuentro en Caracas, la primera jornada de acercamiento ha sido "constructiva".
La correduría de bolsa venezolana Rendivalores confió que "de acuerdo a las autoridades, hay 1 mil 200 millones de dólares en valor nominal de bonos PDVSA congelados en Euroclear. Por otro lado, Deutsche (Bank) habría cerrado las cuentas del Gobierno, y Citi habría cerrado la corresponsalía de Citi China". Es decir, las explicaciones del Gobierno venezolano al retraso de los pagos, de cara a los bonistas, apunta a operaciones de boicot financiero.
Para los bonistas esto no es sorpresa. Entienden que se desenvuelven en un entorno de información financiera sobreestimulada, que constantemente tambalea el entramado de divulgación para provocar estampidas y cambios de mano de los bonos, y también conocen los efectos reales de la conjura financiera en un marco de sanciones.
Las reuniones con bonistas prevén la realización de mesas técnicas para evaluar alternativas. Se trata de construir confianza para tenedores de bonos pagaderos al mediano plazo. Esta también supone la construcción de un clima de prudencia para los bonistas, que están por recibir pagos en ejecución en estos momentos. Para el WSJ, propiciar derivaciones negativas por desacuerdos o reacciones intempestivas por la moratoria de pagos sólo complica las circunstancias para los mismos bonistas. "La nación sudamericana, que no cuenta con recursos suficientes, ha proporcionado algunos de los mejores rendimientos en los mercados emergentes en los últimos años, lo que complica el caso de los inversionistas para aumentar la presión sobre Caracas en el corto plazo", reseña el WSJ.
¿La arena política es distinta a la de los mercados?
En este caso, así parece ser. Mientras la calma, la sensatez y la paciencia predominan en el mercado de bonistas, como respuesta al nerviosismo generado por las agencias informativas, en la arena política dentro y fuera de Venezuela el planteamiento es sumamente diferente, por ser sobredimensionado e intoxicado.
Los señalamientos apocalípticos apuntan a detonar acciones sancionatorias por el "default" venezolano y podrían someter a confiscación activos venezolanos en el extranjero, concretamente CITGO, filial venezolana de PDVDA en EEUU. Landon Thomas Jr para The New York Times afirma que Venezuela, en el marco de los señalamientos desproporcionados de su situación financiera, se está convirtiendo en un foco de los fondos buitre. "La compañía venezolana (PDVSA) tiene activos muy lucrativos en el extranjero que podrían ser objeto de demandas y confiscación por esos capitales en caso de que Venezuela deje de pagar".
Sobre la reestructuración de la deuda venezolana se ciernen intereses muy específicos, que no hay que desestimar. Por supuesto, no están ausentes de ellos los de índole geopolítico. Los poderes fácticos que desde EEUU apuestan a la caída de Venezuela, además de intentar abiertamente implosionar Venezuela mediante operaciones de cerco y asfixia, no son actores a descartar en creaciones de "impago" en el espectro de la opinión e información financiera, acciones camufladas para detonar nuevas escaladas en la arena financiera.
Noviembre 15 de 2017
https://www.alainet.org/es/articulo/18924
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