Foto OEA
Caracas, 06 Jun. AVN.- El canciller venezolano, Elías Jaua, denunció este jueves ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la violencia que desató la derecha venezolana tras desconocer los resultados de los comicios presidenciales del 14 de abril pasado.
“El lunes 15 de abril del año 2013, en voz de su candidato perdedor (Henrique Capriles), de forma absolutamente irresponsable, hizo llamados a sus seguidores a protestar en la calle y a descargar la rabia”, explicó Jaua ante la 43 Asamblea General de la OEA, que se desarrolla en La Antigua, Guatemala.
Precisó que “este llamado (a la violencia) degeneró en manifestaciones violentas que causaron el asesinato de 11 personas, todos y todas militantes de la Revolución Bolivariana, así como una centena de heridos e incontables daños materiales”.
El canciller recordó que este llamado fue hecho por “los mismos sectores antidemocráticos de la oposición venezolana que desde el año 1999 hasta el 2003 mantuvieron una agenda golpista, conspiradora y terrorista”.
Silencio de la CIDH
Jaua indicó que ante estos hechos, denunciados por el Gobierno venezolano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) guardó silencio.
Añadió que este organismo autónomo de la OEA hizo un escueto pronunciamiento el 10 de mayo, “a casi un mes de los asesinatos políticos”, lo que evidenció su parcialidad.
En ese entonces, la CIDH indicó, de manera dudosa, que “la Comisión ha recibido información preocupante en la últimas semanas según la cual luego de las elecciones celebradas el 14 de abril 'habrían' ocurrido muertes violentas”, y afirmó que “asimismo, según la información disponible, varias personas resultaron heridas por graves agresiones sufridas el 30 de abril en la sede de la Asamblea Nacional de Venezuela”.
Caso Ecuador y RCTV
Jaua también hizo alusión a otros pronunciamientos que ha hecho la CIDH, organismo que guardó silencio ante masacres como la de de Cantaura, en 1982, sobre el asesinato de 23 jóvenes guerrilleros, o la de Yumare, en 1986, cuando fueron asesinados 9 dirigentes sociales, y además esperó seis años para pronunciarse ante los graves hechos ocurridos en 1989, en el llamado Caracazo.
El canciller se refirió al informe que emitió la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión de la CIDH sobre Ecuador, donde se acusa a Quito de cometer violaciones a este derecho ciudadano.
Demandó a la CIDH que sea respondido el documento presentado por el Gobierno ecuatoriano en defensa a las falsas acusaciones de la institución autónoma de la OEA.
Asimismo, recordó la posición adoptada por la CIDH, al admitir el denominado caso RCTV, en alusión a la no renovación, que en uso de sus atribuciones constitucionales hizo el Estado, a la concesión de la licencia radioeléctrica a Radio Caracas Televisión, en 2007.
“Pero nuevamente el sistema interamericano se pone del lado de las grandes corporaciones privadas al aceptar este caso; es decir, se pretende arrebatar a los pueblos el uso libre, democrático, equilibrado y plural del espacio radioeléctrico, bien público nacional, administrado a través de los Estados soberanos, abriendo las puertas para que las grandes corporaciones de la comunicación privaticen un bien que le pertenecen a todos los habitantes de una nación”, indicó.
Señaló que este es otro “intento más por rendir a los Estados frente a los monopolios mediáticos, que no representan a los intereses generales de una nación”.
Propuesta de Venezuela
Ante estas acciones de la CIDH y “que los criterios establecidos para la elaboración de los informes de la Comisión son subjetivos y se prestan a discriminación, selectividad e interpretaciones individuales ante un tema tan relevante como son los derechos humanos”, Jaua indicó las propuestas de Venezuela:
1.- Solicitar al grupo de trabajo (de la CIDH) eliminar el capítulo cuatro del informe anual del organismo, referido a los Estados que presuntamente cometen más violaciones a los DDHH, “pues perturba e impide el diálogo entre la CIDH y los Estados”.
2.- Exigir a la CIDH que en la elaboración de su informe anual reporte sobre las gestiones y esfuerzos que haya realizado para apoyar a los Estados miembros en el cumplimento de sus políticas de promoción, protección y defensa de los DDHH.
3.- Exigir a la CIDH que su informe anual sea realizado de manera integral e inclusiva, no discriminatoria, no selectiva, ni politizada; y que presente una panorámica de la situación de DDHH en el hemisferio donde se identifiquen los avances y desafíos en todos los Estados, inclusive aquellos que no reconocen la competencia de la Comisión ni la jurisdicción de la Corte (Interamericana de Derechos Humanos) y que no hayan ratificado los instrumentos regionales, pero donde se comente graves violaciones a los DDHH.
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