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Caracas, 14 Oct. AVN.- Dos de las personas detenidas por el presunto caso de corrupción y extorsión del que sería responsable el alcalde de Valencia del estado Carabobo, Edgardo Parra Oquendo, informaron a las autoridades que el burgomaestre y su hijo, Edgardo Parra Guardia, son los presuntos cabecillas de una mafia que cometió delitos con recursos del ayuntamiento.
Así lo informó este lunes el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, durante una rueda de prensa efectuada en la sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), en Caracas.
"Que sepan los venezolanos que esta actividad y otras que anunciaremos los próximos días están enmarcadas en la lucha anticorrupción, como lo ha expresado el presidente Nicolás Maduro, para que caiga quien caiga, sean de cuello amarillo o de cuello rojo rojito. Vamos a atacar este flagelo que es consecuencia de un modelo social, político y económico que viene desde la muerte de nuestro libertador hasta el sol de hoy, el capitalismo salvaje, donde nos han metido en la cabeza la necesidad de que para ser felices tenemos que ser ricos de manera rápida, fácil y sin esfuerzo", subrayó.
El ministro explicó que luego de la captura del ciudadano James Bell Smythe Romero, de 39 años de edad, y de Victoria Eugenia López Pando, de 34 años de edad, quienes trabajaban en una oficina paralela de gestores de contrataciones y trámites de la Alcaldía de Valencia, estos rindieron declaraciones ante las autoridades y confirmaron que los casos de corrupción que se cometían desde ese despacho se perpetraron bajo las órdenes de Parra y su hijo.
"James Bell Smythe Romero (...) este ciudadano, que ya se encuentra detenido a la orden del Sebin, declaró ante tribunales, asumió su delito y señaló ser socio del señor Edgardo Parra Guardia, a través de la empresa Green Zone C.A., (...) Por su parte, la ciudadana Victoria Eugenia López Pando, quien administraba todos los procesos que se realizaban en la oficina paralela, declaró que recibía instrucciones del alcalde de Valencia y del hijo del alcalde para distribuir recursos de la alcaldía a cooperativas de maletín", explicó el ministro Rodríguez.
De acuerdo con las primeras investigaciones realizadas -detalló el ministro- 14 cooperativas y 2 empresas privadas -que estarían bajo la dirección del hijo del alcalde Parra- eran las únicas contratadas por la alcaldía para realizar diversos servicios.
En la oficina también se extorsionaba a comerciantes mediante la gestoría de permisología y otros documentos para la apertura de nuevas empresas o establecimientos, agregó Rodríguez.
A través de esa oficina, el hijo del alcalde Parra y demás socios del grupo mafioso entregaban los documentos y permisos con sellos originales de la Alcaldía de Valencia siempre y cuando fueran canceladas las comisiones de extorsión que pedían a las personas.
Uno de los casos, por ejemplo, fue el de un empresario que deseaba abrir una discoteca, y tuvo que cancelar hasta un millón de bolívares para poder recibir todos los permisos necesarios.
Delitos y solicitados
El ministro Rodríguez Torres indicó que el alcalde de Valencia está detenido actualmente en la sede del Sebin en Naguanagua, estado Carabobo, por la presunta comisión de varios delitos: concierto de contratista con funcionarios públicos, peculado doloso impropio, corrupción propia y asociación para delinquir .
Parra Oquendo fue detenido el sábado en horas de la noche en su casa ubicada en Valles de Camoruco de la ciudad de Valencia, luego de los trabajos de inteligencia y contrainteligencia efectuados por efectivos del Sebin.
Por la comisión de los delitos en los que estaría involucrado directamente el alcalde y su hijo, se encuentran solicitados por las autoridades varios funcionarios de la alcaldía, entre ellos el director de Hacienda, Alberto Terán, y los directores del Instituto de Vialidad y de Ambiente, quienes, junto al hijo del alcalde, están prófugos de la justicia venezolana.
En las primeras averiguaciones, se detectaron conexiones de los mencionados directores en la entrega de recursos a las 14 cooperativas y dos empresas privadas que eran manejadas por la oficina que administraba el hijo del alcalde, quien además articulaba entre la administración del organismo local y la oficina paralela de gestoría.
En el caso del Instituto de Ambiente, se evidenció que canceló más de 9 millones de bolívares a las cooperativas de Edgardo Parra Guardia. El ministro informó que precisamente este lunes funcionarios del Sebin realizan una inspección en el área administrativa de la Alcaldía de Valencia, específicamente donde está el Instituto Municipal del Ambiente.
"Los investigadores están haciendo el trabajo correspondiente para determinar si los pagos realizados a las cooperativas son de una obra no realizada, o en el caso de que se haya realizado, si la obra se efectuó dentro de las condiciones que se contrató", comentó Rodríguez Torres.
Detalles de implicados
James Bell Smythe Romero, uno de los hombres detenidos por este caso, y quien confesó a las autoridades sus delitos, es uno de los principales socios de Edgardo Parra Guardia en la empresa Green Zone C.A.
A través de esta empresa, explicó Rodríguez, Parra Guardia y su padre utilizarían las cooperativas Santa Eduvigis 2010 R.L y Servi Nissi R.L. para efectuar negocios fraudulentos para el enriquecimiento ilícito y la malversación de fondos públicos.
"Parra Guardia y James Bell Smythe Romero alquilaron el servicio de las 14 cooperativas del estado Yaracuy. Ellos gerenciaban las cooperativas y les pagaban a los miembros reales de ellas 2.500 bolívares a cada uno (...) se descubrió que esas cooperativas cobraban recursos de la alcaldía, y con ellos se pagaban servicios personales del alcalde, del hijo del alcalde y de todo su entorno, para la adquisición de vehículos, de bienes inmuebles, servicios personales a través de tarjetas de créditos, servicios médicos, entre otros", explicó.
Uno de los casos, es un contrato de mantenimiento vial que se hizo con una de las cooperativas que maneja Bell Smythe, la Cooperativa Socrates 77.93, que fue contratada por el Instituto Autónomo Municipal de Vialidad de Valencia por una suma cercana a los 50 millones de bolívares.
Durante las investigaciones, comentó el ministro, se pudo constatar que Smythe Romero tiene una serie de propiedades a su nombre, que se presume fueron compradas con dinero de la alcaldía que fue suministrado a través de las cooperativas y con dinero adquirido por la vía de cobro de extorsiones.
Por su parte, la ciudadana Victoria Eugenia López Pando se encargaba de administrar todos los procedimientos realizados en la oficina paralela, que estaba bajo la jefatura de Parra Guardia.
"Ella manejaba las 14 cooperativa y dos empresas privadas, es decir, administraba y manejaba todo ese círculo de negociaciones", agregó Rodríguez.
Oficina paralela y bienes adquiridos
Entre las irregularidades que se presentan dentro de este caso, el ministro Rodríguez mencionó que por ejemplo, en las instalaciones de la oficina paralela, se encontraron chequeras con el monto en blanco y con la firma autorizada para efectuar el retiro de recursos, talonarios de las cooperativas tipo facturas, sellos húmedos con los logos e identificaciones oficiales de la Alcaldía de Valencia, y grandes cantidades de dinero en efectivo.
"El 9 de octubre hicimos el allanamiento en la oficina y conseguimos chequeras firmadas en blanco; quienes firman son los cooperativistas, que tienen la firma registrada para poder hacer retiros de la cuenta respectiva. Encontramos tarjetas de débito, pagos a cooperativas que se hacían fraccionados para evadir las licitaciones y obtener contrataciones directas, sellos húmedos de cooperativas y empresas en las oficinas", dijo.
Entre los bienes que tienen adjudicadas las cooperativas y los implicados en el caso, hay carros, camionetas de diferentes modelos, lanchas, un yate, 14 bienes inmuebles entre fincas, apartamentos, y quintas, "todas a nombre de Parra Guardia, Pedro Suárez, y Kleiber Vegas que son los cerebros de esa oficina que operaba".
"Esa oficina mantenía relaciones directas con oficinas de la Alcaldía de Valencia, sobre todo con el Instituto Municipal del Ambiente y el Instituto de Vialidad, a través de los cuales recibieron grandes cantidades de dinero en pagos por las 14 cooperativas y las dos empresas privadas", acotó.
El ministro indicó que uno de los casos que se encuentran actualmente bajo investigación es la adquisición de siete camiones compactadores de basura que fueron donados a una cooperativa que se encargaba de la recolección de basura, y que finalmente pertenecían a la familia Parra y sus socios.
"Hay una relación directa entre la compra que se hizo en la alcaldía y la donación a una cooperativa de maletín que maneja el alcalde", comentó Rodríguez, quien añadió que aún falta mucho por investigar en este caso, capturar a los implicados y a los cooperativistas.
Siguen las averiguaciones
El ministro Rodríguez agregó que en el caso del alcalde de Valencia siguen las averigucaciones para determinar otros nexos y hechos ilícitos que permitan cortar todos los lazos de corrupción que se gestaban desde la oficina que manejaba su hijo, Edgardo Parra Guardia, y demás socios.
"Se trata de una investigación penal judicial que se coordina con un fiscal nacional del Ministerio Público para lograr hacer justicia y poder contar con una administración pública decente, moral, que pueda impulsar las transformaciones que se piensan desde la Revolución", subrayó.
El ministro instó a la colectividad a tener confianza en las autoridades de seguridad ciudadana y llamó a denunciar cualquier hecho ilícito del que sean víctimas. Dijo que este caso se inició gracias a que dos personas que tuvieron que pagar a esta oficina que manejaba la familia Parra presentaron su denuncia por irregularidades administrativas derivadas del cobro de extorsión por trámites de las distintas direcciones vinculadas con la alcaldía para permisología.
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