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Caracas, 28 Ene. AVN.- La Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos, Andreína Tarazón, resaltó que el Poder Popular, los movimientos sociales y consejos comunales juegan un papel fundamental para lograr estabilizar la economía del país.
Es por ello que este martes se realizó en el estado Zulia un Taller de Formación de la Ley Orgánica de Precios Justos, con el objetivo de que el pueblo venezolano conozca el contenido de este instrumento legal y el alcance que éste tiene.
"El poder popular, los movimientos social y los hombres y mujeres de nuestro pueblo son claves para poder estabilizar la economía", expresó Tarazón, al tiempo añadió que "es una tarea de todos para realmente apuntalar hacia mecanismos efectivos".
Precisó que la Ley Orgánica de Precios Justos es un instrumento que busca privilegiar la producción nacional y que representa un mandato constitucional, pues mencionó que el artículo 114 de la Constitución Nacional establece que el Ejecutivo y a los poderes públicos debe castigar los ilícitos económicos como el acaparamiento, la usura y boicot.
"Si nosotros no conocemos nuestros instrumentos legales difícilmente nuestro pueblo, empresarios y sujetos de aplicación de esta ley se van a poder empoderar", agregó.
Tarazón recordó que uno de los aspectos fundamentales de la Ley de Precios Justos es el establecimiento del límite máximo de ganancia en 30%, así como sanciones administrativas y privativas de libertad, que van de 2 años a 14 años de prisión.
Añadió que una de las sanciones administrativas para quienes incurran en delitos de contrabando de extracción es la confiscación no sólo de los bienes que se pretendía trasladar, sino también del medio de transporte.
"Son elementos nuevos que nos va a permitir controlar eficientemente el contrabando". Sin embargo, la superintendente consideró que este nuevo instrumento jurídico va a ser efectivo en la medida en que el pueblo se incorpore al proceso de fiscalización y revisión de los comercios del país.
También, la Ley de Precios Justos establece la creación de un Registro Único de Personas que desarrollan actividades económicas y establece un plazo de 180 días para que los comerciantes se puedan inscribir.
Mediante providencias administrativas se va a informar cada uno de los pasos y metodología para que se cumpla las estipulaciones de la ley.
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