El presidente del Parlamento venezolano, Henry Ramos Allup, acusó este martes al gobierno de condicionar la entrega de ayudas sociales al rechazo de una amnistía para opositores presos, declarada inconstitucional por la máxima corte de justicia.
"Régimen malandro (delincuente) obligando a la gente a firmar planilla de rechazo a Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional para entregar bolsa alimentos", escribió el parlamentario en Twitter, en reacción al fallo que emitió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el lunes.
Ramos alude al programa de distribución de alimentos puerta a puerta que el gobierno del presidente Nicolás Maduro lanzó a principios de abril para entregar bolsas de comida a beneficiarios de sus planes sociales y mitigar la escasez que afecta al país.
La Sala Constitucional falló en contra de la ley amnistía, aprobada por la mayoría opositora en el Parlamento, después de que Maduro sometiera la norma a un control de legalidad del TSJ, alegando que su aprobación dejaría impunes violaciones de derechos humanos y desataría una espiral de violencia.
La máxima corte consideró que la normativa viola la Carta Magna al incluir, por ejemplo, "delitos de delincuencia organizada que no guardan relación con delitos políticos".
Ramos aseguró que el gobierno de Maduro "saboteará" cualquier iniciativa opositora a través del alto mando militar, el TSJ, el poder electoral y la Fiscalía.
"Sorprendente hubiera sido que malandras y malandros de bufete inconstitucional expresaran conformidad frente a Ley de Amnistía", añadió.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, aseguró este martes que "son muchos los cuestionamientos que ha habido sobre esta ley".
En contrapartida de la amnistía, a favor de la cual se habían pronunciado Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA), Maduro instalará este martes una "comisión de la verdad" con participación del secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper.
Con la amnistía, la oposición buscaba liberar al menos a 76 de sus dirigentes presos, entre ellos Leopoldo López, condenado en septiembre pasado a casi 14 años de prisión acusado de incitar a la violencia en manifestaciones que reclamaban la salida del poder de Maduro en 2014, y que dejaron 43 muertos.
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