La separación temporal de su cargo de la presidenta Dilma Roussef, electa por más de 54 millones de votantes, por decisión de 55 senadores de signo político contrario a su gobierno, es un hecho que ha desatado una polémica internacional sobre la democracia en el siglo XXI
Trabajadores públicos no reconocen a ministros del gobierno ilegítimo e interino
Tras la aprobación de un juicio político en su contra y la separación de su cargo como Jefa de Estado, obtenido por la elección popular con más de 54 millones de votos de respaldo, la presidenta Dilma Rouseff enfrentará un largo proceso en el que se decidirá no sólo la continuidad o no de su gestión sino la legitimidad del sistema democrático brasileño y sin dudas, sentará un precedente en todo el hemisferio.
El término Golpe de Estado para calificar este insólito hecho, en el que 55 senadores violan la voluntad de millones de ciudadanos, ha sido utilizado por todos los gobiernos progresistas y de izquierda para calificar esta jugarreta política de la ultarderecha transnacional.
Para el jurista y académico Boaventura de Sousa Santos, considerado una autoridad en la materia de la Sociología Política mundial, nos enfrentamos a un esquema de “neogolpe”, según declaró a la cadena británica BBC.
Cuando intentaron retirar el retrato de la Presidenta se encontraron con esto
“Es sin duda un neogolpe, un escenario en el que un gobernante electo queda impedido por una acción parlamentaria y sin ninguna causa en términos constitucionales”, explicó el connotado investigador portugués egresado de la Universidad de Yale.
“De acuerdo a la Constitución de Brasil, el “impeachment” a un presidente “debería estar fundado en crímenes graves cometidos durante su mandato”, añade el experto en su análisis.
“En el caso de Dilma (Rousseff) no hay indicios de ello. Al contrario, hay consenso en que es una de las políticas más honestas de América Latina, y va a ser enjuiciada en un juicio político por políticos implicados en casos de corrupción”, destacó.
Para Sousa Santos estos “neogolpes” como les ha denominado, tienen “componentes del golpe de Estado Tradicional” ya que se generan “estados de excepción, aunque sin suspensión de la constitucionalidad, existe en ellos una omisión de la Corte Suprema de Justicia para frenar el proceso y hay una presencia no muy obvia, discreta pero evidente, de militares”.
El catedrático se refirió a los antecedentes ya experimentados en América Latina en Honduras en 2009, con el secuestro y destitución del presidente Manuel Zelaya, acción ilegal que fue “legitimada” por al Corte Suprema de Justicia ; y en Paraguay en 2012, cuando Fernando Lugo fue destituido de su cargo por un parlamento de signo político contrario. Ambos procesos fueron acusados de írritos y denunciados como golpes de Estado en el que luego se comprobó la participación del Comando Sur de EEUU. Fueron golpes contar al integración latinoamericana, contra la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestramérica (ALBA) y Unasur.
Y sin duda forman parte del nuevo formato de golpe de Estado del que alertó el presidente ecuatoriano y líder latinoamericano Rafael Correa, cuando advirtió la puesta en marcha de un nuevo Plan Cóndor en América Latina.
EL PROCESO PASO A PASO
Tras la decisión del Senado de aprobar un juicio político contra la presidenta de Brasil, Dilma Rouseff, por supuestamente “alterar” cuentas públicas para no evidenciar un déficit presupuestario y obtener más recursos a fin de invertir en programas sociales, esto lo han denominado “crimen de responsabilidad” como coartada de un falso positivo judicial, se inicia una nueva fase de lo que a todas luces es considerado un golpe de Estado y una alteración del orden democrático en ese país.
En esta primera etapa, la Mandataria fue separada de su cargo por un lapso de 180 días y en su lugar se instauró un “gobierno provisional” encabezado por el derechista Michel Temer.
De allí parte un largo y engorroso proceso de “juicio” que arrancará la próxima semana cuando una comisión del Senado establezca el calendario de trabajo al respecto.
Como en todo juicio, serán evaluados los testimonios de la parte acusadora y de la defensa. Antes la Comisión debe ratificar que existen suficientes alegatos para continuar o no con la acusación. De decidir darle curso, tras oír los argumentos de ambas partes se levantará un informe preliminar que debe ser nuevamente votado en la Comisión y luego en el Senado, que decirá, en una sesión única si la Presidenta continúa en su cargo o es destituida.
Si el procedimiento supera el lapso de 180 días establecidos, la mandataria volvería a ocupar su cargo y esperaría en funciones, el veredicto del juicio.
MÁS RESPALDO INTERNACIONAL
El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (Ciespal) difundió un manifiesto de respaldo a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y de repudio al golpe de Estado orquestado contra la mandataria democráticamente elegida.
También el líder latinoamericano y ex presidente del Uruguay, Pepe Mujica, señaló que el sistema político brasileño “está francamente enfermo” y que la decisión del Parlamento de ese país tiene “tufo de golpe de Estado” por muy “legal” que sea la decisión de proceder con el juicio político a Dilma Rousseff.
Por su parte la escritora y periodista argentina Stella Calloni alertó que EEUU buscan restaurar un esquema colonial en América Latina, mediante la destrucción de los gobiernos progresistas que existen en la región y advirtió que esta escalada puede extenderse a Bolivia, Ecuador y Nicaragua, según reseña AVN.
En entrevista a Telesur, Calloni explicó que esa coyuntura no plantea una lucha contra la derecha regional, sino contra Washington, que ejecuta una acción simultánea contra Argentina, Brasil y Venezuela para reimponer su hegemonía en la región.
Al respecto, señaló que tras el golpe de Estado parlamentario contra la presidenta de Brasil, Dilma Roussef, EEUU “busca demoler todo lo construido todos estos años por nuestros gobiernos (…) y una restauración colonial”.
La Editorial del diario británico The Guardian, sostiene entre otras cosas, que lo que debe someterse a juicio no es a la Presidenta, que no presenta cargos por corrupción, sino a todo el sistema democrático brasileño pues quienes impulsaron el juicio sí están acusados de graves ilícitos.
Y es que de los 23 “nuevos ministros” designados por el gobierno provisional e ilegítimo de Temer, 8, incluyendo al mismo Temer, han sido citados por la “ Operación Lava Jato”, sonado caso de corrupción, soborno y lavado de dinero que involucra a la estatal petrolera Petrobas.
GOBIERNO INTERINO DE BRASIL IMPLEMENTARÁ MEDIDAS DE RECORTE SOCIAL
En las primeras 24 horas de gesión, el gobierno provisional e ilegítimo de Michel Temer empezó a dar a conocer las medidas que implementará.
Este viernes el ministro interino de Hacienda, Henrique Meirelles, afirmó que las medidas tomadas “serán consistentes, no se revertirán y serán realistas”. Asimismo, señaló que se pondrán límites de gastos del Gobierno Federal y reducirán “considerablemente el tema de los subsidios”.
El discurso se centró en cuestionar las políticas sociales ejecutadas por Rousseff, quien en su mandato priorizó la inversión pública con más de 5 programas sociales.
Meirelles sostuvo que “la poca inversión llevó al desempleo y por ende a la disminución de la capacidad de oferta en la economía”. Sin embargo, entre los gobiernos de Lula y Rousseff se crearon más de 20.8 millones de puestos de trabajo y se logró el ascenso social de 40 millones de brasileños a la clase media.
El ministro del gobierno interino justificó la aplicación de las medidas al señalar que la deuda pública del país es negativa y está aumentando. Pero desde que la mandataria estuvo al mando del Estado aplicó todas las estrategias para disminuirla sin afectar la inversión social y logrando el crecimiento de las reservas internacionales que durante los últimos años se dispararon hasta alcanzar los 370 mil millones de dólares en 2015.
También, el año pasado Brasil cerró con cerca de 65 mil millones de dólares provenientes del mercado extranjero y logró mantenerse en e grupo de los 10 países que reciben las inversiones más productivas.
En las últimas semanas antes de que se concretara el golpe de Estado en su contra, Rousseff lanzó el Plan Agrícola y Ganadero 2016-2017 con una inversión de 202 mil 800 millones de reales, unos 57 mil 940 millones de dólares para dinamizar la producción y la economía.
Al ser consultado sobre las protestas que podrían generar estas medidas, Meirelles respondió que no hay ningún tipo de preocupación porque “la gente puede protestar contra lo que les parece que es incorrecto e interfiere en sus intereses (…) No podemos agradar a todos, todo el tiempo”, manifestó.
Este viernes el ministro interino de Hacienda, Henrique Meirelles, afirmó que las medidas tomadas “serán consistentes, no se revertirán y serán realistas”. Asimismo, señaló que se pondrán límites de gastos del Gobierno Federal y reducirán “considerablemente el tema de los subsidios”.
El discurso se centró en cuestionar las políticas sociales ejecutadas por Rousseff, quien en su mandato priorizó la inversión pública con más de 5 programas sociales.
Meirelles sostuvo que “la poca inversión llevó al desempleo y por ende a la disminución de la capacidad de oferta en la economía”. Sin embargo, entre los gobiernos de Lula y Rousseff se crearon más de 20.8 millones de puestos de trabajo y se logró el ascenso social de 40 millones de brasileños a la clase media.
El ministro del gobierno interino justificó la aplicación de las medidas al señalar que la deuda pública del país es negativa y está aumentando. Pero desde que la mandataria estuvo al mando del Estado aplicó todas las estrategias para disminuirla sin afectar la inversión social y logrando el crecimiento de las reservas internacionales que durante los últimos años se dispararon hasta alcanzar los 370 mil millones de dólares en 2015.
También, el año pasado Brasil cerró con cerca de 65 mil millones de dólares provenientes del mercado extranjero y logró mantenerse en e grupo de los 10 países que reciben las inversiones más productivas.
En las últimas semanas antes de que se concretara el golpe de Estado en su contra, Rousseff lanzó el Plan Agrícola y Ganadero 2016-2017 con una inversión de 202 mil 800 millones de reales, unos 57 mil 940 millones de dólares para dinamizar la producción y la economía.
Al ser consultado sobre las protestas que podrían generar estas medidas, Meirelles respondió que no hay ningún tipo de preocupación porque “la gente puede protestar contra lo que les parece que es incorrecto e interfiere en sus intereses (…) No podemos agradar a todos, todo el tiempo”, manifestó.
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