El sistema de justicia en Venezuela ha dejado a las víctimas del delito y del abuso de poder en una condición de olvido e invisibilidad. Los mecanismos garantistas de nuestros sistemas penales han dado poco y nada de espacio y atención a las víctimas (directas o indirectas), quienes padecen los efectos perversos de la violencia en sus diferentes formas y modalidades, sea por acción de particulares o del propio Estado. Al asumir que el Estado es el que representa los intereses supremos de la sociedad, se da por descontado que también asume los intereses de las personas víctimas. Pero esto no siempre es así.
La importancia mundial de este tema llevó a que se aprobara la Declaración de Naciones Unidas sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del Delito y del Abuso de Poder (Resolución de la Asamblea General 40/34, Anexo, del 29/11/85), la cual recibió el consenso de las naciones y busca restablecer el equilibrio necesario entre derechos fundamentales de los sospechosos y delincuentes y derechos e intereses de las víctimas.
La Declaración asume que las víctimas de violencia tienen derecho a recibir el debido reconocimiento por su condición y ser tratadas con respeto y dignidad en toda instancia y espacio. Tienen derecho a acceder a diversos mecanismos judiciales, sociales, médicos, sicológicos y de otras índoles que les permitan recibir una oportuna reparación del daño y las pérdidas sufridas.
La creación de un sistema de atención integral a víctimas se incorporó como un vértice estratégico de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela en 2012, pero aún no existe. Este sistema debería ser producto de la debida articulación de las instancias que por mandato legal tienen responsabilidad de asistir a las víctimas desde los diversos poderes públicos y del aporte de las organizaciones sociales con experiencia en el tema.
En vista de todas estas falencias, el Gobierno Bolivariano impulsa la creación de un Instituto Nacional de Atención a las Víctimas de Violencia que aspiramos esté pronto en funcionamiento, con la suficiente autonomía y capacidad humana, técnica, material y política para avanzar en esta dimensión tan descuidada y a la vez tan necesaria para lograr una verdadera pacificación nacional, brindando a las víctimas al menos el apoyo y contención necesarios en aspectos jurídicos, temas sociales (educación, vivienda, trabajo, pensiones, etc.) y salud integral.
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