Un proceso constituyente abierto para la transición hacia una nueva Colombia es la propuesta esbozada por las guerrilleras FARC-EP, en medio del proceso electoral en curso en el país suramericano, que tiene como centro la continuación o no aquí de los diálogos de paz.
Desde hace 19 meses, la guerrilla en activo más antigua de Latinoamérica conversa en La Habana con el gobierno del presidente, Juan Manuel Santos, para poner fin al más largo conflicto armado del hemisferio americano, en unos diálogos cuyo futuro estaría signado por los resultados de los comicios presidenciales.
No obstante, en un contexto marcado por la contienda electoral entre Santos y Oscar Iván Zuluaga -ambos con visiones diversas sobre el proceso de paz iniciado aquí en 2012-, el líder insurgente de la delegación de paz, Iván Márquez, dijo que la guerrilla "tiene una candidata a las elecciones y es la Asamblea Constituyente".
Al arribar a su medio siglo de existencia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias-Ejército del Pueblo (FARC-EP) presentaron un documento en el cual, dicen, exponen su visión del nuevo país que proponen a los colombianos, mediante un proceso constituyente.
A través de 10 lineamientos para la realización de esta Constituyente, ponen a consideración del pueblo y sus sectores sociales, políticos y culturales la construcción de una alternativa política y un bloque de poder diferente, según afirmó Márquez.
Entre las principales líneas propuestas aparece la democratización y participación en la vida social, la reestructuración democrática del Estado y la desmilitarización de la vida social.
Igualmente, se exige el desmonte de los poderes mafiosos y estructuras narcoparamilitares, la justicia para la paz y materialización de los derechos de las víctimas del conflicto, entre otros puntos explicitados.
En torno a la democratización y participación en la vida social, la insurgencia declaró que "la transición política hacia la Nueva Colombia exige la superación de las falencias y ausencia de democracia real en todos los ámbitos de la vida social".
Para ello, la democracia directa debe ser un modo cotidiano y permanente en los principales ámbitos de la vida social: "una democracia directa a nivel barrial, local, comunal, regional y nacional", dijo la guerrilla al abogar por la potenciación de los mecanismos directos de participación comunitaria y ciudadana.
Asimismo, las FARC-EP demandaron la reestructuración democrática del Estado "que deberá comprender la redefinición de los poderes públicos y de sus facultades, así como del equilibrio entre ellos, limitando el excesivo carácter presidencialista".
La insurgencia consideró que "tal reestructuración deberá acompañarse de una reforma política y electoral que regule la contienda política en equidad e igualdad de condiciones, erradique las estructuras y prácticas clientelistas, corruptas, criminales y mafiosas en el ejercicio de la política".
Al respecto, se propuso la reforma del poder electoral, de los actuales mecanismos de participación política, suprimiendo sus reglamentaciones restrictivas (â��) y establecer la elección popular de los rectores de los organismos de control; de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo y la supresión del Ministerio Público.
Por otra parte, las FARC-EP plantearon que el proceso constituyente debe fundamentarse en la desmilitarización sistemática de la vida social, lo que a su juicio conlleva la redefinición de los conceptos de seguridad y defensa, así como de la política estatal en este campo.
En ese sentido, la guerrilla propone la superación definitiva de la doctrina militar de la "seguridad nacional" y "guerra contrainsurgente"; así como el rediseño estructural de las Fuerzas Militares y de la Policía.
Adicionalmente, se demandó la transformación de instituciones cívico-militares en instituciones civiles y una política de reducción continua del gran gasto militar, para destinar esos recursos a cubrir las necesidades esenciales de la población.
Además, la política de defensa colombiana debe desligarse de los dictámenes de los Departamentos de Estado y de Defensa, del Comando Sur, de la CIA estadounidense y de las centrales de inteligencia británica e israelí, y sustraerse de los enfoques geopolíticos imperialistas sobre América Latina, agregó la insurgencia.
También, las FARC-EP exigieron el "desmonte de los poderes mafiosos y estructuras narcoparamilitares que se han incrustado en el Estado y la sociedad colombiana a lo largo de las últimas décadas, y se han convertido en un factor determinante de la organización capitalista".
En ese camino, se hace necesaria la depuración del Estado en sus diferentes niveles nacional, departamental y municipal, en sus ramas ejecutiva, legislativa y judicial, en los órganos de control, así como en la organización electoral, incluidos el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional, consideró la insurgencia.
La guerrilla hizo énfasis en el acápite referido a la construcción de una justicia para la paz, la cual exige el reconocimiento y la materialización efectiva de los derechos de las víctimas del conflicto.
Según las FARC-EP, el proceso constituyente debe contribuir a la construcción de una relación entre las aspiraciones de paz de la sociedad colombiana y la provisión de justicia a las víctimas.
Todo ello en aras de superar en forma definitiva las causas que han producido y hecho persistente el conflicto armado, así como reparar integralmente a sus víctimas.
Entre las acciones propuestas para lograr tal cometido, las FARC-EP respaldaron el establecimiento desde ya de una Comisión del esclarecimiento de los orígenes y desarrollo del conflicto, que aporte a la construcción de la verdad en el proceso constituyente, y reiteró su compromiso con la conformación de una "Comisión de la verdad".
Otros lineamientos insurgentes lo constituyen la desprivatización y desmercantilización de las relaciones económico-sociales, recuperación de la riqueza natural y reapropiación social de bienes comunes; reorganización democrática de territorios rurales y urbanos y un nuevo modelo económico para el bienestar del país.
Por otra parte, las FARC-EP manifestaron que el proceso constituyente debe tener dentro de sus propósitos el restablecimiento de la soberanía nacional y el apoyo a los procesos de integración de Nuestra América (América Latina).
Al respecto, la guerrilla abogó por el rechazo a cualquier forma de colonialismo, dependencia y explotación imperialista y por la continuidad del legado político de las guerras independentistas que doblegaron al colonialismo español, francés e inglés.
La insurgencia mostró asimismo su respaldo al impulso del control social y popular y veeduría ciudadana frente a los tratados y acuerdos suscritos por el Estado colombiano; así como el reconocimiento de la iniciativa social y popular para la denuncia de dichos convenios.
En esa vía, las FARC-EP apoyaron la imposición de medidas transitorias de protección frente a convenios que vulneren los derechos de la población, incluida su denuncia o renegociación, en especial de los Tratados de Libre Comercio y los Acuerdos de Protección Recíproca de las Inversiones.
Pese a que guerrilla y Gobierno ya han avanzado con el alcance de acuerdos parciales sobre el tema agrario, participación política y drogas ilícitas; la realización de un proceso constituyente sigue siendo un reclamo recurrente a lo largo de estos diálogos de paz.
Entretanto, de cara a los comicios que definirán la presidencia de Colombia el venidero 15 de junio, las FARC-EP -aunque declinaron pronunciarse sobre hipotéticos escenarios resultantes de las elecciones-, han llamado en su lugar a defender el proceso de paz iniciado con el Ejecutivo de Santos.
*Periodista de la redacción Nacional de Prensa Latina.
arb/ale/jha
Por Jorge Hernández Álvarez *
Prensa Latina
No hay comentarios:
Publicar un comentario