FOTO: Archivo, AVN
Caracas, 14 Mar. AVN.- Para proteger los
derechos del pueblo frente a la guerra no convencional perpetrada por
sectores de la derecha, el Ejecutivo Nacional prorrogó por 60 días más
el Decreto de Emergencia Económica en todo el país.
Así lo establece el Decreto Presidencial número 2.270, que fue publicado en Gaceta Extraordinaria número 6.219, con fecha del 11 de marzo, que circuló este lunes.
A través de la emergencia económica promulgada el pasado 14 de enero por el presidente de la República, Nicolás Maduro, se han desarrollado una serie de acciones que tienen como finalidad superar la coyuntura que atraviesa la nación como consecuencia de la baja de más de 70% que experimentan los precios del petróleo, y la constante arremetida de la derecha, que incluye el ataque a la moneda y la especulación, acaparamiento, desabastecimiento y contrabando de rubros esenciales.
Este instrumento legal contempla que el Ejecutivo, dentro de las atribuciones que le otorga la Constitución, puede adoptar medidas oportunas que permitan al pueblo el disfrute pleno sus derechos y el libre acceso a bienes y servicios fundamentales e, igualmente, mitigar los efectos de la inflación inducida, de la especulación, del valor ficticio de la divisa, el sabotaje a los sistemas de distribución de bienes y servicios.
A través de la emergencia económica, el Gobierno nacional puede disponer de los recursos convenientes de la economía presupuestaria del 2015, con el fin de sufragar la inversión social en materia de infraestructura productiva, agrícola, industrial y de abastecimiento.
Asimismo, este instrumento le otorga la potestad de implementar las medidas necesarias, para reducir la evasión fiscal, estimular la inversión extranjera en beneficio del desarrollo del aparato productivo nacional e impulsar la exportación de rubros no tradicionales como mecanismos para generar fuente de empleo, divisas e ingresos para la nación.
Para garantizar la importación de bienes o insumos indispensables para la reactivación productiva y el aumento de la capacidad tecnológica venezolana, el decreto establece que el Gobierno podrá facilitar los trámites cambiaros establecidos por el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) y el BCV, a los organismos públicos y privados.
También plantea la adopción de aquellas medidas que permitan asegurar el acceso oportuno a alimentos, medicinas y demás bienes de primera necesidad a los venezolanos, así como a todos los servicios básicos requeridos para el disfrute pleno de sus derechos.
Construcción de un nuevo modelo económico
Desde que el decreto fue promulgado el 14 de enero, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha sumado esfuerzos para promover la construcción de un nuevo modelo, denominado Agenda Económica Bolivariana, que apunta a la diversificación del aparato productivo y a la generación de nuevas fuentes de divisas.
Este esquema económico prevé la participación de empresas públicas y privadas a través del Consejo Nacional de Economía, para impulsar 14 motores, 36 cadenas productivas y 50 rubros priorizados; con la finalidad de atender una serie de áreas priorizadas que incluyen los renglones: hidrocarburos, petroquímica, agroalimentario, minería, telecomunicaciones e informática, construcción, industria, industria militar, turismo, forestal, comunal y social, banca y finanzas, y exportaciones y nuevas fuentes de divisas.
A través del Decreto de Emergencia Económica,—cuya vigencia y legitimidad fue declarada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)— el Ejecutivo también ha podido implementar una serie de acciones para resguardar los derechos del pueblo, entre las que figuran: el aumento salarial de 20% decretado en febrero, la ampliación de la inversión en el arco minero de Guayana, el ajuste de los precios de la gasolina para crear un fondo destinado a las misiones sociales e implementar un nuevo esquema cambiario dual, que optimiza y brinda transparencia al proceso de asignación de divisas.
Asimismo, pudo aumentar el tope de 1.500 a 3.000 Unidades Tributarias (UT) estipulado para el pago del Impuesto sobre la Renta (ISLR), con la finalidad de proteger los ingresos de la clase obrera y trabajadora del país, y crear las tarjetas de misiones socialistas que brindarán apoyo económico a las familias de ese país registradas en la Gran Misión Hogares de la Patria.
El instrumento legal, le permitió también al presidente Maduro aprobar recursos por un monto de 126.000 millones de bolívares, para impulsar el desarrollo del Plan Nacional de Obras Públicas del año 2016.
Para garantizar la implementación de nuevas acciones de protección al pueblo, el jefe de Estado propuso a la a la Asamblea Nacional (AN) prórrogar por otros 60 días el Decreto de Emergencia Económica.
El pasado 22 de enero la mayoría circunstancial de los sectores políticos de la derecha rechazó este instrumento jurídico sin cumplir con los pasos previstos para debatir la propuesta.
Así lo establece el Decreto Presidencial número 2.270, que fue publicado en Gaceta Extraordinaria número 6.219, con fecha del 11 de marzo, que circuló este lunes.
A través de la emergencia económica promulgada el pasado 14 de enero por el presidente de la República, Nicolás Maduro, se han desarrollado una serie de acciones que tienen como finalidad superar la coyuntura que atraviesa la nación como consecuencia de la baja de más de 70% que experimentan los precios del petróleo, y la constante arremetida de la derecha, que incluye el ataque a la moneda y la especulación, acaparamiento, desabastecimiento y contrabando de rubros esenciales.
Este instrumento legal contempla que el Ejecutivo, dentro de las atribuciones que le otorga la Constitución, puede adoptar medidas oportunas que permitan al pueblo el disfrute pleno sus derechos y el libre acceso a bienes y servicios fundamentales e, igualmente, mitigar los efectos de la inflación inducida, de la especulación, del valor ficticio de la divisa, el sabotaje a los sistemas de distribución de bienes y servicios.
A través de la emergencia económica, el Gobierno nacional puede disponer de los recursos convenientes de la economía presupuestaria del 2015, con el fin de sufragar la inversión social en materia de infraestructura productiva, agrícola, industrial y de abastecimiento.
Asimismo, este instrumento le otorga la potestad de implementar las medidas necesarias, para reducir la evasión fiscal, estimular la inversión extranjera en beneficio del desarrollo del aparato productivo nacional e impulsar la exportación de rubros no tradicionales como mecanismos para generar fuente de empleo, divisas e ingresos para la nación.
Para garantizar la importación de bienes o insumos indispensables para la reactivación productiva y el aumento de la capacidad tecnológica venezolana, el decreto establece que el Gobierno podrá facilitar los trámites cambiaros establecidos por el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) y el BCV, a los organismos públicos y privados.
También plantea la adopción de aquellas medidas que permitan asegurar el acceso oportuno a alimentos, medicinas y demás bienes de primera necesidad a los venezolanos, así como a todos los servicios básicos requeridos para el disfrute pleno de sus derechos.
Construcción de un nuevo modelo económico
Desde que el decreto fue promulgado el 14 de enero, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha sumado esfuerzos para promover la construcción de un nuevo modelo, denominado Agenda Económica Bolivariana, que apunta a la diversificación del aparato productivo y a la generación de nuevas fuentes de divisas.
Este esquema económico prevé la participación de empresas públicas y privadas a través del Consejo Nacional de Economía, para impulsar 14 motores, 36 cadenas productivas y 50 rubros priorizados; con la finalidad de atender una serie de áreas priorizadas que incluyen los renglones: hidrocarburos, petroquímica, agroalimentario, minería, telecomunicaciones e informática, construcción, industria, industria militar, turismo, forestal, comunal y social, banca y finanzas, y exportaciones y nuevas fuentes de divisas.
A través del Decreto de Emergencia Económica,—cuya vigencia y legitimidad fue declarada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)— el Ejecutivo también ha podido implementar una serie de acciones para resguardar los derechos del pueblo, entre las que figuran: el aumento salarial de 20% decretado en febrero, la ampliación de la inversión en el arco minero de Guayana, el ajuste de los precios de la gasolina para crear un fondo destinado a las misiones sociales e implementar un nuevo esquema cambiario dual, que optimiza y brinda transparencia al proceso de asignación de divisas.
Asimismo, pudo aumentar el tope de 1.500 a 3.000 Unidades Tributarias (UT) estipulado para el pago del Impuesto sobre la Renta (ISLR), con la finalidad de proteger los ingresos de la clase obrera y trabajadora del país, y crear las tarjetas de misiones socialistas que brindarán apoyo económico a las familias de ese país registradas en la Gran Misión Hogares de la Patria.
El instrumento legal, le permitió también al presidente Maduro aprobar recursos por un monto de 126.000 millones de bolívares, para impulsar el desarrollo del Plan Nacional de Obras Públicas del año 2016.
Para garantizar la implementación de nuevas acciones de protección al pueblo, el jefe de Estado propuso a la a la Asamblea Nacional (AN) prórrogar por otros 60 días el Decreto de Emergencia Económica.
El pasado 22 de enero la mayoría circunstancial de los sectores políticos de la derecha rechazó este instrumento jurídico sin cumplir con los pasos previstos para debatir la propuesta.
AVN
14/03/2016 21:40
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