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Caracas, 28 Ago. AVN.- Desde el pasado 12 de agosto, fecha en que se implementó la medida de restricciones horarias de la frontera colombo-venezolana, hasta este miércoles 27, el Ministerio Público ha logrado medidas privativas de libertad para 133 personas de 183 detenidos por presuntamente incurrir en delitos de contrabando de productos de la cesta básica, combustible y material estratégico.
Así lo informó este jueves Yurima Gil, directora general contra la Delincuencia Organizada, gerencia de la Fiscalía General de la República, en el programa En Sintonía con el Ministerio Público, transmitido por Radio Nacional de Venezuela.
Precisó Gil que estas detenciones se realizaron en los estados Apure, Táchira y Zulia en procedimientos desarrollados desde la activación del cierre programado de la frontera con Colombia.
La medida fue resultado de la reunión binacional entre los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro y de Colombia, Juan Manuel Santos, quienes acordaron el cierre parcial de la frontera (entre las 10:00 de la noche y las 05:00 de la mañana) para anular a las mafias que trasladan ilícitamente gasolina, alimentos subsidiados y productos regulados al país vecino donde son expendidos con un sobreprecio del 300%.
Asimismo, Gil mencionó que a otras 42 personas se les dictaron medidas cautelares sustitutivas a la privativa de libertad, también por su presunta participación en el mismo delito. Mientras tanto a una persona se le otorgó libertad plena. Faltan siete por presentar ante los respectivos tribunales de control, agregó.
A esta medida de lucha contra el contrabando de extracción se han sumado más de 40 fiscales entre nacionales y regionales.
"Tenemos coordinaciones con todos nuestros fiscales y los mismos están activos, coordinando y estamos todos entrelazados revisando las actuaciones que están haciendo los órganos del Estado, trabajando de la mano con toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a fin de atender y salvaguardar cualquier tipo de situaciones que se generen en ocasión de este hecho", dijo.
Explicó que con las verificaciones de las actuaciones se busca garantizar el respeto a los derechos humanos, el debido proceso y del cumplimientos de los lapsos procesales para que las personas sean puesta, dentro del lapso legal, ante el juez de control para que sean debidamente escuchados y se determinen las medidas de conformidad a los lineamientos.
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