CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA
17/05/14.- El vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza, informó ayer que se han realizado 3 mil 68 inspecciones durante la segunda etapa de la ofensiva económica desde su inicio el pasado 22 de abril.
“Esas empresas, comercializadoras y distribuidoras están incumplimiento con la Ley de Precios Justos y el 54% del total de ese incumplimiento es en el ámbito de los alimentos”, dijo desde la sala de prensa del Sistema Bolivariano para la Comunicación e Información (Sibci) en la esquina de Gradillas.
Acompañado de la superintendenta de Precios Justos, Andreína Tarazón, el vicepresidente Arreaza indicó que también realizarán fiscalizaciones a las empresas que han recibido divisas.
“Va a comenzar las inspecciones en aquellas empresas que han recibido divisas este año… No habrá manera de que vuelvan a robarle las divisas al pueblo de Venezuela”, acotó.
Agregó que la mercancía acaparada que ha sido incautada por sobreprecio debe ser decomisada y vendida a precios justos al poder popular.
Por su parte, la superintendenta de Precios Justos, Andreína Tarazón, indicó que a la fecha se han inscrito en el registro único 39 mil 627 personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades comerciales.
“Dándole cumplimiento a los artículos 21, 22 y 23 de le Ley Orgánica de Precios Justos, la Superintendencia de Precios Justos a través de su página web ha puesto en marcha este registro y le podemos decir al país que hasta la fecha se han inscrito 39 mil 627 empresas, personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades económicas en el país”, señaló.
Enfatizó que este registro, que es obligatorio, permitirá al Estado estructurar un sistema de regulación y estabilización de precios, así como impulsar políticas para apoyar a los empresarios.
Arreaza invitó a todas las empresas, asociaciones y cooperativas a registrarse en este sistema.
“Solo así, escuchándonos, dialogando, ubicando los problemas y construyendo soluciones vamos a poder desatar las fuerzas productivas, el nuevo modelo socialista productivo, y satisfacer siempre las necesidades del pueblo: la alimentación, la salud, la educación, el transporte, la vivienda”, indicó
Asimismo, Tarazón reiteró que para quienes incumplan la ley Orgánica de Precios Justos existe la pena más alta de 14 años de privativa de libertad además de sanciones.
“No solamente afecta los derechos patrimoniales de las personas sino que afecta a todo un pueblo”, destacó.
Señaló que aún hay comerciantes no cumplen la normal legal ya vigente. “Hemos visto la violación de los artículos. De manera que podemos estar en circunstancias agravantes de lo que nuestra Ley Orgánica de Precios Justos denomina”.
Ratificó que con el descubrimiento de acaparamientos, Venezuela se encuentra en una guerra económica “que lamentablemente está en el contrabando de extracción”, aseveró.
Finalmente, Arreaza sostuvo que “las tierras que la Revolución ha recuperado para el pueblo, para los campesinos, jamás se van a revertir de nuevo a los latifundistas”, expresó luego de dirigir cuatro pases televisivos sobre la ofensiva.
“Esas empresas, comercializadoras y distribuidoras están incumplimiento con la Ley de Precios Justos y el 54% del total de ese incumplimiento es en el ámbito de los alimentos”, dijo desde la sala de prensa del Sistema Bolivariano para la Comunicación e Información (Sibci) en la esquina de Gradillas.
Acompañado de la superintendenta de Precios Justos, Andreína Tarazón, el vicepresidente Arreaza indicó que también realizarán fiscalizaciones a las empresas que han recibido divisas.
“Va a comenzar las inspecciones en aquellas empresas que han recibido divisas este año… No habrá manera de que vuelvan a robarle las divisas al pueblo de Venezuela”, acotó.
Agregó que la mercancía acaparada que ha sido incautada por sobreprecio debe ser decomisada y vendida a precios justos al poder popular.
Por su parte, la superintendenta de Precios Justos, Andreína Tarazón, indicó que a la fecha se han inscrito en el registro único 39 mil 627 personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades comerciales.
“Dándole cumplimiento a los artículos 21, 22 y 23 de le Ley Orgánica de Precios Justos, la Superintendencia de Precios Justos a través de su página web ha puesto en marcha este registro y le podemos decir al país que hasta la fecha se han inscrito 39 mil 627 empresas, personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades económicas en el país”, señaló.
Enfatizó que este registro, que es obligatorio, permitirá al Estado estructurar un sistema de regulación y estabilización de precios, así como impulsar políticas para apoyar a los empresarios.
Arreaza invitó a todas las empresas, asociaciones y cooperativas a registrarse en este sistema.
“Solo así, escuchándonos, dialogando, ubicando los problemas y construyendo soluciones vamos a poder desatar las fuerzas productivas, el nuevo modelo socialista productivo, y satisfacer siempre las necesidades del pueblo: la alimentación, la salud, la educación, el transporte, la vivienda”, indicó
Asimismo, Tarazón reiteró que para quienes incumplan la ley Orgánica de Precios Justos existe la pena más alta de 14 años de privativa de libertad además de sanciones.
“No solamente afecta los derechos patrimoniales de las personas sino que afecta a todo un pueblo”, destacó.
Señaló que aún hay comerciantes no cumplen la normal legal ya vigente. “Hemos visto la violación de los artículos. De manera que podemos estar en circunstancias agravantes de lo que nuestra Ley Orgánica de Precios Justos denomina”.
Ratificó que con el descubrimiento de acaparamientos, Venezuela se encuentra en una guerra económica “que lamentablemente está en el contrabando de extracción”, aseveró.
Finalmente, Arreaza sostuvo que “las tierras que la Revolución ha recuperado para el pueblo, para los campesinos, jamás se van a revertir de nuevo a los latifundistas”, expresó luego de dirigir cuatro pases televisivos sobre la ofensiva.
Detectan acaparamiento de 951 toneladas de alimentos en Lara
os ilícitos de acaparamiento, usura, especulación, ventas condicionadas, alteración fraudulenta del producto, venta de productos vencidos y boicot fueron detectados en la Distribuidora El Nonno C.A., en Barquisimeto, estado Lara.
Así lo informó el jefe del Órgano Superior para la Economía, Hebert García Plaza, durante una inspección de la II fase de la ofensiva económica realizada ayer, reseñó AVN.
García Plaza explicó que en la mencionada empresa –vinculada con la refrigeración, importación y venta de carne, pollo y otros productos alimenticios– se detectaron acaparadas 951 toneladas de alimentos, entre los cuales se cuentan más 60 toneladas de carne y 129 de pollo.
Agregó que esta empresa ha recibido del Estado los dólares requeridos para la importación del pollo y la carne de Brasil, “pero esos rubros que encontramos acá están acaparados desde al año pasado, no se han distribuido, estamos hablando de más de 752 toneladas de productos que no salen de estos almacenes, y de las 60 toneladas de carne, 10 ya están en estado de descomposición”.
También alertó que la corporación realizaba ventas condicionadas de estos alimentos a algunas instituciones como alcaldías y gobernaciones para su posterior distribución a la población.
En estos caso, la distribuidora empaqueta los productos en bolsas, y “el precio justo de venta debería ser de 142 bolívares, pero se lo venden a 380 bolívares, con un sobreprecio de 267,60% de usura, es decir, las ganancias sobrepasan el 30% de margen que establece la ley”, señala.
Agregó que la carne de primera que llegó al país con el dólar preferencial, a 6,30 bolívares, debería costar 17,20 bolívares, pero “ellos lo venden a 90 bolívares, con un sobreprecio de 423,25%”.
Asimismo reportó que la empresa le cambió la presentación a productos vencidos, incurriendo en alteración fraudulenta para su comercialización para el consumo humano.
Además refirió que algunos de estos productos, especialmente la carne, también eran vendidos a penitenciarías.
Especificó que en la empresa existen siete galpones. En cuatro se encontraron alimentos acaparados y en tres 30 vehículos importados de la marca Cargo, provenientes de Brasil, a los que están determinando su legalidad, “porque aparentemente están acaparados para ser vendidos de manera ilegal y a sobreprecio”, dijo.
Puntualizó que el Ministerio Público ya fue notificado de la comisión de los presuntos delitos. En tal sentido, el dueño de la importadora fue detenido y se encuentra a la orden de dicha instancia, en el comando de la Zona de Defensa Integral (ZODI).
Igualmente se ha tomado la decisión de que el Ministerio para la Alimentación ocupe temporalmente la empresa al menos por 90 días para determinar hasta dónde llega la ecuación de estos delitos.
García Plaza manifestó además que está garantizada la estabilidad laboral de los trabajadores que laboran en este establecimiento, que incumplía elementos señalados en la Ley de Precios Justos.
Así lo informó el jefe del Órgano Superior para la Economía, Hebert García Plaza, durante una inspección de la II fase de la ofensiva económica realizada ayer, reseñó AVN.
García Plaza explicó que en la mencionada empresa –vinculada con la refrigeración, importación y venta de carne, pollo y otros productos alimenticios– se detectaron acaparadas 951 toneladas de alimentos, entre los cuales se cuentan más 60 toneladas de carne y 129 de pollo.
Agregó que esta empresa ha recibido del Estado los dólares requeridos para la importación del pollo y la carne de Brasil, “pero esos rubros que encontramos acá están acaparados desde al año pasado, no se han distribuido, estamos hablando de más de 752 toneladas de productos que no salen de estos almacenes, y de las 60 toneladas de carne, 10 ya están en estado de descomposición”.
También alertó que la corporación realizaba ventas condicionadas de estos alimentos a algunas instituciones como alcaldías y gobernaciones para su posterior distribución a la población.
En estos caso, la distribuidora empaqueta los productos en bolsas, y “el precio justo de venta debería ser de 142 bolívares, pero se lo venden a 380 bolívares, con un sobreprecio de 267,60% de usura, es decir, las ganancias sobrepasan el 30% de margen que establece la ley”, señala.
Agregó que la carne de primera que llegó al país con el dólar preferencial, a 6,30 bolívares, debería costar 17,20 bolívares, pero “ellos lo venden a 90 bolívares, con un sobreprecio de 423,25%”.
Asimismo reportó que la empresa le cambió la presentación a productos vencidos, incurriendo en alteración fraudulenta para su comercialización para el consumo humano.
Además refirió que algunos de estos productos, especialmente la carne, también eran vendidos a penitenciarías.
Especificó que en la empresa existen siete galpones. En cuatro se encontraron alimentos acaparados y en tres 30 vehículos importados de la marca Cargo, provenientes de Brasil, a los que están determinando su legalidad, “porque aparentemente están acaparados para ser vendidos de manera ilegal y a sobreprecio”, dijo.
Puntualizó que el Ministerio Público ya fue notificado de la comisión de los presuntos delitos. En tal sentido, el dueño de la importadora fue detenido y se encuentra a la orden de dicha instancia, en el comando de la Zona de Defensa Integral (ZODI).
Igualmente se ha tomado la decisión de que el Ministerio para la Alimentación ocupe temporalmente la empresa al menos por 90 días para determinar hasta dónde llega la ecuación de estos delitos.
García Plaza manifestó además que está garantizada la estabilidad laboral de los trabajadores que laboran en este establecimiento, que incumplía elementos señalados en la Ley de Precios Justos.
Operación Centinela ha frenado contrabando fronterizo
Desde que arrancó la ofensiva económica la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha decomisado cerca de 161.2 toneladas de diferentes productos pertenecientes a la cesta básica durante el combate al contrabando de extracción en la frontera.
Así lo informó el jefe del Comando Estratégico Operacional (CEO) de la FANB, G/J Vladimir Padrino López, quien ayer presentó un balance de la llamada Operación Centinela que desarrolla el sec- tor castrense en todos los estado limítrofes.
“Hemos incautado 161.2 toneladas de productos de la cesta básica; 16.017 toneladas en rubros agrícolas; 32 toneladas de productos y subproductos de origen animal y 40 toneladas de carne de res”, detalló el oficial.
Sus declaraciones se produjeron desde el destacamento Número 11, ubicado en San Antonio del Táchira, a 200 metros de la frontera con Colombia, en compañía del gobernador, José Vielma Mora.
Allí señaló que en 2013 la incautación de alimentos fue de 20 mil 222 toneladas, mientras que en lo que va de año se han decomisado 14 mil 307 toneladas de alimentos.
“Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) el consumo per cápita de alimentos es de 34.2 kilogramos por mes, esto equivale a 418 mil personas; es decir que podemos dar de comer por un mes con estos alimentos incautados hasta el momento al estado Vargas”, ejemplificó.
Añadió que la Operación Centinela tiene como unos de sus principales objetivos emprender la lucha contra el contrabando de extracción. “Ese esfuerzo se extiende en los más de 4 mil 500 kilómetros de las fronteras de Venezuela con Colombia, Brasil y Guyana”, explicó Padrino López.
Añadió además que el día de ayer realizó un recorrido aéreo a lo largo de la frontera con Colombia, a fin de verificar “el nivel de apresto de los efectivos destacados en la zona”, explicó.
Dijo que durante el sobrevuelo pudo visualizar las trochas que utilizan los llamados “bachaqueros” para llevar los productos venezolanos al vecino país.
Recalcó que la FANB, además de cumplir con sus funciones propias de defensa y seguridad de la nación, garantizará los precios justos de los productos a los venezolanos.
Así lo informó el jefe del Comando Estratégico Operacional (CEO) de la FANB, G/J Vladimir Padrino López, quien ayer presentó un balance de la llamada Operación Centinela que desarrolla el sec- tor castrense en todos los estado limítrofes.
“Hemos incautado 161.2 toneladas de productos de la cesta básica; 16.017 toneladas en rubros agrícolas; 32 toneladas de productos y subproductos de origen animal y 40 toneladas de carne de res”, detalló el oficial.
Sus declaraciones se produjeron desde el destacamento Número 11, ubicado en San Antonio del Táchira, a 200 metros de la frontera con Colombia, en compañía del gobernador, José Vielma Mora.
Allí señaló que en 2013 la incautación de alimentos fue de 20 mil 222 toneladas, mientras que en lo que va de año se han decomisado 14 mil 307 toneladas de alimentos.
“Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) el consumo per cápita de alimentos es de 34.2 kilogramos por mes, esto equivale a 418 mil personas; es decir que podemos dar de comer por un mes con estos alimentos incautados hasta el momento al estado Vargas”, ejemplificó.
Añadió que la Operación Centinela tiene como unos de sus principales objetivos emprender la lucha contra el contrabando de extracción. “Ese esfuerzo se extiende en los más de 4 mil 500 kilómetros de las fronteras de Venezuela con Colombia, Brasil y Guyana”, explicó Padrino López.
Añadió además que el día de ayer realizó un recorrido aéreo a lo largo de la frontera con Colombia, a fin de verificar “el nivel de apresto de los efectivos destacados en la zona”, explicó.
Dijo que durante el sobrevuelo pudo visualizar las trochas que utilizan los llamados “bachaqueros” para llevar los productos venezolanos al vecino país.
Recalcó que la FANB, además de cumplir con sus funciones propias de defensa y seguridad de la nación, garantizará los precios justos de los productos a los venezolanos.
Agilizan permisología para el frigorífico Turmero
Para incrementar la producción de carne de res y de cerdo, el Gobierno iniciará el próximo lunes reuniones de trabajo en el Frigorífico Industrial de Turmero C.A. (Fitca), ubicado en el estado Aragua, con el propósito de agilizar los trámites para permisos sanitarios y licencias de importación de ganado.
El ministro de Industrias, José David Cabello, adelantó que en la cita los empresarios del frigorífico presentarán un proyecto para la ampliación del acarreo de ganado nacional y ampliación del nivel de ingreso de ganado en pie importado, con la finalidad de aumentar el procesamiento a unas 1.000 reses diarias, refirió AVN.
Además destacó que el Fitca se encarga de abastecer de carne de res y de cerdo a los estados de la región central del país y parte de la región oriental, con una capacidad de producción de 60 mil toneladas al año, beneficiando 800 reses y 1.500 cerdos diarios.
Puntualizó que hay más de 40 equipos inspeccionando pequeñas, medianas y grandes industrias en los estados Aragua, Miranda, Carabobo y en el Distrito Capital, para atacar y resolver los nudos críticos en el proceso de producción.
El presidente de Fitca, Antonio José Díaz, dijo tener confianza en el Estado para solventar los problemas que le impiden aumentar el ganado vacuno y porcino.
El ministro de Industrias, José David Cabello, adelantó que en la cita los empresarios del frigorífico presentarán un proyecto para la ampliación del acarreo de ganado nacional y ampliación del nivel de ingreso de ganado en pie importado, con la finalidad de aumentar el procesamiento a unas 1.000 reses diarias, refirió AVN.
Además destacó que el Fitca se encarga de abastecer de carne de res y de cerdo a los estados de la región central del país y parte de la región oriental, con una capacidad de producción de 60 mil toneladas al año, beneficiando 800 reses y 1.500 cerdos diarios.
Puntualizó que hay más de 40 equipos inspeccionando pequeñas, medianas y grandes industrias en los estados Aragua, Miranda, Carabobo y en el Distrito Capital, para atacar y resolver los nudos críticos en el proceso de producción.
El presidente de Fitca, Antonio José Díaz, dijo tener confianza en el Estado para solventar los problemas que le impiden aumentar el ganado vacuno y porcino.
En Zulia inspeccionan planta productora de aceite
Como parte de la segunda fase de la ofensiva económica impulsada por el presidente, Nicolás Maduro, el jefe plenipotenciario para la región Occidente, Rodolfo Marco Torres junto al gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, realizaron una inspección en la planta Palmeras Diana del Lago y la Granja Camaronera Imarlaca C.A., ubicadas en el Sur del Lago, informó una nota de prensa.
Durante el recorrido por la empresa, que posee una superficie sembrada de palma de 36 mil hectáreas, los funcionarios pudieron constatar que los equipos están en 100% la operatividad.
El ministro Marco Torres sostuvo un intercambio de ideas con los trabajadores, quienes expresaron las inquietudes y necesidades. Además ratificaron su compromiso para asegurar la soberanía alimentaria en la región y la consolidación del modelo de producción socialista.
Por su parte, Arias Cárdenas aseveró que, “el objetivo es incrementar la producción por hectárea, para lo que se incluyen las labores de fertilización, limpieza y el mantenimiento de la planta”.
Añadió que durante el recorrido se trató el tema de la rentabilidad para los productores, “y que ellos entiendan junto a los trabajadores que estamos en un ciclo que va a producir independencia y soberanía alimentaria”, dijo Arias.
Durante el recorrido por la empresa, que posee una superficie sembrada de palma de 36 mil hectáreas, los funcionarios pudieron constatar que los equipos están en 100% la operatividad.
El ministro Marco Torres sostuvo un intercambio de ideas con los trabajadores, quienes expresaron las inquietudes y necesidades. Además ratificaron su compromiso para asegurar la soberanía alimentaria en la región y la consolidación del modelo de producción socialista.
Por su parte, Arias Cárdenas aseveró que, “el objetivo es incrementar la producción por hectárea, para lo que se incluyen las labores de fertilización, limpieza y el mantenimiento de la planta”.
Añadió que durante el recorrido se trató el tema de la rentabilidad para los productores, “y que ellos entiendan junto a los trabajadores que estamos en un ciclo que va a producir independencia y soberanía alimentaria”, dijo Arias.
Demanda de tractores en el país es de 8 mil unidades por año
La demanda anual de tractores para impulsar el desarrollo del sector agrícola nacional se ubica en 8 mil unidades, indicó ayer el ministro de Agricultura y Tierras, Yván Gil.
“El parque de tractores del país oscila entre 50 y 60 mil unidades, y necesitamos incorporar al menos unos 8 mil por año”, expresó durante una inspección, realizada en el marco de la ofensiva económica, la fábrica de tractores Veneminsk, perteneciente al complejo agroindustrial Batalla de Santa Inés, en Barinas, reseñó AVN.
Destacó que esta planta, instalada con el apoyo de Belarús, aportará para el mes de diciembre una producción de 700 tractores.
“El parque de tractores del país oscila entre 50 y 60 mil unidades, y necesitamos incorporar al menos unos 8 mil por año”, expresó durante una inspección, realizada en el marco de la ofensiva económica, la fábrica de tractores Veneminsk, perteneciente al complejo agroindustrial Batalla de Santa Inés, en Barinas, reseñó AVN.
Destacó que esta planta, instalada con el apoyo de Belarús, aportará para el mes de diciembre una producción de 700 tractores.
“También tenemos una fábrica ensambladora con Irán (Venirán), en el estado Bolívar y otra en convenio con Argentina , en el complejo agroindustrial del Sombrero (Guárico)”, indicó Gil.
Por su parte, el gobernador de Barinas, Adán Chávez, ratificó la voluntad para continuar en la lucha contra el latifundio, como estrategia para asegurar el incremento de la producción de alimentos para el pueblo.
“Le estamos asegurando a los productores los financiamientos oportunos, la asistencia técnica, la maquinarias e insumos que necesitan”, dijo.
Por su parte, el gobernador de Barinas, Adán Chávez, ratificó la voluntad para continuar en la lucha contra el latifundio, como estrategia para asegurar el incremento de la producción de alimentos para el pueblo.
“Le estamos asegurando a los productores los financiamientos oportunos, la asistencia técnica, la maquinarias e insumos que necesitan”, dijo.
NELYTZA MATUZALÉN LARA/ABELARDO J. PÉREZ CARAPAICA/CIUDAD CCS
FOTO V. MÉNDEZ/AVN/MINISTERIO DE INDUSTRIAS/BDV
FOTO V. MÉNDEZ/AVN/MINISTERIO DE INDUSTRIAS/BDV
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